La economía creció en febrero 2,8 por ciento, 0,4 por ciento más de lo que preveían especialistas y agentes del mercado. Las razones: febrero tuvo un día hábil más que en igual mes de 2015 y la base de comparación es baja.

El Banco Central agregó que las actividades que explican el crecimiento fueron los servicios, minería y comercio. Pero se asegura que el turismo económico argentino fue una de las causas principales del alza en servicios y comercio, lo que no se repetirá en los próximos meses, por lo que marzo no superará el 2 por ciento.

La minería, en tanto, ha estado realizando esfuerzos por seguir invirtiendo -Codelco materializaría proyectos por 3 mil millones de dólares entre este año y 2017- al tiempo que, reduciendo costos y achicando planillas, busca mejorar su productividad para estar listos para la eventual recuperación de precios del cobre, estimada para 2018, y contar con utilidades que permitan pagar sus deudas.

El Gobierno ha reconocido, vía el ministro de Hacienda, que, en un comienzo, cuando se lanzaron las diversas reformas estructurales propuestas por el programa presidencial, dieron por sentado que el país seguiría creciendo a un ritmo de entre 4 y 5 por ciento. Pero la dura realidad de una nación chica, exportadora de materias primas, que se enfrenta a un entorno de ralentización de los principales países locomotoras de la economía mundial, nos está haciendo chocar contra un muro, como señalara recientemente el presidente y CEO de la minera canadiense Teck, Donald Lindsay.

En efecto, los recursos que implican las reformas son de tal dimensión que las propias autoridades de Gobierno han manifestado que la “obra gruesa” está terminada y que otras reformas deberán esperar hasta que mejoren las condiciones que posibiliten financiamiento sustentable en el largo plazo.

Aun así, entre las reformas pendientes está la constitucional, ley marco en la que, derechos como el de propiedad, serán abordados con criterios distintos a los que fundan la actual carta magna, hecho que ha alertado a los sectores empresariales en la medida que cambios en su filosofía pudieran debilitarlo, desestimulando el riesgo y las inversiones.

Las autoridades, por su parte, han replicado que hay amplia coincidencia entre los diversos actores políticos y sociales sobre la necesidad de realizar las reformas, abordando el “cuello de botella” que implicaba para el desarrollo la brecha de desigualdades que presenta Chile. Por consiguiente, las reformas apuntan a resolver el problema, luego de lo cual, la productividad del país aumentará, mejorando ratios de eficiencia y crecimiento y generando más inversión y empleo.

Pero, tanto empresas como partidos de oposición han reiterado que, si bien estaban de acuerdo en la necesidad de los cambios, aquellos se han realizado con demasiada premura, desprolijamente, y debiendo volver sobre ellos por errores técnicos en su realización, todos hechos que quitan valor a reformas que, bien realizadas, pudieran haber agregado valor a la economía, en vez de restárselo. El propio FMI ha dicho, a su turno, que las reformas propuestas tienen, en el corto plazo, costos en incertidumbre, baja inversión y desempleo. Pero invertir en educación, en el mediano y largo plazo, mejora la productividad nacional.

Para las compañías, empero, mediano y largo plazo puede llegar a ser fatal “porque las empresas quiebran por la caja”. Entonces, y aunque es evidente que el Gobierno ya optó por avanzar en la línea de facilitar una más eficiente producción, empujando los cansinos ritmos de actividad nacional en un entorno mundial en el que la incertidumbre por lo que pasará en China, Europa y EE.UU. mantienen la economía a baja intensidad, las expectativas de los empresarios chilenos siguen pesimistas (comportamiento de la minería y la industria), no obstante, haber recibido con satisfacción las recientes 22 medidas dispuestas por la autoridad para estimular la productividad.

Así las cosas, mientras las expectativas empresariales no mejoren, estos no invertirán en más tecnologías que pudieran mejorar su productividad y ratios de utilidades, al tiempo que la productividad seguirá afectada por las caídas de ventas, comercio y precios de sus productos en el exterior. Es decir, seguiremos en un círculo vicioso que devaluará nuestra economía, aún con precios del dólar mayores, que afectarían el consumo y demanda interna.

Se agrega al cuadro que, para las compañías, las reformas tributaria y laboral les restarán otro buen porcentaje de sus utilidades, disminuyendo la creación de valor. Esta baja o estancamiento en el precio de esas empresas limita, a su turno, sus posibilidades de endeudamiento más barato, aunque, por cierto, ya están suficientemente apalancadas y su deuda supera el 110 por ciento del PIB chileno, es decir, la no despreciable cifra de casi 300 mil millones de dólares.

De allí que, reducir sus ingresos y utilidades, sea por razones externas o internas o por ambas, es ponerlas en aprietos, por lo que resulta natural su alegato, en función de su propia supervivencia y crecimiento potencial. Señales en tal sentido ya se han observado con recientes ventas masivas de activos por parte de grandes firmas, para enfocar mejor sus recursos de desarrollo.

Seguir creciendo a las tasas actuales de entre 2 y 2,5 por ciento, atrasa en varias décadas el objetivo de alcanzar un PIB similar al de naciones desarrolladas y como afirmó el subsecretario de Hacienda, también impide materializar las reformas. Para crecer es menester más productividad -hacer más con lo mismo-, pero también invertir en más y mejores tecnologías y contar con una fuerza de trabajo ajustada a aquellas, para lo cual se requiere de un empresariado que tome mayores riesgos y asuma la parte del desafío que les compete.

Chile no crecerá a mayores ritmos si el sector privado, que mueve el 80 por ciento de la economía, no asume los riesgos propios de una actividad que, en nuestro país, estuvo normativa y jurídicamente favorecida durante más de tres décadas, generando una enorme riqueza, pero también serias desigualdades que deben enfrentarse en algún momento para volver a crecer en las nuevas condiciones. No es lo mismo crecer de 2 mil 500 dólares a 22 mil per cápita, que de 22 mil a 40 mil dólares. Seguir arguyendo contra el obvio complejo y difícil entorno y no actuar para superarlo es “suicidar” la economía, liquidando no solo las reformas, sino también el futuro del país.