Luego del cónclave sostenido entre la ministra de Educación Adriana Delpiano y los dirigentes de la Nueva Mayoría, se precisaron los principales ejes del proyecto de Educación Superior que ingresaría al Congreso antes del 30 de junio.

El Mineduc dio a conocer el diseño de esta iniciativa, en línea con anuncios anteriores, a través de un documento que no entregó mayores detalles sobre los alcances de cada propuesta.

En cuanto a la institucionalidad se reiteró la creación de la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior, ambas entidades encargadas de implementar un marco regulatorio para el sector.

En ese sentido, y considerando que uno de los ejes destacados es el aseguramiento de la calidad de la educación, se establecerán nuevos procedimientos de acreditación realizado por un organismo público colegiado y que sea diferenciado, tanto para las instituciones universitarias como para las técnicas.

El investigador de la fundación Educación 2020, Mathias Gómez, insistió en que se deben definir las pautas respecto de los estándares mínimos comunes paras ambos tipos de instituciones.

“Hay que tener cierto cuidado porque las pautas para las universidades tienen que ser distintas con las que se evalúan las instituciones técnicas, sobre todo considerando que hoy el sistema está muy cargado hacia lo universitario y carente de una mirada mucho más técnica. Esperaríamos que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) se transforme en una Agencia de Aseguramiento de la Calidad como existe en el sistema escolar haciendo a un lado las agencias privadas”, precisó.

Siguiendo con el foco en la educación técnica, se integrará la creación del Consejo Nacional para la Educación Técnico Profesional Superior, sumado a un Marco de Cualificaciones. Esta herramienta busca preparar a los estudiantes en sus distintas etapas del aprendizaje para asegurar la calidad de la educación, pero también vinculándolos con su área laboral particular. Un esquema que pretende dar mayor movilidad a los estudiantes.

Respecto al fortalecimiento de las universidades estatales, sólo se planteó mejorar su gestión administrativa que, entre otros aspectos, integraría un modelo institucional participativo entre todos los estamentos agrupados en cuerpos colegiados.

En este punto se mantendrían muchas dudas sobre los mecanismos que se van a utilizar para aumentar la matrícula en las instituciones de educación superior públicas hacia, al menos, a un 50 por ciento, considerando que actualmente no sobrepasa el 15 por ciento del total, mientras que en las privadas se registra el 80 por ciento de los estudiantes matriculados.

Para el investigador de Educación 2020 se plantean “muchas buenas intenciones” por parte del Gobierno, pero no se aclaran los mecanismos que se van adoptar para lograr los objetivos planteados.

En cuanto a la gratuidad, la cobertura avanzará progresivamente dado que actualmente está fijada en los cinco primeros deciles.

“Es importante que se establezca con claridad que los recursos deben estar destinados siempre para fines públicos y que el afán de lucro quede excluido de todo el sistema educativo y eso hasta el momento no se ha hecho por parte del Mineduc”, aseguró el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh) y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, quien además reclamó más cercanía para tratar el mecanismo estructural que adoptará el financiamiento público, no solo reducido a la gratuidad.

“Tenemos incertidumbres sustantivas respecto del carácter que tendrá el nuevo sistema de educación superior porque por lo que hemos conocido hasta ahora, no podemos dar un juicio acerca de la estructura que tendrá el nuevo sistema de educación superior. Si aquí se busca una conciliación entre un sistema de mercado y un sistema de oferta pública, desde luego que tendremos diferencias sustantivas con la reforma de Educación Superior”, señaló.

A la salida de esta reunión, la ministra Delpiano aseguró que está disponible para reunirse con otros actores implicados en esta reforma, y reiteró que esta iniciativa cerraría el ciclo de la Reforma Educacional, que implica una gradualidad en su implementación.

Mientras los estudiantes acudieron a la Intendencia para solicitar la autorización para marchar el próximo jueves 9 de junio.

Caso CNA: Condenados cumplirán penas en libertad

Hace cuatro años inició la investigación sobre las irregularidades en la Comisión Nacional de Acreditación que involucró a varias casas de estudio y de la que esta semana se conocieron las primeras condenas.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago estableció una pena de cinco años de libertad vigilada y el pago de una multa de 73 millones de pesos para el ex director del organismo público, Luis Eugenio Díaz. Esto, por delitos de lavado de activos, cohecho reiterado, revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos tributarios.

Mientras, el ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, deberá cumplir tres años y un día de libertad vigilada más la cancelación de una multa de 45 millones de pesos.

Para los ex estudiantes del plantel educacional las sentencias son insuficientes, puesto que a ellos todavía se les cobra el Crédito con Aval del Estado que solicitaron en el ingreso a la educación superior. En consecuencia, una condena justa para los alumnos es el pago de las deudas con que los dejaron.

Zúñiga fue inculpado por delitos de lavado de activos y soborno reiterado, ilícitos cometidos entre 2009 y 2011, previo al cierre de la institución. En esa línea, el ex rector descartó tener alguna responsabilidad por lo que aqueja a los estudiantes.

“Lo que les pasó a ellos fue por el cierre de la universidad y el cierre no se defendió como debió haberse defendido. Si yo hubiera estado en esa época, como en muchas crisis de las que salí adelante, no se habría cerrado la universidad. Ese es uno de los errores que cometí”.

El fraude en la acreditación universitaria costó a los estudiantes además de las deudas económicas, su traslado a otros establecimientos. Motivo por el que se reprocha el acuerdo al que se llegó con la Fiscalía en este caso admitiéndose los delitos.

El jefe de la Unidad de Alta Complejidad Oriente y fiscal a cargo de esta causa, Carlos Gajardo, explicó por qué se llegó a juicio abreviado.

“La sociedad espera que delitos que tengan esta gravedad tengan asignadas en la ley penas mayores. En los delitos por los cuales se ha investigado, cohecho y soborno, las penas parten en 61 días, son las mismas penas que tienen un delito de un hurto en un supermercado, eso no es razonable y nos parece que debe ser modificado”.

En conversación con T13 Radio, el actual presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Alfonso Muga, anunció que apelará a la resolución de la justicia e insistirá en un juicio oral para ex director de la CNA, Luis Eugenio Díaz, puesto que desde su punto de vista el daño causado a la institucionalidad y al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, vale una sanción mayor a la que se le aplicó.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la Confech, Camila Rojas, opinó que este tipo de sanciones demuestra que tenemos un sistema educativo injusto.

“A los estudiantes después de 5 años los indemnizó el Servicio Nacional de Consumidores y no el Ministerio de Educación y ahora el rector pudo acceder a una menor condena. Entonces, hay una falta de respeto a los estudiantes, profesores y trabajadores”.

En tanto, el diputado de la bancada estudiantil, Gabriel Boric, consideró este como uno de los casos más violentos de la mercantilización de la educación en Chile.

Por último, el próximo martes el ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, fue citado a la audiencia de preparación de juicio oral, aunque su abogado Gabriel Zaliasnik afirmó que por la imputación podría corresponder un juicio abreviado.