Este domingo se cumple un año desde que el administrador provisional, Patricio Velasco, designado por el Ministerio de Educación -en virtud de la Ley 20.800-, se hizo cargo de la gestión de la Universidad Arcis. La fecha marca también el término de su labor, la cual podría determinar desde una prórroga de sus funciones por un año más, hasta la decisión del cierre definitivo de la casa de estudios.

Por su parte, los estudiantes de la universidad se han movilizado durante los últimos meses, a la espera que se decrete la prórroga de la administración provisional, frente a la posibilidad cierta que el término de sus funciones implique que la casa de estudios cese sus funciones.

De todas maneras, los estudiantes están realizando sus propias gestiones para evitar las nefastas consecuencias que, a su juicio, podría generar el cierre de la universidad. Por lo mismo trabajan en la presentación de un proyecto que modifique la ley 20.800, con el apoyo del diputado Giorgio Jackson, ya que consideran que el cuerpo legal deja en la indefensión a estudiantes, académicos y funcionarios.

Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, señaló en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, que siempre han considerado la figura del administrador provisional un símil de un síndico de quiebras “que, en este caso, no vela por el derecho de los estudiantes, académicos y funcionarios”, y la mayor crítica que realizan es la “poca transparencia en la labor del administrador provisional”.

“Nosotros como estudiantes no hemos sido, ni siquiera, informados -o muy escasamente- de las decisiones que se toman dentro de la universidad, y se nos ha informado, además, en forma tardía con los hechos consumados, y además pensamos que hay una situación, también, compleja en el sentido que se han hecho cambios en regulaciones dentro de la universidad, en la forma de funcionamiento, también en aranceles, en relación con profesores que fueron despedidos, y que nosotros considerábamos que esos despidos no eran procedentes, puesto que ellos eran personas con una larga trayectoria dentro de la universidad, y que sin embargo fueron removidos, y el reintegro que pedimos no ocurrió como se había señalado, sino que a honorarios”.

Sandra Beltrami agrega que muchos profesores suman más de 15 meses impagos, desde enero de 2016, más nueve meses de 2014. Por lo que dichos despidos no serían legalmente procedentes, y acusan que una posible venta de la casa central de calle Libertad, no va a alcanzar a cubrir las deudas que tiene la U. Arcis.

En este sentido, la presidenta de los estudiantes de la U. Arcis también criticó la ley 20.800 que consagra al administrador provisional, por la serie de falencias que tiene y que los ha mantenido “en la más absoluta precariedad”, dada la imposibilidad también de la misma universidad de poder solventar sus deudas.

También hizo énfasis en la poca claridad que existe sobre la continuidad del plantel educacional, no obstante asumen que “lo más probable” es que el Mineduc, a la larga, decrete el cierre de la universidad: “Porque vemos que las posibilidades que tiene la universidad de surgir, o tener un futuro no son muy grandes, puesto que la universidad no tiene recursos económicos”.

Sin embargo, Sandra Beltrami destacó que, más allá de las carencias en cuanto a patrimonio material de Arcis, es el patrimonio simbólico el que le otorga un valor agregado a la casa de estudios, ya que cobijó en Dictadura a la resistencia desde la academia, teniendo espacio en sus aulas profesores y funcionarios exonerados de otras universidades. Por lo mismo se ha destacado en el área de la defensa de los DDHH, el arte, el teatro, entre otros. También, plantean la estatización como una solución para el caso de la Universidad Arcis, o cualquiera que tenga un rol público o tener un destacado en distintas materias.

“Es un patrimonio que hay que conservar, y que el Estado debe hacerse cargo y no debe hacerse el leso, porque las universidades que tienen una historia que ha sido importante deben pasar al Estado, y el Estado debe hacerse cargo de ella y los estudiantes, lo cual no es lo que está ocurriendo actualmente, el Estado se hace mínimamente cargo de nuestra situación y no resguarda nuestros derechos como corresponde”.

Proyecto de ley 

La dirigenta anunció el envío de un proyecto de ley que modifique la ley 20.800, el cual ya cuenta con el apoyo del diputado Giorgio Jackson, por ejemplo en lo que se refiere a permitir la inyección de recursos públicos a las universidades que deban ser intervenidas, para no tener que pasar por situaciones de “precariedad”.

Además, buscan que los estudiantes, frente a un eventual cierre del establecimiento, sean reubicados en una universidad estatal, y que los títulos que se otorguen no sean expedidos con la denominación de la Universidad Arcis, ya que “competir con otros profesionales en el sistema laboral” con un cartón de una universidad que debió cerrar, inmediatamente los sitúa en desventaja.

“Nosotros proponemos que una universidad cuando se cierre, sea cual sea, sea el Estado quien se haga cargo de esto, y esto tiene conexión con lo que es el petitorio nacional de la Confech, porque lo que plantea allí es la expansión de la matrícula de le educación pública, por lo tanto lo que nosotros estamos planteando a través de esto, que una universidad que se cierra, sea una universidad estatal la que se haga cargo de esos estudiantes, y no que sean reubicados a otra universidad privada, sino que a un estatal, y además que su título sea de una estatal”.

Finalmente, los estudiantes de la U. Arcis prefieren no abordar, por ahora, la responsabilidad que le cabría al Partido Comunista en esta crisis, ya que, a su juicio, sólo sirve para desviar la atención de los problemas reales que están afrontando, y así evitar que otras universidades puedan caer en la situación crítica en la que está su casa de estudios: “No queremos que los demás estudiantes del país pasen por esta situación”, concluye Sandra Bertrami.