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Estudiantes rechazan legislación para permitir el lucro en educación superior

La idea surgida entre algunos parlamentarios del oficialismo de permitir la existencia de universidades que lucren, pero sin recibir recursos públicos, fue rechazada por parte de la dirigencia estudiantil que calificó como “insólito y grave” el planteamiento, mientras que los rectores llamaron a poner el acento en la fiscalización de las universidades privadas.

Camila Medina

  Lunes 16 de mayo 2016 17:48 hrs. 
Lucro Educación


A solo días de que la presidenta Michelle Bachelet entregue la cuenta pública al país, hay desacuerdos al interior del oficialismo en torno de lo que será la reforma a la educación. Esto luego que algunos parlamentarios plantearan la posibilidad que la reforma permita que existan universidades que puedan lucrar, pero que no tengan acceso a fondos públicos.

Si bien la legislación actual prohíbe el lucro en las universidades, son conocidos los casos donde los controladores usan diversos mecanismos que impiden sancionarlos por cometer esta infracción. A juicio de algunos parlamentarios este sería un argumento para transparentar esta situación en el nuevo sistema donde se distinguirá entre instituciones estatales, no estatales con vocación pública y las privadas.

El senador socialista Carlos Montes dijo que esto permitirá transparentar una situación que existe actualmente y que, según indicó, apuntaría a fortalecer la calidad de la educación superior estatal.

El tema central es hacer una reforma estructural de la educación superior y recuperar la calidad de la educación estatal. El tema del lucro es algo que hoy día existe. El problema si pretendemos concentrarnos en esto no estamos haciendo del tema principal que es el crecimiento de lo estatal el eje de los esfuerzos financieros y políticos. No hay propuesta, pero va a haber una.

Quienes también promueven esta iniciativa son el senador de la Democracia Cristiana Andrés Zaldívar y el socialista Fulvio Rossi quien argumentó que en el sistema escolar se permite a un sector de colegios particulares pagados, que puedan tener fines comerciales.

Uno de los críticos de la propuesta es el diputado radical y presidente de la comisión de educación, Alberto Robles, quien dijo estar absolutamente en contra de la iniciativa, porque a su juicio “la educación es un área de la sociedad donde no puede existir lucro”.

En esa línea, el parlamentario enfatizó que las universidades que se compruebe que lucran deberían simplemente salir del sistema.

“Algunos de ellos creen que la forma de resolverlo es dejando que algunas instituciones privadas se hagan cargo de la educación de los más ricos. Yo no creo eso, creo q es un error enorme dado que aquellos que lucran lo hacen con recursos de los más pobres, no de los más ricos. Es una visión errada de la educación superior en Chile”.

Mientras, el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh), Ennio Vivaldi, presentó el libro “Universidades Estatales para el Desarrollo de Chile”, que da cuenta de diversos proyectos que llevan adelante estas instituciones que, según indicó, juegan un rol clave en el sistema, “porque dan garantías de compromiso social y calidad”.

En ese marco, el rector señaló que debe haber mayor fiscalización en las instituciones privadas, pero que el foco debe estar puesto en la expansión de matrícula en las universidades estatales pues a su juicio “resulta absurdo que solo el 15 por ciento de la matrícula en educación superior vaya a estos planteles”.

“Creo que muchas de las cosas se arreglarían solo si se fiscalizaran los ingresos y cuál es el destino de esos fondos. Lo que puedo garantizar es la voluntad que tenemos de que aumente la matrícula de las universidades estatales. Creo que es impresentable que haya una complicidad en torno a que las universidades estatales y por extensión las del CRUCh (Consejo de Rectores) no puedan expandir sus matrículas y que toda la expansión de matrícula vayan a un sistema que no conocemos ni su calidad ni el destino de los fondos que están llegando”.

El rector enfatizó que “no se trata de poner límites a los dueños de la universidades privadas, sino de resguardar los derechos a una educación de calidad de los jóvenes que entregan sus recursos o los del Estado a estas instituciones”.

Por su parte, la vocera del Confech, Marta Matamala, calificó como “insólito y grave” el que sean parlamentarios de la Nueva Mayoría quienes promuevan esta idea con la que pasan a llevar una demanda fundamental e histórica del movimiento estudiantil. A juicio de la dirigenta “es el gobierno el que debería penalizar con mayor fuerza el lucro en la educación”.

“El partido socialista que levantó esta posición es incluso más neoliberal que el mismo Pinochet que fue quien estableció esta normativa que hasta hoy funciona, pero que no se toma al pie de la letra. Nos parece insólito y creemos que refleja lo que la Nueva Mayoría es y lo que hace que es simplemente tomar el eslogan del movimiento estudiantil y transformarlo, de la manera más neoliberal posible, a una propuesta que no se parece en nada a la propuesta que nosotros hemos hecho”.

La vocera recordó que los estudiantes exigen que la normativa vigente que no permite el lucro, se haga efectiva a través de penas de cárcel para quienes incurran en este delito.

Además, dijo que la diferenciación entre las instituciones debe estar basada en el aporte que realizan al país y al régimen de tenencia. Esto porque “hoy existen planteles privados que no cumplen ningún rol público ni estándar de calidad, y que deben erradicarse”. En esa línea, señaló que la discusión de fondo tiene que ver con los criterios e indicadores que permitan que un plantel reciba fondos fiscales.

Con el objetivo de discutir estos y otros temas sobre el proyecto de ley de Educación Superior este martes las universidades agrupadas en la Confech realizarán un “paro reflexivo” con miras a lo que sería la cuenta pública de la Presidenta. Sin embargo, y pese a los plazos autoimpuestos la ministra de Educación, Adriana Delpiano, confirmó que durante junio se comenzaría a tramitar el proyecto de ley, por lo que la iniciativa no ingresaría al Congreso antes del 21 de mayo.

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