El 6 de enero de 2016, diez parlamentarios de la Nueva Mayoría presentaron un proyecto de ley. La iniciativa promovida por la bancada del Partido Comunista buscaba lo imposible: anular un proyecto de ley, la ley de Pesca. La diputada Cristina Girardi fue una de las que presentó la moción, acto que resultaba coherente con su voto de rechazo emitido cuando se presentó el proyecto.

“Todos nos acusaron de ridículos por esto. Yo creo que una ley que uno sabe que se construyó para ser efectivamente un traje a la medida de las empresas, tiene que ser anulada. Y si nosotros insistimos en legitimarla, me parece que esa imagen que tiene el parlamento de corrupción la tiene muy bien puesta”, afirmó la parlamentaria del PPD en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

A un año de la moción de nulidad, el tema de la ley de pesca ha vuelto a estar sobre la mesa. A la ya conocida influencia de grupos empresariales sobre el ex ministro de Economía y senador de la UDI, Pablo Longueira, en los procesos de redacción y aprobación de la ley, se sumó la participación de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe.

Por estos días, se conocieron una serie de correos electrónicos entre la senadora de la UDI y el ex presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bíobío (Asipes), Luis Felipe Moncada, quien otorgaba “instrucciones” y “minutas” para que la parlamentaria defendiera en el marco de la tramitación de la ley de pesca.

“Es lamentable que Jacqueline Van Rysselberghe esté involucrada en esto y digo lamentablemente porque yo no tenía esa imagen de ella. El problema de fondo es que seguimos aplicando la misma ley. Yo creo no basta con señalar que estas personas son corruptas, que se vendieron a las pesqueras y que defienden claramente los intereses económicos y privados de estas empresas y no los intereses del país, eso está claro. Pero bueno ¿Nos vamos a quedar con eso no más?”, apuntó la diputada Girardi.

Ante esto, la parlamentaria agregó que a su juicio la ley fue hecha como un traje a la medida de las empresas, lo que hace insostenible no buscarle una salida a la situación que afecta el interés público del Estado.

Sobre la imposibilidad de anular

Técnicamente no existe ninguna figura jurídica que permita la “anulación” de una ley. El mecanismo actualmente vigente es el de la derogación (expresa o tácita), donde viene una nueva ley a establecer ciertas disposiciones normativas que van a reemplazar a la ley antigua.

En este escenario, la principal razón esgrimida por los parlamentarios para solicitar la anulación, es evitar los efectos patrimoniales que pudiera tener, es decir, para evitar el pago de millonarias indemnizaciones a las empresas que actualmente controlan la extracción de los recursos marinos.

En términos políticos, la solicitud de anulación permitió en ese momento discutir un tema en que, debido al complejo escenario de corrupción, resulta difícil para los parlamentarios de todos los partidos oponerse.

“Cuando tú haces algo que es imposible, se hace sabiendo que es importante plantear el tema y que hay que buscar la forma. Yo hubiera esperado de verdad que cuando nosotros presentamos esto, en vez de tratarnos de ridículos, el Ejecutivo hubiera reconocido que la ley se fraguó en un ambiente de corrupción, que claramente no responde al interés del país”, explicó Girardi.

Además, la diputada evidenció la incapacidad legal de los parlamentarios de levantar una moción en esta área, por tener iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Ante ese escenario, las expectativas estaban puestas en que la moción de nulidad sirviera para visibilizar el tema, darle la urgencia que merece y sobre todo, se esperaba que con esta acción el Ejecutivo, haciendo uso de su exclusiva facultad, presentara una nueva ley de pesca que derogara expresa y completamente la anterior.

“Eso es lo que yo creo que debiéramos haber hecho como país. Yo esperaba eso del Ejecutivo y no decir que éramos unos ridículos que presentábamos algo que era imposible de hacer”, señaló la parlamentaria.

Finalmente, la diputada del PPD manifestó la urgencia de establecer una nueva ley que permita sacar del ordenamiento jurídico la ley de pesca vigente, sobre todo considerando la corrompida forma en que fue concebida.

“Efectivamente, hasta en la redacción quedaba de manifiesto. Bastaba leerlo para saber que era una ley que estaba al servicio de las empresas. Hoy día sabemos además que parlamentarios o ministros fueron corrompidos para que esa situación ocurriera de esa manera. Si ya lo sabemos, entonces  es hora de actuar en consecuencia”, concluyó.