Este martes se dio a conocer la auditoría encargada por Codelco para revisar las asesorías realizadas entre 1997 y 2015 por la empresa vinculada al ex diputado y ex ministro Vocero de Gobierno Jorge Insunza, informe que si bien concluyó que los servicios prestados no fueron fraudulentos, la cuprífera sí estuvo expuesta “a la posibilidad de fraude, corrupción, contribuciones de carácter político, conflicto de interés y en general una variedad de posibles malas prácticas”.
La revisión llevada a cabo, y que fuera encargada por el directorio que encabeza Óscar Landerretche luego que se conocieran las asesorías de la consultora de Insunza por casi medio millón de dólares, plantea que los negocios y contratos de Codelco con Personas Expuestas Políticamente (PEP) “contradicen los lineamientos corporativos” y “podrían tener impactos severos en la reputación de la corporación”.
El diputado DC e integrante de la comisión de Minería de la Cámara, Gabriel Silber, señaló que “una empresa de características globales como es Codelco debe tomar todos los resguardos para elevar los estándares en términos de una empresa bajo criterios técnicos y que busquen el incremento patrimonial desligado de cualquier sesgo político y discrecional que amenace su competitividad”.
“Codelco no debería contratar a ninguna persona que tenga la categoría de PEP, vale decir Persona Políticamente Expuesta o que esté vinculado a ella, aunque tenga los méritos y condiciones para ser proveedor de Codelco porque es una empresa que tenemos que cuidar entre todos, por eso también en su directorio deberíamos tener a los más idóneos y más capaces, y evitar que existan operadores políticos en dicha empresa”.
Silber recordó que no solamente personeros de la ex Concertación y Nueva Mayoría han sido mencionados en diversas asesorías pagadas por la cuprífera estatal, ya que a mediados de la década pasada, hubo fuertes cuestionamientos por la comprar que realizó Codelco de 35 mil libros de Joaquín Lavín.
El diputado de la UDI y también integrante de la comisión de Minería, señaló que Codelco “ha sido utilizada como caja pagadora de favores políticos por parte de algunos partidos de la Concertación y Nueva Mayoría”, por eso plantea que es necesario que la auditoría avance en que ese tipo de prácticas no siga ocurriendo.
El parlamentario gremialista plantea que en Codelco ha primado la “pitutocracia” por sobre la meritocracia, al mismo tiempo que sostiene que uno de los principales problemas a los que tiene que hacer frente la empresa estatal es a la contratación de ex ejecutivos como asesores con la modalidad del trato directo.
“El eje principal tiene que ver con que muchas personas que son desvinculadas de la empresa, sobre todo los altos ejecutivos al mes aparecen trabajando como contratistas para Codelco ganándose contratos en trato directo de forma cuestionable. Hay que avanzar para que eso no siga ocurriendo, que es pan de cada día, por lo menos en Calama”.
Otros personeros que prestaron asesorías a Codelco, aunque a diferencia de Jorge Insunza, antes de asumir sus respectivos cargos parlamentarios fueron la diputada Denise Pascal del PS, el diputado de la DC Patricio Vallespín, entre otros.
Vallespín, aseguró en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile que para la cuprífera, así como cualquier empresa estatal, su deber es asegurarse que las competencias de las personas que se contraten sean las adecuadas, y que esas capacidades sean las que primen por sobre los eventuales vínculos políticos que pudieran tener, marcando una visión divergente de la de su par en la Cámara Gabriel Silber.
“El que sean políticamente expuestas es un tema posterior porque, obviamente, lo que debe primar es la excelencia en la prestación de los servicios, ese es un punto fundamental. El resto ya está en el escenario que ahora toda persona que tiene algún vínculo con la política se le asume que hace las cosas sin calidad profesional, y eso me parece que es un prejuicio que habría que fundarlo mejor porque hay de todo”.
Julián Alcayaga integrante del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre hace énfasis en que si bien las asesorías realizadas por estos personeros pueden no haber sido fraudulentas es la capacidad y méritos profesionales de estas personas las que pone en duda el experto.
Alcayaga sostiene que el problema de la auditoría es que “no va al fondo del asunto” y que “nadie ha comprobado que las asesorías se realizaron”: “Es para tapar y hacer más aceptable lo que no es aceptable que es que le entreguen plata a los políticos simplemente porque Codelco tiene plata o a lo menos tenía, porque no le va quedando nada”.
“En Codelco están robando a manos llenas. Desde el año 2010 hasta 2015 Codelco se ha endeudado en 10 mil millones de dólares, dónde están esos 10 mil millones de dólares, qué hicieron con eso, más 6 mil millones de dólares que se perdieron en los mercados de futuro, más otros 15 mil millones de dólares que entre el año 2010 y 2015 han desparecido de los ingresos de Codelco. Entonces es una destrucción extraordinaria de Codelco, evidentemente para poder privatizarla”.