El cierre de la investigación que decretó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el caso de la colusión de los pañales –entre las empresas Kimberly Clark y CMPC- por la prescripción de los delitos, generó críticas de parlamentarios y consumidores quienes plantearon la necesidad de realizar cambios en la legislación que se aprobó recientemente en el Parlamento y que castiga este tipo de delitos.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, reiteró su “total repudio a toda acción colusiva” y anunció que requerirá al fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, “dar a conocer todos los antecedentes relativos a la investigación llevada a cabo por la FNE en este caso”, e instruyó al director del Sernac a extender “su acción de búsqueda de compensación a la empresa Kimberly Clark”.

El diputado del Partido Comunista Daniel Núñez, quien presidió la comisión investigadora de la Cámara sobre la colusión del papel tisú, señaló que si bien era esperable una decisión de este tipo de parte de la FNE, de todas maneras considera que “no se agotaron todas las instancias, ya que no tenemos certeza que la delación compensada y las declaraciones de CMPC sean verídicas”, lo que lleva al parlamentario a deducir que el mecanismo de delación compensada “está siendo mal utilizado por las empresas para generar mecanismos y formas de impunidad en casos de colusión”.

Además, el diputado comunista señaló que en casos como el de CMPC que es reincidente en este tipo de delitos, la delación compensada no les permita atenuar la falta. También, el parlamentario llamó a revisar la legislación que impide que el Ministerio Público pueda investigar los casos de colusión antes que la FNE y el TDLC recopilen antecedentes y emitan sus veredictos.

“Se está utilizando la delación compensada para encubrir estas situaciones, y desde ese punto de vista creo que esto nos lleva a revisar todo estos sistemas, actualmente, de libre competencia. Hay que establecer que cuando hay una reincidencia no sea válida, y por otro lado, claramente, ver cómo opera este mecanismo para que una vez que sea fallado algo por la FNE y el TDLC, pueda actuar el Ministerio Público. No puede existir una discriminación que, en la práctica, impida al Ministerio Público investigar a personas que por ser poderosas económicamente, tendrían un trato preferencial. Eso no es correcto, no fue pensada así la Ley de Libre Competencia en la reforma que aprobamos, y tenemos que ver cómo va a operar este mecanismo para que haya investigación penal y también cárcel en los casos de colusión”.

El presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (Condaecus), Hernán Calderón, calificó como “un error gigantesco” la decisión de la FNE, ya que a su juicio el organismo no es un tribunal como para poder declarar la prescripción, y ella se debe alegar en un corte. Además, el dirigente advirtió que la Fiscalía “deberá dar muchas explicaciones” al país.

Por esto, Calderón considera que esta situación es “otra anomalía más” en el proceso que lleva adelante la FNE. Porque claramente lo que se necesita y exige la ciudadanía son respuestas ante una investigación.

“No tenemos los resultados de esa investigación, no sabemos cuáles son esos resultados, no sabemos si hubo una conducta que si bien puede aplicarse una prescripción, la Fiscalía no es el organismo que debe aplicarla. Por lo tanto, a nosotros nos parece de que aquí están ocurriendo situaciones que no son sanas para la libre competencia, no son sanas para la transparencia del mercado, no son sanas para que la Fiscalía aplique la legislación en cuanto a investigaciones realiza. creemos que aquí lo que está ocurriendo es que la Fiscalía se está tomando atribuciones que no le corresponde”.

El presidente de Conadecus recordó uno de los cuestionamientos que han planteado como organización, que tiene que ver con que la FNE no puede quedar con la atribución exclusiva de investigar los casos de colusión: “Nosotros siempre dijimos que no se le podía dar la atribución exclusiva a un funcionario público, nominado por el Presidente de la República, lo cual significaba que queda poco menos que capturado del gobierno de turno”.

Hernán Calderón, en la misma línea que el Ministro de Economía, llamó a la Fiscalía a hacer pública la investigación sobre este caso, como por ejemplo los antecedentes que la CMPC entregó al momento de acogerse al mecanismo de delación compensada.

Finalmente, el fiscal Carlos Gajardo se refirió a través de su cuenta de Twitter a esta decisión de la FNE y recordó la pugna que existe entre este organismo y el Ministerio Público por la atribución exclusiva que tiene la FNE de iniciar investigaciones, pudiendo pasar años antes que el Ministerio Público pueda iniciar un proceso penal en contra de casos de colusión: “Para iniciar investigación penal por colusión se requiere denuncia de FNE terminado el proceso administrativo. El tiempo pasa y la verdad huye”.