Ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos denuncian un retraso injustificado en llevar a cabo acciones penales contra quienes resulten responsables de delitos tributarios por parte del servicio. Esto en el marco de las investigaciones por dineros que financiaron de forma irregular a las últimas campañas políticas, en particular de la Nueva Mayoría.

Según sostienen, los alegatos tienen que ver con que la institución se habría apartado de su rol fiscalizador al realizar acciones que postergan las diligencias investigadoras e incluso omitir algunas querellas relacionadas con casos de facturación ideológicamente falsos para financiar campañas políticas.

La ex subdirectora de Contraloría Interna del Servicio, Paulina Carrasco, señaló porqué este tema trasciende al rol técnico que tiene el servicio, lo que motivó incluso a que elevar a la Contraloría General de la República junto a la también ex funcionaria Marisa Navarrete, un requerimiento para investigar el actuar dela institución en estos polémicos casos.

“Si hay un cúmulo de antecedentes que tienen la misma naturaleza, que fue la conducta masiva de un grupo importante de los políticos de este país, que actuaron de una manera, al parecer, todos de la misma forma, financiados por las mismas empresas; y que en algunos casos nosotros vemos que se están ejerciendo acciones y en otros no, entonces es bastante evidente que hay un trasfondo que excede el trasfondo técnico. Y esa es la respuesta que nosotros esperamos que pueda dar la Contraloría cuando revise los procesos de Impuestos Internos, porque aventurar otra cosa sería irresponsable”, indicó la ex funcionaria.

Las denuncias apuntan sobre todo al caso de boletas ideológicamente falsas emitidas por personeros de la Nueva Mayoría en el marco de las campañas de Eduardo Frei en 2009 y Michelle Bachelet en 2013.

Se apunta al operador político Giorgio Martelli, formalizado por delitos tributarios, y quien a través de su empresa Asesorías y Negocios recibió aportes de empresas como SQM, Copec y Celulosa Arauco, entre otras; que posteriormente se utilizaron para financiar campañas a través de boletas ideológicamente falsas emitidas por más de una veintena de personeros que colaboraron en la campaña y el gobierno actual de Michelle Bachelet.

Entre las personas indagadas se encuentran el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, su jefe de gabinete Robinson Pérez, la actual secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y cercana a la Presidenta Michelle Bachelet, Estela Ortiz, entre otras personas.

Sin embargo, las denuncias de los ex funcionarios del Servicio se dirigen hacia la idea de que la actual dirección de Impuestos Internos ha ralentizado las diligencias de éste y otros procesos, e incluso habría omitido querellas. Denuncia que también sostiene Mauricio Daza, querellante en el Caso Penta y abogado del ex Subdirector jurídico de Impuestos Internos, Cristián Vargas, quien también se hizo parte de estas denuncias.

“La verdad es que es una pretensión de que las causas relativas a delitos en que están involucradas autoridades del mundo político, se han investigado solamente en la medida que el Servicio de Impuestos Internos así lo quiera. Lo que es inaceptable en un Estado de derecho, si se considera que el Servicio de Impuestos Internos que opera funcionalmente a lo que son los intereses de la coalición política de turno, que es la que precisamente la que nomina a ese director”, expresó el jurista.

El diputado de Renovación Nacional José Manuel Edwards, por su parte, expresó que esto evidencia el sesgo político del actuar del Servicio de Impuestos Internos.

“Ellos denunciaron a toda la gente de oposición con querellas abiertas, contra todos quienes resulten responsables, y una vez que comenzó a aparecer gente de izquierda en casos de financiamiento ilegal, sacaron un escrito interno que se hacía imposible una presentación de querella. Es evidente que están protegiendo a la gente de la Nueva Mayoría para que la justicia no pueda actuar en contra de ellos.  Y ahora ya no pueden querellarse porque sería muy evidente que siguieran querellándose contra gente de oposición para dejar en impunidad a la gente de izquierda”, indicó el parlamentario.

Según señalan los ex funcionarios, de seguir la situación tal como la describen, se puede esperar que los casos no logren llegar a sanciones ya que, tal como ocurrió con el ex senador Carlos Ominami, éstos prescriben por exceder el plazo de vigencia para poder realizar el debido proceso, algo que evidenciaría el abandono de funciones del Servicio de Impuestos Internos.