Luego que el Gobierno presentara las indicaciones al proyecto de Reforma Laboral, se mantienen las diferencias al interior de la Nueva Mayoría respecto de las “adecuaciones necesarias” en caso de huelga, la restricción a la extensión de beneficios colectivos y la titularidad sindical.

Este lunes la comisión de Trabajo del Senado deberá votar la iniciativa, para que luego sea revisada en la sala de la Cámara Alta y cerrar su segundo trámite constitucional. Sin embargo, las diferencias han surgido también a raíz de la representación de la CUT con los trabajadores del sector público.

Esteban Maturana, presidente de los Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), junto con adelantar que se sumarán al paro convocado por la central para el próximo 22 de marzo, dijo que era necesario revisar el proyecto: “El Gobierno está más cerca de los empresarios que de los trabajadores. Lo que está legislándose no nos gusta y debería revisarse absolutamente, para que se garanticen los pilares básicos que comprometió el Gobierno antes de las elecciones. De otra manera, esto no va a funcionar”, señaló.

El dirigente recalcó además que “otro tema que para nosotros es sumamente importante es que no toquen el tema de los trabajadores de los servicios públicos. Bajo ningún punto de vista estamos disponibles a que se legisle sobre esta materia con las actuales autoridades del Gobierno. No queremos absolutamente nada en materia de derecho a negociación colectiva y a huelga en el sector público, ni con la oposición ni con el oficialismo”, sostuvo.

El presidente de la Central Autónoma de Trabajadores, Óscar Olivos, manifestó que el Gobierno tiene que entender que el proyecto debe incluir a todos los trabajadores y no ser una reforma parcial, como consideran la iniciativa, y como también, a su juicio, lo ha entendido la CUT.

“Estamos dispuestos a sentarnos a conversar, sobre todo, con los integrantes de la CUT, pero con una visión de autonomía de los partidos políticos, porque a nuestro juicio la CUT sigue amarrada a la Nueva Mayoría”, señaló.

Desde La Moneda, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, reiteró que este proyecto debe ser aprobado con prontitud, porque no puede seguir aplazándose en el Congreso.

Además, agregó que el proyecto será una buena iniciativa para entregarles mejores condiciones a los trabajadores del país: “El proyecto tiene que ser aprobado porque tenemos tareas importantes por delante y porque lleva una larga tramitación en ambas cámaras del Congreso. Si tenemos los votos y es aprobada en tercer trámite, está bien, de lo contrario iremos a comisión mixta”, indicó el secretario de Estado.

Desde la oposición, en tanto, el diputado y presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, consideró que la CUT no debe liderar la tramitación de la reforma sino que debe ser el Gobierno, que se ha visto fragmentado, particularmente, en este tema.

“Cuando una reforma es buena, al menos logra que la coalición de Gobierno esté ordenada detrás de esa reforma y no hemos visto eso en el caso de la Nueva Mayoría. Por lo tanto, la reforma es mala y esperaríamos que sea el Gobierno que marque la pauta con la tramitación y no la CUT”, señaló el parlamentario.

De aceptarse las indicaciones planteadas por el Ejecutivo en el Senado, los propios parlamentarios de la Nueva Mayoría, entre ellos, el diputado socialista y jefe de bancada, Manuel Monsalve, han planteado que votarán en contra de la iniciativa cuando ingrese nuevamente a la Cámara de Diputados.

En su tercer trámite, los parlamentarios aseguran que el proyecto deberá ser revisado por una comisión mixta, a pesar de que la Democracia Cristiana dijo que esto sólo obstaculizará la aprobación de la reforma, que tiene como plazo máximo fijado por el Ejecutivo el 24 de marzo para ser despachada.