Una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional y la propuesta de gratuidad vía ley corta entregada por el Gobierno para beneficiar a las universidades del CRUCH, siguen las reacciones a la polémica. Al menos, estudiantes y rectores confirmaron que marcharán este martes exigiendo una gratuidad sin discriminación para todas las entidades estatales.

Sin embargo, al menos de parte del Ejecutivo, había mucha atención puesta en las especificidades del documento elaborado por el Tribunal. Desde La Moneda apuntaban que todo tipo de decisión se iba a tomar cuando se conociera el detalle del documento, con el fin de evitar “cualquier sorpresa” que pudiera complementar lo ya expuesto días atrás: que el TC había permitido el financiamiento a través de glosa de gratuidad, pero que había declarado discriminatorio el que cierto tipo de universidades pudieran acceder a la gratuidad, en desmedro de otras que también recibían a “alumnos vulnerables”.

Horas antes de hacerse público el oficio, desde el Gobierno explicaron en qué basarían su propuesta y confirmaron que a través de una Ley Corta -que ya está en el Congreso- buscarían financiar a todas las universidades del Estado, además de las privadas que cumplan con el requisito de tener cuatro años de acreditación y no lucrar.

No obstante, en el caso particular de las tres universidades (UTEM, Los Lagos y Arturo Prat) que no alcanzaban a tener ese mínimo de acreditación, los recursos serían garantizados a través aportes basales, no cumpliendo la solicitud expresa de los rectores del Consorcio de Universidades Estatales, que era que todos llegaran al beneficio a través de la misma vía.

Por este y otros motivos, estudiantes y rectores marcharán a partir de las 18:30 horas desde la Plaza de Armas de Santiago, para trasladarse por el Paseo Ahumada hacia el frontis de la Universidad de Chile, en la Alameda.

Misma actividad a la que por unanimidad el Senado Universitario de la Universidad de Chile, encabezado por el rector Ennio Vivaldi, confirmó su participación, demandando políticas que garanticen el derecho a una educación pública de calidad.

A la convocatoria, respaldada por el Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), también se han adherido la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y otras organizaciones sociales del ámbito de la educación.

Como vocera de la Confech, organizadores de la marcha, Marta Matamala, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, se detiene en que uno de los objetivos es “levantar nuevamente la idea de que no todas las universidades son iguales y que no es discriminatorio exigirle condiciones a cualquier tipo de universidad”.

“Tienen que existir criterios para la existencia de universidades. Y en la medida en que creemos que eso es ponerle trabas  a cualquier tipo de instituciones, es simplemente debatir en una hipocresía de decir que la educación está mala, pero no sabemos cómo arreglarla, porque a la hora de ponerle condicionantes nadie quiere escuchar respecto a eso”, agrega la dirigenta estudiantil.

Respecto del Tribunal Constitucional, reconoce que independiente del fallo, quedan más dudas que certezas. “Ya nada nos sorprende de un Tribunal que es escogido a dedo, que no tiene ninguna legitimidad social en torno a las representaciones y elecciones que se pueden generar”.

En cuanto al proyecto de ley corta enviado por el Ejecutivo al Congreso, la propia Marta Matamala identifica algunos puntos positivos.

“Los elementos en torno al tratamiento de las universidades del Estado creemos que es un piso mínimo. Hoy, cuando se reconoce que todas las universidades del Estado van a entrar a la gratuidad y tendrán un trato preferente, estamos hablando de algo que debería haber sido parte del debate desde un inicio, y que tiene que ver justamente con que en ninguna parte del mundo las universidades públicas quedan fuera de los proyectos de ley que fortalecen la educación pública”.

Sin embargo, también surgen diversos cuestionamientos. “Nos preocupa la forma en la que se implementa la gratuidad, que por no poder implementarse, vaya en aumento de las becas. También el tema de la inexistencia del lucro, que es una inexistencia superficial, porque tampoco existen entidades que fiscalicen las exigencias de cuentas públicas de las universidades que recibirán fondos del Estado”, asegura la estudiante.

Y agrega: “Además nos preocupa que se elimine el requisito de participación dentro de las universidades que van a recibir fondos del Estado y que no aparezca ninguna exigencia  en torno a las condiciones laborales que deben tener quienes trabajan en una casa de estudios, sean públicas o privadas”.

Argumentos del fallo en discusión por acreditación, lucro y representación

Uno de puntos que más polémica generó fue el de la discriminación en beneficio de algunos planteles. En la solicitud de Chile Vamos se advertía que alumnos “vulnerables” matriculados en universidades privadas iban a quedar fuera del beneficio, acusando de discriminación al Ejecutivo por plantear la diferencia entre las instituciones del Estado y las demás.

En un fallo divido (6-4) el TC acogió el recurso y advirtió que la norma era inconstitucional porque  discriminaba arbitrariamente, dejando fuera una cantidad importante de estudiantes de escasos recursos.

Según el fallo al que tuvo acceso el Diario Electrónico de la Universidad de Chile, seis ministros votaron a favor del recurso: Marisol Peña, Iván Aróstica, Juan José Romero, María Luisa Brahm, Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez. (Ver perfil de los ministros) Entre sus argumentos, destacan que, conforme a la presentación del Gobierno y el objetivo de obtener la gratuidad para los alumnos vulnerables, resulta inentendible, que  “se escoja para ello un medio o factor de distinción que tiene por efecto excluir aproximadamente a la mitad de los sujetos que se pretende beneficiar”.

A renglón seguido, los abogados que fallaron a favor de la petición de Chile Vamos agregan: “Como es evidente, dicha elección no satisface la exigencia de racionalidad mínima y convierte a la diferencia establecida por el legislador en arbitraria”.

En la exposición, los ministros del TC hablaron sobre igualdad, asegurando que en nuestro ordenamiento constitucional, ésta está garantizada. Por lo tanto, “simples generalizaciones, así como la utilización de meros prejuicios o estereotipos, no son aceptables. Por el contrario, se requiere de elementos objetivos de juicio capaz de satisfacer la exigencia de racionalidad que excluye la arbitrariedad”. Por lo tanto, el pertenecer al CRUCH no constituiría un argumento de peso para apoyar la acusada discriminación.

Así, el voto de mayoría, además, sostiene que no se puede excluir del beneficio a alumnos vulnerables por el solo hecho de estudiar en universidades no calificables. Eso sería, a su juicio discriminatorio.

En su defensa, los abogados miembros que rechazaron el recurso (Carlos Carmona, Gonzalo García, Domingo Hernández y Nelson Pozo) manifestaron su apoyo a las universidades estatales que, por años de acreditación, quedarían fuera del beneficio. Así, sostuvieron que “para estas tres universidades (UTEM, Los Lagos UAP), que, por lo demás, no es que no estén acreditadas, sino que tienen una acreditación de tres años, el perjuicio es evidente si quedan fuera del sistema diseñado por la glosa. Por una parte, porque no podrían recibir estos aportes para el pago del arancel y los derechos básicos de matrícula de sus estudiantes. Por la otra, al disminuir el monto global en becas, se disminuye su eventual participación en las mismas. En el caso de ellas, el legislador no puede actuar de manera regresiva respecto de lo que tienen”.

Cómo votaron los ministros (click para ver)

Otro de los debates se centró en torno al lucro. Pese a perder por dos votos, los jueces que defendieron la obligación de no lucrar basaron sus argumentos en que así lo establece el ordenamiento jurídico nacional, “Por lo mismo, no puede ser desproporcionado o abusivo.

La exigencia de no perseguir fines de lucro por la vía de la exigencia organizacional de ser corporaciones de derecho privado sin este propósito, debe respetarse en todo momento. La sola posibilidad de que la respectiva corporación tenga miembros, asociados o beneficiarios que persigan estos fines, es una forma de eludir dicha prohibición”, siguiendo así la línea de argumentación de los estudiantes y rectores, quienes exigen que toda institución que sea parte de la gratuidad, garantice que no lucra con sus recursos.

Finalmente, un tercer punto en discordia al interior del Tribunal Constitucional fue la de los representantes en las universidades. Así, en una votación que se dirimió por 7 votos contra 3 a favor de declarar inconstitucional la triestamentalidad de los planteles que se adhieran a la gratuidad, el voto de la mayoría señaló que: “El tercer criterio de diferenciación consiste en que la universidad en que estudian los alumnos vulnerables que se beneficiarán de la gratuidad posea cierta triestamentalidad. Dicho factor, sin embargo, no presenta conexión directa alguna ni con la finalidad de otorgar gratuidad a los alumnos vulnerables, ni con la finalidad de asegurar la calidad de la educación que recibirán tales alumnos. En consecuencia, no se aprecia la relación de racionalidad debida entre este factor y los fines en comento”.

Así, como resumen de los puntos que permitieron declarar discriminatoria la propuesta inicial del Gobierno que fijaba gratuidad para 260 mil estudiantes, los ministros del Tribunal Constitucional indicaron que ninguno de los tres puntos (acreditación, lucro y representación) se relaciona “en forma adecuada y directa con los fines declarados por el legislador. De ello se deduce que no existe racionalidad en la diferencia de trato contemplada en la norma impugnada, la que constituye una discriminación arbitraria prohibida por la Constitución”

Así, el fallo establece que “dichos criterios de diferenciación de la Glosa, en vez de asegurar la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades para todos esos estudiantes, les imponen condiciones a algunos que hacen imposible su ejercicio, dejándolos en una situación de evidente exclusión, ya no sólo por su condición social, sino ahora por su pertenencia a una determinada institución respecto de la cual pesa la decisión y posibilidad de cumplir con aquellos criterios”.

En consecuencia “la pertenencia a una institución que no pudo cumplir, constituirá otro estigma más para esos jóvenes vulnerables y el beneficio de la gratuidad en una mera ilusión o quimera. Por lo tanto, la falta de relación y de razonabilidad de los criterios de diferenciación impugnados, son causantes de exclusión y de discriminación arbitraria”, sentenció el TC.

Leer aquí todo el fallo

“Ahora todo depende del Gobierno”

“Lo que ha ocurrido con este apresuramiento de tratar de sacar gratuidad este año, sin hacerlo mediante la vía legal, es que al Gobierno, como se dice en el campo, el poncho le quedó grande”.

Así lo plantea el académico Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, para quien ahora todo depende de la voluntad y de lo que decida el Gobierno.

“El Ejecutivo puede decidir incluso dejar dentro del financiamiento a universidades como la Andrés Bello o el Instituto AIEP que pertenecen a un conglomerado internacional, que probablemente lucra, pero no hay ninguna comprobación respecto de esto. O también decidir beneficiar a las universidades del Estado”.

Incluso advierte que no existe claridad, especialmente entre los estudiantes y sus familias. “En este contexto de incertidumbre, es mejor tener más tiempo para reposar los resultados, antes que estar tomando decisiones apresuradas”.

Por ello, sus críticas al Ministerio de Educación, dados los constantes cambios, son parte del problema.

“Han cambiado tanto de posiciones, que es difícil saber hacia dónde piensan dirigir las líneas de desarrollo del sistema educativo. Además, pareciera que los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, son los que tienen el toro por las astas. Parece que hubiera una capacidad autónoma de tomar decisiones por parte de ellos. Pero la verdadera autoridad debería estar en manos de la Presidenta Michelle Bachelet y de la ministra de educación, Adriana Delpiano”.

En cuanto a la posibilidad de postergar el proceso de admisión a las universidades del Cruch, Sobarzo reconoce que en el actual contexto se trataría de una buena decisión. “Aunque lo ideal era disponer de una ley, para lo cual el plazo de esperar era mucho más largo. Pero como el Gobierno quiere tener la gratuidad implementada el 2016, para cumplir con las promesas que hizo Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo de este año, se amarró a sus propias palabras”.