De acuerdo a cifras del Ministerio Público, en un 163 por ciento aumentaron –entre enero y septiembre de este año- las denuncias por torturas, genocidios, malos tratos y delitos de lesa humanidad. De los 363 casos denunciados, en 339 están involucrados funcionarios públicos, como Carabineros y Gendarmería, entre otros.

Si bien estos números no representan necesariamente un aumento global de los casos de tortura, tanto organismos de derechos humanos como parlamentarios las consideraron preocupantes, ya que, de una u otra manera, refleja la naturalización de esta práctica en nuestro país, por lo que se hace aún más necesario implementar políticas educativas de concientización hacia la ciudadanía.

El diputado de la DC e integrante de la comisión de Derechos Humanos Claudio Arriagada calificó como “tristes” y “delicadas” estas cifras dadas a conocer por la Fiscalía Nacional, y anunció que pedirá que en la próxima sesión de la comisión el tema sea analizado en detalle, porque las personas en Chile no deberían siquiera tener que denunciar este tipo de vejámenes, ya que se supone que estamos en un Estado de derecho.

“Se supone que estamos en un Estado de derecho, estamos en democracia. Las personas que son detenidas o que se ven enfrentadas a cualquier situación la obligación es que se les garantice un trato en el cual no se vean obligados a presumir o denunciar que fueron víctimas de algo que no corresponde, sobre todo vinculado a torturas”.

Por su parte, Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídico Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), destacó que estas cifras se explican, en parte, porque el Ministerio Público ha incorporado instructivos que permiten identificar posibles casos de tortura e investigarlos, lo mismo con los casos en los que estaban involucrados Carabineros, que antes eran investigados por la justicia militar, y ahora la Fiscalía entiende que tienen que ser de su competencia.

Asimismo, desde el INDH reconocieron como un avance la promulgación de la ley que tipifica a la tortura como delito –proceso que estaba pendiente desde 2008-, con lo cual se deja de hablar en el ordenamiento jurídico nacional de “apremios ilegítimos”, y se establecen penas más coherentes con los estándares a nivel internacional de derechos humanos.

“Pero efectivamente, este es un paso importante, pero que tiene que ir acompañado de otras medidas como es la instalación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que está pendiente hace demasiado tiempo en nuestro país, y además también de una educación en derechos humanos que tiene que ser especialmente importante en el caso de los funcionarios públicos que pueden hacer uso de la fuerza”.

Justamente, tanto el INDH como organismos de defensa y promoción de los derechos humanos coinciden en la necesidad que se generen los cambios necesarios en la cultura nacional que destierren definitivamente la naturalización del uso de la violencia por parte de funcionarios públicos.

Marta Cisternas, coordinadora de la comisión de Observadores de DDHH de la Casa Memoria José Domingo Cañas, coincide en que es necesario cambiar las políticas de formación de las policías en Chile para integrar de manera profunda el respeto de los derechos humanos, “porque en Chile nunca se ha dejado de torturar”, aseguró.

Asimismo, Marta Cisternas hizo énfasis en la “complicidad” de parte de algunas instituciones en mantener la impunidad de casos de tortura, y recordó el caso de la estudiante de Concepción que denunció torturas de parte de Carabineros, como el retiro de sus piercings con alicates, demanda fue desestimada por los tribunales de justicia.

La integrante de la Casa Memoria José Domingo Cañas, coincidió con el INDH en la necesidad que se promulgue a la brevedad el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y así generar las instancias para que se prevenga y fiscalice a instituciones como hospitales u hogares de menores, frente a posibles casos de tortura.

“Mientras Chile no active ese mecanismo y lo active de buena manera, porque nosotros postulamos que ese mecanismo tiene que estar conformado en parte por el Estado, pero también la sociedad civil para transparentar que, efectivamente, aquí se haga lo que se tiene que hace. Mientras Chile no haga eso aquí no va a pasar nada”.

Finalmente, tanto el INDH como los organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación porque se ha podido verificar que en ciertas zonas del país, así como poblaciones de distintas ciudades las personas son más vulnerables y propensas a sufrir torturas como es el caso de La Araucanía, en el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, en donde niños han sufrido vejámenes, lo mismo que en las manifestaciones estudiantiles.

“En La Araucanía han ocurrido hechos de tortura en los últimos años y como Instituto de Derechos Humanos hemos intervenido y han ocurrido estos casos en el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, y en algunos casos han afectado, y eso es especialmente graves, a niños, niñas y adolescentes, tanto en el marco de este conflicto como, por ejemplo en el caso de manifestaciones estudiantiles”.