Una ley corta en la que se entrega gratuidad a todas las universidades con más de cuatro años de acreditación, sería la decisión que el Ejecutivo, sin el concurso del Ministerio de Educación, habría tomado para comenzar con la implementación de este beneficio a partir de 2016.

Esta decisión, que opera con las instituciones independiente de si son públicas o privadas, excluiría del acceso a este derecho a la UTEM, la Universidad de Los Lagos y la Universidad Arturo Prat, de propiedad del Estado.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, indicó que la situación le parecía propia del realismo mágico y añadió que resulta incomprensible que el Estado no pueda dar gratuidad a las universidades públicas que generan investigación y sí tenga que financiar el negocio de corporaciones privadas que no son un real aporte a la sociedad chilena.

“Pienso que es un insulto gratuito a las tres universidades estatales que queden fuera de la gratuidad, por el tema de fondo: si aparecemos aceptando que el Estado no es capaz de dar educación gratuita a sus propias universidades, ya no sé qué ley de universidades vamos a discutir ni qué expectativas tiene este país”.

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, indicó que no aceptarán soluciones derivadas del fallo del Tribunal Constitucional que no consideren a todas las universidades del Estado.

La directora de vinculación de la Universidad Arturo Prat, Lidia Osorio, indicó que ser excluidos del proceso de gratuidad resulta discriminatorio si se evalúa el aporte regional que significa la universidad, a pesar del escaso aporte que reciben desde el Estado.

Damián Brito, presidente de la Federación de Estudiantes de la UTEM, reaccionó sorprendido y molesto por la determinación, señalando que le parece un despropósito que el Estado castigue a sus propias universidades, precarizadas por la ausencia de políticas adecuadas, considerando que el 95 por ciento de los estudiantes de dicha universidad lo hacen gracias al sistema de ayudas estudiantiles.

“Nosotros como estudiantes de la UTEM tuvimos que postular a la gratuidad, ¿qué pasa con esas postulaciones? ¿Acaso nosotros nos prestamos para este circo? Creemos que no, creemos que el camino es la movilización, no nos vamos a prestar para el tongo, no nos vamos a prestar para el dialogo, esto se acabó, ellos fracasaron, se les acabó el tiempo y hoy le toca a los estudiantes nuevamente desde las calles tomar la ofensiva y llevar el movimiento estudiantil al triunfo de todas sus reivindicaciones”.

Cristian Romero, dirigente estudiantil de la Universidad Arturo Prat señaló que el accionar del Gobierno ha sido nefasto pues hipoteca la universidad más grande de la región de Tarapacá, donde estudian también los estudiantes más vulnerables de la zona.

Por su parte, Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile se refirió al rol que han jugado los ministerios políticos y económicos en la definición de la gratuidad 2016, indicando que el Ministerio de Educación ha desaparecido del debate en torno a la política pública.

“Creemos que el Gobierno está tomando definiciones que no corresponden, que la mano de Hacienda y la Segpres se está haciendo notar, que el Ministerio de Educación no está desempeñando ningún rol y esa situación es muy compleja y por lo mismo queremos decir que no se puede seguir repitiendo esta incertidumbre”.

Además, Marta Matamala, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, sostuvo que resulta insólito que la Universidad de Los Andes pueda acceder a la gratuidad y no aquellas universidades en las que se instruye buena parte de los estudiantes vulnerables del país.

“Es una ridiculez que el proyecto de ley se llame de fortalecimiento de la educación pública cuando es justamente la educación pública la que está quedando de lado. Es irresponsable que la ministra de Educación no tenga nada que ver en torno a la reforma ni a la gratuidad, sino que aquí los que terminan cortando son los pactos con la derecha, entre cuatro paredes”.

La ministra Adriana Delpiano se refirió a la posibilidad de que tres universidades estatales queden fuera de la gratuidad, y dijo que el Ministerio “encontrará la fórmula más adecuada para no discriminar unas instituciones de otras. Vamos a seguir buscando los acuerdos para poder mantener la gratuidad a todas las del universidades del Estado”.

Además, la ministra especificó que de no lograr incluir a las universidades en la ley corta de gratuidad, buscará formas de apoyo relacionadas con fondos basales, que en la actualidad ya reciben las universidades estatales.

Ante este escenario, en que la derecha aparece pauteando desde el Tribunal Constitucional y el Congreso el devenir de la reforma educacional, no cabe descartar que se produzcan movilizaciones que apunten a presionar a los ministerios políticos y económicos, que aparecen tomando decisiones frente al aparente inmovilismo del Ministerio de Educación.

Fidel Espinoza: En la derecha pasaron de ser los paladines del lucro a ser los paladines de la gratuidad

Actores políticos reaccionaron ante el eventual envío de una ley corta para el inicio de la gratuidad universitaria, considerando un esquema de cuatro años de acreditación.

En este sentido, Alejandra Bravo, vocera del conglomerado Chile Vamos indicó que quieren ayudar al Gobierno a salir del enredo que se ha generado a partir del fallo del Tribunal Constitucional, presentando distintas alternativas al Gobierno para que no vuelva a discriminar.

“La UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el PRI estamos jugados para que el Gobierno entienda que queremos hacer una reforma y avanzar en gratuidad siempre y cuando sea sin discriminación de ningún tipo, y por supuesto que beneficie a más estudiantes”.

El diputado UDI Jaime Bellolio señaló que el Gobierno tiene que recurrir a las ayudas estatales para que los estudiantes no paguen por su educación y que el filtro debe ser la acreditación de las instituciones, postura que al parecer está recogiendo el Gobierno a través de sus ministros político-económicos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, expresó su molestia por los intereses corporativos y políticos de algunas de las universidades privadas que se verían beneficiadas con recursos estatales, agregando que este camino es una aberración jurídica.

“No solamente se caen tres instituciones del Estado, sino que se incorporan varias instituciones privadas como la Universidad de Los Andes, la Universidad de Los Andes, la Universidad Mayor, la Adolfo Ibáñez, la universidad Adventista, la Universidad Autónoma, la Finisterrae y la Andrés Bello, controlada por el grupo Laureate. Muchas de ellas tienen relación en su directorio con la derecha, pero ese no es el problema, sino que el problema es que de ser así, no solo involucra más recursos sino que legitima esta idea neoliberal, propia de la derecha, de igualdad de trato entre instituciones, independiente de su propiedad”.

Además, el diputado socialista Fidel Espinoza indicó que le parece extraño el vuelco de los parlamentarios de Chile Vamos, que pasaron de ser los paladines del lucro a ser los paladines de la gratuidad, a lo que agregó que el Gobierno comete un error garrafal al ceder ante los chantajes de la derecha.