En Chile se han procesado, acusado y condenado a un total de mil 373 ex agentes de la dictadura cívico-militar. De ellos, 495 están en calidad de procesados, 216 acusados, 180 fueron condenados por sentencia de primera instancia, 138 de segunda instancia y 344 por sentencia ejecutoriada dictada por la Corte Suprema.

Estas son algunas de las cifras del balance histórico que entregó este jueves el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que también proporcionó datos actuales.

Así lo hizo el secretario general del programa, Sebastián Cabezas: “Al 1 de diciembre de 2015, 117 ex agentes están cumpliendo penas de presidio efectivo en las cárceles del país y de ellos 110 lo hacen en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco. De estos 117 ex agentes que cumplen pena privativa de libertad, cinco de ellos lo hacen con beneficios intrapenitenciarios de Gendarmería, en su modalidad de salida dominical o de fin de semana, y seis lo hacen con beneficio de libertad condicional, al haber cumplido el porcentaje de la condena requerido para ello y los demás requisitos reglamentarios”.

La cantidad de uniformados que cumplen actualmente condenas es una preocupación a nivel nacional, así como su reclusión en llamadas “cárceles especiales”, como Punta Peuco.

Si bien desde el Programa afirmaron que corresponde a Gendarmería establecer el criterio de la entrega de beneficios y fijar el recinto de cumplimiento de las sentencias, reconocieron que la intención es que éstas se ajusten a los lineamientos internacionales.

En ese sentido, sostuvieron que las penas deben ser proporcionales a la gravedad del delito. Por lo mismo, indicaron que se oponen a la prescripción y la llamada media prescripción que, como planteó el jefe jurídico del Programa, Rodrigo Lledó, lamentablemente está aplicando actualmente la Corte Suprema.

Según Lledó, este año se han presentado 84 nuevas querellas, asegurando que están comprometidos con hacer justicia a la brevedad posible, ante la muerte de imputados como Manuel Contreras o Marcelo Moren Brito, así como muchos familiares de las víctimas.

“Esto que se ha llamado ‘impunidad biológica’ es una realidad y debemos redoblar nuestros esfuerzos”, sostuvo. En ese sentido, se refirió a las dificultades que han encontrado en la tramitación de las causas e hizo un llamado a militares y civiles que tengan información a acudir al Programa o a los mismos tribunales.

“Las trabas que hemos encontrado básicamente es que la mayoría de los ex agentes no colaboran con la Justicia y el llamado entonces es a que ellos colaboren y también los conscriptos. Nosotros entendemos que los conscriptos están en el último eslabón de la cadena de mando. Muchos de ellos han sido obligados a hacer cosas que no querían hacer y, por lo tanto, si colaboran con la investigación van a tener un trato diferente en relación a los otros imputados, que son los verdaderos responsables y que deben ser condenados a penas proporcionadas”.

Además, el organismo rindió cuenta en la entrega de apoyo a los proyectos de memoria, destacando la recuperación del Estadio Nacional como espacio de reparación simbólica, el apoyo a organizaciones como la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Villa Grimaldi, entre otras organizaciones.