Luego de cuatro años de investigaciones por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, este viernes se inicia la preparación del juicio oral en contra de tres ex rectores y del ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz.

Esto luego que el Ministerio Público estableció que Díaz recibió un pago de más de 300 millones de pesos, para facilitar la acreditación de las Universidades del Mar, Pedro de Valdivia y SEK.

Además, intentó esconder el origen ilícito del dinero a través de boletas falsas, suscribiendo contratos por asesorías a través de su empresa, que usaba como fachada Sociedad Gestión Ltda. Por esto ahora se buscará probar contra Díaz delitos tributarios, tráfico de influencias, revelación de secreto y cohecho.

Entre los más de cien testigos que deberán presentarse ante la Fiscalía está el ex secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, quien realizó la denuncia inicial del caso en 2012, cuando recibió un correo electrónico con el contrato firmado por Eugenio Díaz con la Universidad del Mar con un pago por acreditaciones, luego de lo cual el contralor inició una investigación interna en la Comisión y trasladó la denuncia a Fiscalía.

“Lo más importante es que primero la opinión pública se entere de que estas cosas ocurrieron por si acaso lo habían olvidado. Segundo, que la opinión pública tome conciencia que este tipo de actos delictuales no deben volver a ocurrir y si hubiese algún tipo de problema que impidan hacer un castigo ejemplificador, se tomen las medidas legislativas para hacer los cambios necesarios a propósito de la nueva ley de reforma educacional que se supone que enviará el gobierno en junio”, señaló.

A juicio del ex secretario, los castigos deberán ser ejemplificadores, sin embargo manifestó su desacuerdo con que se penalice a los planteles educativos. Esto porque el Ministerio Público solicitó para las universidades involucradas, la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado durante tres años y un día, más multas que van desde los 90 hasta los 270 millones de pesos.

A juicio de Basso “una cosa es que personeros de las universidades cometan acciones ilegales, como las que lucran, y otro tema es que las personas que integran estas instituciones, como los trabajadores y estudiantes, se vean perjudicadas por la acción de esos individuos”, explicó.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa, solicitó el doble de las penas que estimó el Ministerio Público, las cuales llegan incluso a los 22 años de cárcel para Díaz, y los 12 años en el caso de los ex rectores.

El rector de la Universidad de Concepción y miembro del Consejo de Rectores (CRUCh), Sergio Lavanchy, recordó el impacto que tuvo este caso que “colocó en entredicho toda la fe pública en torno de la Comisión”. Al respecto, dijo que espera que la ley pueda tipificar bien el delito que se cometió para que haya sanciones ejemplares.

Además, señaló que pese a que esto conllevó el cambio en la dirección del organismo y hubo algunas mejoras, se trata de “un sistema perfectible” que habrá que discutir cuando se conozca el proyecto de reforma a la educación.

“Es un sistema que es perfectible porque la ley de aseguramiento de calidad tiene muchos vacíos y ambigüedades que hay que resolver en torno, por ejemplo, a los conflictos de interés. Entonces es importante que en la reforma a la educación superior se pueda llegar a un sistema que habrá que discutir bien porque la propuesta que se hace presenta una alternativa que es esta nueva institución: la Agencia de Calidad. Esto será un tema importante cuando se conozca el proyecto de ley de reforma”, aseguró.

Al respecto, la vocera de la Confech, Carolina Figueroa, dijo que no basta con un cambio de institucionalidad, así como tampoco con penas económicas que a su juicio “no son suficientes para responder al daño que provocaron a las familias de los estudiantes, a quienes se les vendió una promesa de educación que no se cumplió”.

“Hoy día la educación de mercado se consolida con criterios como los de acreditación, que claramente vienen a responder a los intereses particulares de ciertos sectores y a los dueños de las instituciones que no quieren pasar por una regulación más seria y profunda. Entonces queremos demostrar que no basta con tener mayor institucionalidad, hoy necesitamos un cambio profundo de los criterios de la acreditación que permitan consolidar realmente el derecho a la educación”, aseguró.

La dirigenta agregó que los estudiantes esperan que el caso marque un precedente en cuanto a que la acreditación no es un parámetro legítimo para regular la educación en Chile.