Los aplazamientos de sus tramitaciones y los acuerdos que tendrían que alcanzarse con Chile Vamos sitúan en una posición más bien desfavorable a tres proyectos comprometidos por el Gobierno: Reforma a la Educación Superior, Ley de Migraciones y la tramitación de una nueva Constitución.

Algunos parlamentarios han advertido que su aprobación en los meses que restan al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se estaría poniendo en duda, considerando los plazos legislativos.

Uno de los proyectos emblemáticos presentados en el Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría fue la Reforma a la Educación Superior la que, sin embargo, demoró dos años en ingresar al Congreso y suma siete meses en esta instancia.

La titular de la cartera, ministra Adriana Delpiano, aseguró que las indicaciones a la iniciativa se presentarían en marzo descartando el mes de enero como estaba proyectado.

Plazos que preocupan considerando que también se encuentra en tramitación el proyecto de Nueva Educación Pública, que debe ser votado en general en el Senado.

El diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la comisión de Educación, Mario Venegas, mostró su preocupación por el escaso avance que ha tenido la reforma, ya que este año el proyecto seguirá tramitándose en medio de las elecciones presidenciales y parlamentarias lo que podría desviar la atención del Ejecutivo sobre estas materias, expresó el diputado.

“Se pone en serio riesgo la posibilidad de aprobar este proyecto. Lo lamento profundamente porque es la iniciativa que corona una nueva institucionalidad de la educación superior y podría quedar sin terminar”, afirmó.

Respecto del proceso constituyente, la entrega al Ejecutivo de las Bases Ciudadanas del proceso participativo fue hecha con dos meses y medio de retraso.

Este lunes, la presidenta Michelle Bachelet comprometió el ingreso de un proyecto que modificaría el capítulo XV de la Constitución para establecer el mecanismo mediante el cual se elaboraría la nueva Carta Fundamental. Sin embargo, se esperaba que en diciembre pasado se hubiese concretado esta acción del Ejecutivo.

Las dificultades del proceso apuntan al apoyo requerido para aprobar la reforma: dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio, es decir, el quórum más alto que establece la legislación. Esto implica lograr “amplios” consensos con los parlamentarios de la oposición.

El candidato presidencial y senador independiente pro Partido Radical, Alejandro Guiller, estimó que de no contar con un acuerdo transversal sería más sensato dejar la tramitación para un próximo gobierno.

También se refirió a este tema, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado del PPD, Guillermo Ceroni: “Todo lo que se ha significado el proceso constituyente y las metas que se han planteado han avanzado lentamente. Es un tema tan discutible que veo difícil que en este periodo se den las facultades al próximo Congreso para que tomen la decisión de cómo avanzar. Siendo un tema tan importante creo que es difícil se cumpla la meta”, señaló.

Una situación similar se ha observado con la tramitación de la Ley de Migraciones.

Se esperaba que la iniciativa que modifica la legislación de1975 ingresara este martes al Congreso. Sin embargo, el Gobierno informó que estarían revisando algunos detalles del documento y decidió postergarlo para el 23 de enero como plazo máximo.

El jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval, reconoció que no se han cumplido los plazos y a estas alturas habría que enfocarse en algunos de los objetivos y no en la totalidad de una legislación.

“Han ido surgiendo determinadas condiciones que no han permitido darle cumplimiento como uno quisiera, particularmente la situación económica. Es cierto que no se han cumplido los plazos que el Gobierno ha señalado y en vez de eso deberíamos mirar los objetivos”.

Estos temas han sido abordados por los presidentes de partido de la Nueva Mayoría y, en particular, este lunes en el Comité Político de La Moneda donde afirmaron que parte de estas iniciativas deben ingresar con urgencia al Parlamento.

Esto, considerando que durante febrero el Congreso no sesiona y, por lo tanto, en marzo se evaluarían las prioridades legislativas para los meses que restan al gobierno de Michelle Bachelet.