En su despacho, entre reuniones y conferencias internacionales, el rector de la Pontificia Universidad Católica se toma unos minutos para conversar del estado de la educación. La reforma que hoy se tramita en el Congreso es una preocupación para todos los planteles; los desacuerdos con el Ministerio de Educación tienen entrampada una normativa que se encuentra presionada por el tiempo: al Gobierno le quedan poco más de 11 meses para legislar, un cambio de mando podría dejar en letra muerta la mayor promesa de Michelle Bachelet: reformar el corazón de la educación chilena.

Ignacio Sánchez vuelve a reiterar que la reforma a la educación superior, que lleva casi seis meses en el Congreso y que hoy se encuentra prácticamente detenida desde hace a lo menos cuatro, está esperando cambios, modificaciones sustitutivas, actualización del texto, debido, principalmente, a que no concitó el apoyo de ninguno de los sectores: “Nosotros como Universidad Católica, desde que se presentó el proyecto, dijimos que había muchos elementos faltantes, muchos elementos que se presentaron de manera errónea. Por lo tanto, volvimos a entregar todos los comentarios que ya habíamos planteado en la etapa prelegislativa donde mostramos nuestra posición en materias como autonomía, decisión de lo público, desarrollo de la ciencia, sistema de admisión, financiamiento, regionalización, etc. Desde hace meses hemos conversado con el Ministerio de cómo corregir un texto que se presentó de manera errónea, con problemas de calidad, problemas de mirada de futuro”.

El rector respondió a los parlamentarios que plantean que la crisis del CRUCh es la responsable de los retrasos del proyecto. Si bien reconoció que hay una tensión evidente entre los rectores, lo que tiene como consecuencia la ausencia del grupo de universidades públicas no estatales de la reunión de coordinación que se desarrollará en Arica, aseguró que las culpas no son de ellos. “Estoy de acuerdo con los parlamentarios de que no podría haber un peor momento para tener esta tensión que el actual. En este momento debiéramos estar unidos, en trabajo en equipo, orientados a corregir los problemas de la Reforma, por lo tanto, es cierto que en este momento sería muchísimo más importante y útil tener un Consejo de Rectores unificado”.

Sánchez descartó de plano que la responsabilidad en el retraso del proyecto sea de los rectores: “La responsabilidad de tener una mala reforma y un mal texto es principalmente responsabilidad del Gobierno. Nosotros como universidades queremos corregirlos, lamentablemente este es un momento difícil para el desarrollo del Consejo de Rectores y no colabora con el desarrollo, con la mejora del proyecto”.

¿Cómo influye el desarrollo de la reforma a la educación superior en la relación actual que tienen los rectores en el CRUCh?

Hay un punto donde tenemos distintas miradas, donde no hemos podido llegar a acuerdo: La definición de lo público.

En prácticamente todo el resto de los puntos e indicaciones en que creemos que debe corregirse el texto, tenemos una definición como cuerpo, como equipo. Donde no hay consenso, lo que nos ha impedido tener un documento oficial como Consejo de Rectores y donde nosotros como G-9 no hemos estado de acuerdo en suscribir un documento de equipo es, fundamentalmente, en la definición de lo público. Nosotros creemos que lo público no es solo lo estatal y que hay instituciones no estatales que trabajan desde lo público desde hace más de cien años y que, en el Consejo de Rectores, está muy bien representado.

Mientras no se amplíe el concepto de lo público, las universidades del G-9 no pueden concordar en un texto común para entregárselo al Ministerio como un aporte. Ahora, esa es la esencia del elemento divisorio. Es el punto central de la diferencia.

¿El debate sobre la propiedad de las universidades tiene alguna posibilidad de ser zanjado en el corto plazo?

Nosotros tenemos toda la voluntad. Durante casi sesenta años el Consejo de Rectores se desarrolló en un ambiente comunitario, respetando las diferencias y valorando las diferencias de propiedad. Hace algunos años atrás, las mismas universidades estatales comenzaron a a levantar esas diferencias que terminaron por producir la división. Todos sabemos que hay instituciones que le pertenecen al Estado y otras no, por algo tenemos este consejo de rectores creado en 1954, eso no es un misterio para nadie. El Consejo de Rectores se crea con instituciones que tienen distinta propiedad. Inicialmente son ocho universidades, dos del Estado y seis que no lo son.

Entonces, cuando uno recuerda cómo este grupo de instituciones ha trabajado muy lealmente entre ellas, es lógico preguntar por qué han surgido estas divisiones actuales: se han producido por este afán de hacer énfasis en la propiedad. Debemos buscar la forma en que este trabajo se haga en conjunto y que no estemos, reiteradamente, tratando de separar por propiedad la pertinencia y la labor de las universidades, esto porque las universidades del Consejo de Rectores que no le pertenecen al Estado, también han entregado bienes públicos, se han comprometido con sus comunidades, por lo tanto, desde el punto de vista de lo que hacemos, no tenemos ninguna diferencia.

¿Cómo influye la entrega de recursos por parte del Estado en la relación de las universidades estatales y las públicas no estatales?

Es lógico que cada institución tenga sus proyectos y que busquen tener más apoyo para financiarse. Hoy, la gran mayoría de las universidades dependen excesivamente del aporte de los estudiantes, las matrículas representan casi el 65 por ciento de los ingresos, eso en países desarrollados en educación superior nunca supera el 30%. En ese contexto, es lógico que cada institución busque tener mayor apoyo para entregar mayores bienes públicos.

Sin embargo, creo que en el financiamiento hay una confusión importante: no hay ninguna institución del G9 que no entienda que el Estado tiene que apoyar a sus instituciones. Estamos de acuerdo que el Estado financie bien a sus universidades, pero no entendemos que esto se haga a expensas de otras instituciones. Por lo tanto, el Estado tiene que hacerse cargo también de las otras instituciones que entregan y aportan a la educación superior de carácter público.

En otro aspecto, sería interesante exponer todos los fondos estatales que reciben las instituciones. Dentro de las universidades estatales hay una gran diferencia entre unas y otras. Las de regiones y regiones extremas están claramente muy maltratadas por el Estado, porque tienen muy pocos aportes. Hay otras estatales que reciben muy significativos aportes, muchísimo más que los que reciben las universidades del G9.

En ese sentido, cuando se dice que “las universidades estatales hemos sido maltratadas” es cierto para algunos casos, pero no para otros. Lo mismo al interior del G9.

Así, también sería interesante tener una tabla para saber cuánto recibe y cuánto entrega cada institución porque los vienes públicos y los recursos del Estado tienen que ser bien administrados. Es necesario hacer ese análisis de efectividad y rendimiento desde cada una de las instituciones para ver si algunas que reciben mucho, merecen ese monto, o merecen más; a lo mejor hay otras que reciben mucho y no están a la altura de lo que se recibe.

¿Cuál es la opinión sobre la existencia del Crédito con Aval del Estado?, ¿hay que mantenerlo, reformarlo …?

El financiamiento de la educación superior requiere algún tipo de crédito. No podemos tener gratuidad para todos, tampoco podemos dejar gratuidad para algunos y que los demás no tengan formas de acceso. Por lo tanto, tenemos que ser creativos en ver qué tipo de crédito, con qué tasas de interés, con qué involucramiento del Estado.

Nosotros hemos dicho que creemos que el CAE tiene que modificarse sustantivamente. Nos gustaría que la banca privada saliera del crédito y que los fondos estatales pudieran financiar un sistema de crédito bien implementado, con la menor tasa de interés posible, ojalá interés cero y con porcentajes de retorno significativo para que se forme un monto solidario para que futuros nuevos estudiantes puedan realizar sus estudios.

Desde hace muchos años el CAE ha estado en el ojo de la mirada, se han ido bajando los intereses. Los dos gobiernos últimos han indicado que quieren forman un fondo público, sacar a la banca, pero no se avanza en eso. Nosotros apoyamos ese cambio, pero debemos ser objetivos en reconocer que a través de este sistema se ha permito acceso a estudios a muchas personas, algunos han estudiado en instituciones de baja calidad y, efectivamente, eso ha sido fraude para ellos porque se han endeudado, muchos han desertado, o han egresado de instituciones de baja calidad. También, en otros casos no ha sido así, por eso, me parece que el vídeo hecho por el Consorcio de las Universidades del Estado (CUECh) es sesgado, podrá ser catalogado de humorístico, pero me parece que si quieren informar sobre el CAE, tendrían que hacerlo con mayor prolijidad para hacer algo que realmente informe.

Es cierto que hay segmentos de la población que han tenido experiencias muy negativas a través de instituciones de muy baja calidad. y, también es cierto, que el CAE ha permitido que estudiantes accedan a instituciones de gran calidad como DUOC. No se trata de defender un CAE que es modificable, tampoco de demonizarlo. Hay que evaluar qué tipo de crédito queremos y cómo lo mejoramos, partiendo de la base que el CAE se creó hace algunos años y ahora hay que cambiarlo.

Siguiendo en materia de financiamiento, ¿por qué se decide demandar al Estado por la entrega del Aporte Fiscal Indirecto?

Hay una comprensión errónea de lo que nosotros estamos haciendo. Presentamos una querella por incumplimiento de la ley, no estamos defendiendo el AFI, no estamos defendiendo tampoco su mecanismo de distribución.

Desde hace mucho tiempo hemos presentado alternativas diferentes para distribuir el AFI. Aquí hay algo más profundo y es que en el estado de derecho chileno la ley hay que cumplirla y mientras la ley del AFI esté vigente, hay que cumplirla.

Tampoco tenemos polémica con la Presidenta de la Federación que apoya que la institución haya presentado esta querella por falta de cumplimiento de la ley, por el contrario, estamos muy de acuerdo con ella y con la Federación en el sentido que el AFI requiere un cambio en su mecanismo de asignación.

Pero está tan vigente que el proyecto de educación que hoy se tramita dice: “se modificará el AFI, o se derogará el AFI”. El Gobierno reafirma así la existencia de una ley que mientras no se derogue, hay que cumplirla.

¿Qué balance hace de la gratuidad?, ¿había que empezar por ahí en la Reforma?

Hemos sido bien claros, consideramos que es sumamente importante focalizar la gratuidad en quienes más lo requieren, pero también consideramos que la gratuidad es una política muy mal implementada porque produce un desfinanciamiento de las instituciones.

Hay cerca de veinte instituciones de las treinta que están en gratuidad que han presentado déficit en sus presupestos, variables, pero muy importantes. Lo que hemos dicho es que hay que evaluar los aranceles de referencia que se determinan, cómo se calculan los aranceles regulados, etc. Porque si finalmente vamos a implementar una política de gratuidad que va a producir un desfinanciamiento, en el corto, mediano o largo plazo, la calidad de las instituciones va a disminuir.

No hay ninguna duda que si una institución comienza a tener déficit de mil, mil quinientos millones, en forma permanente, va a tener que dismunuir la contratación de profesores, la inversión en infraestructura, la inversión en innovación docente. Entonces, cuando las autoridades de gobierno dicen: “bueno, la gratuidad es voluntaria”, nosotros como Universidad queremos tener a los mejores, independiente de su procedencia, por lo tanto, no es tan opcional porque es un compromiso país. Una universidad del Consejo de Rectores no puede decir que porque la gratuidad le produce déficit no va a entrar, no es un argumento válido el que sea opcional porque tenemos un compromiso con las familias y con los estudiantes para ofrecerles una universidad de calidad internacional, como es esta.

En segundo término, las autoridades del Gobierno han dicho que las universidades del Consejo de Rectores tenemos fondos basales, pero eso es no entender para qué sirven: son fondos que recibimos las universidades para crear conocimiento, para entregar investigación, productos de valor para el país en ciencia, humanidades y arte. Yo no quiero estar en una situación en la que cada año tengamos que sacar fondos basales para paliar déficit de gratuidad. Por que si es así, el proyecto de reforma educacional va a estar tan cruzado con el de gratuidad que en vez de aumentar la calidad, vamos a tener que bajarla para poder seguir financiando a las instituciones. Eso no creo que sea lo que busque el Gobierno.

¿Se puede hacer una reforma a la educación superior sin aumentar el aporte país al desarrollo de la ciencia?

Este proyecto tiene que tener una mirada de futuro y esa mirada no es posible si no se piensa en ciencia, desarrollo, investigación, humanidades, artes. Por eso, llama la atención que estas palabras aparezcan tan pocas veces.

En otros países están discutiendo cómo se desarrolla la innovación, cuáles son los cambios en docencia, cómo se articula la universidad con la industria. En Chile estamos entrampados en regulaciones, en institucionalidad, en financiamiento y en gratuidad, y no estamos viendo los temas de futuro para que las universidades sean centros de expresión y reflexión de lo que el Chile del mañana necesita.

La reforma, si queremos que nos proyecte para los próximos 30 o 40 años, tiene que tener una mirada en la ciencia, en la investigación y en el desarrollo mucho más potente que lo que está teniendo hoy.