La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) junto a su equipo jurídico presentó 11 querellas contra quienes resulten responsables de los asesinatos cometidos durante la dictadura cívico militar.

Se trata de casos que el denominado Informe de Verdad y Reconciliación dejó sin calificar y que hasta el día de hoy no han tenido justicia, ni siquiera una acción penal.

Alicia Lira, presidenta de AFEP, indicó que este es el inicio de una labor de los abogados de la agrupación, quienes completarán la presentación de un total de 100 querellas en las próximas semanas.

“El derecho que tienen los familiares, la reparación psicológica y moral es que se investiguen los crímenes. Es un día que da la comprobación que lo que nosotros argumentamos, que los testimonios que entregan los familiares son reales. Se esperó más de 40 años el esclareciemiento de la ejecución de Miguel Henríquez y ahora buscamos que estos hombres y mujeres asesinados, no queden impunes”.

Francisco Jara, uno de los abogados del equipo, resaltó la importancia de la presentación de estas querellas.

Incluso tomó como antecedente la interpuesta por la AFEP hace unos cuatro años contra los responsables del asesinato de Miguel Henríquez. El jurista, indicó que ni los familiares tenían apoyo ni acabada información de las acciones judiciales contra los culpables de la ejecución del líder del MIR, sin embargo, recientemente se comprobó oficialmente que César Manríquez, Teresa Osorio, Ricardo Lawrence, Rodolfo Concha y Miguel Krassnoff Martchenko, fueron los cabecillas del crimen.

“Muchos de estos enfrentamientos eran ejecuciones encubiertas o, en sus efectos, son casos donde la superioridad numérica. La forma en que murieron, muchos de ellos ultimados por la espalda, nos hacen presumir que son ejecuciones del Estado contra una persona”.

Lorena Oliva, hija de Julio Oliva Villalobos, ejecutado por un comando de la CNI en 1984, recalcó la importancia de este tipo de querellas para que se consiga la tan anhelada justicia, ya que en muchos casos, como el de su padre, fueron consignados en el informe Verdad y Reconciliación sólo como víctimas políticas.

“No tuvimos ninguna reparación, sólo quedó como un hecho de violencia política y no como violación a los derechos humanos, ni tampoco hay justicia. No sabemos quiénes son los culpables, tenemos antecedentes de chapas, pero nunca se ha investigado al respecto”.

Los abogados de la Agrupación recalcaron que la tarea fue analizar el Informe Rettig y elaborar acciones judiciales en favor de aquellas víctimas no consignadas en el documento oficial. Casos que hasta el momento no han tenido acción judicial alguna, pero que hay antecedentes sobre ajusticiamientos.

La presentación de estas demandas se contempla dentro de la conmemoración de los 40 años de vida de la AFEP.