“En Chile nuestra institucionalidad es de cartón cuando se trata de enfrentar a los poderosos” es la conclusión del abogado querellante en el Caso Cascadas, Mauricio Daza, luego que se conociera la decisión del controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou, de presentar un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional contra la multa de 70 millones de dólares cursada por la Superintendencia de Valores y Seguros.

La defensa del exyerno de Pinochet decidió recurrir a esta acción luego del fallo del TC, ante una presentación hecha por otro de los implicados en el Caso Cascadas, Roberto Guzmán Lyon, que acusó un actuar arbitrario de la entidad que encabeza Carlos Pavéz.

Recordemos que la sanción de la SVS fue a causa de una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones irregulares ocurridas en 2010 y durante el año 2011.

En el fallo el TC definió el tope máximo legal para una multa del organismo regulador a una persona natural en 15 mil UF y del doble en caso de reiteración. Monto que vuelve rentable para los empresarios incurrir en este tipo de faltas como sostiene el abogado Mauricio Daza.

“Es una situación vergonzosa, inexplicable, que da cuenta que nuestra institucionalidad es de cartón, sobre todo cuando se afecta a determinados intereses económicos, y esto especialmente se considera el tenor inverosímil del fallo del Tribunal Constitucional”, afirmó Daza.

El querellante en el caso Cascadas criticó además el carácter político del Tribunal Constitucional y aseguró que “de Tribunal tiene solo el nombre, porque acá nos encontramos con fallos acomodaticios que muchas veces con inverosímiles”.

Para el abogado “la sanción de la SVS ya era baja, pero el Tribunal las reduce aún más a sumas irrisorias”, el jurista sostiene que esta resolución es “muy grave para el mercado de valores porque entrega el mensaje que da lo mismo cometer delitos porque las multas que se tienen que pagar son ridículas”.

Recordemos que en paralelo al proceso que llevó adelante la SVS existe una causa penal abierta en la Fiscalía a cargo del persecutor jefe de la zona centro norte, Andrés Montes. Dicho proceso se ha revitalizado a juicio de Daza, luego de dos años de inacción a cargo del fiscal José Morales.

Respecto de si la resolución del TC puede tener alguna incidencia en la investigación que lleva adelante la justicia, el abogado querellante la descartó de plano “el Tribunal no se pronunció respecto del mérito del por qué se aplicó la multa por parte de la SVS, por ende no afecta la investigación criminal”, declaró.

La Superintendencia de Valores y Seguros constató que, “se pudo constatar la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo y con el concurso de los mismos participantes, estableciéndose de esta forma la existencia de un esquema coordinado de operaciones”.

Junto a ello, plantea que “este esquema benefició directa y económicamente al presidente de las Sociedades Cascada, Julio Ponce Lerou, y a personas cercanas a él que participaron de diversas formas en dicho esquema, a través de Sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, todo en desmedro económico y contra el interés social de las Sociedades Cascada, las que, además, tenían otros inversionistas como los fondos de pensiones y fondos de inversión”.

Además de Ponce Lerou otros implicados en el caso recurrieron al TC como Manuel Bulnes, ex gerente de Larraín Vial y Felipe Errazuriz, ex ejecutivo de la corredora.