El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple sus primeros días de condena de un total de 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero, y las cosas en el gigante sudamericano, lejos de calmarse, están cada día más intensas.

En las inmediaciones del penal donde se encuentra, en la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil, se instaló un campamento llamado “Lula Libre”, en el que cientos de adherentes al ex mandatario pernoctan para acompañar a su líder. Según los participantes, se quedarán en el sitio hasta que Lula recupere su libertad.

Paralelamente, múltiples manifestaciones se han registrado a lo largo y ancho del país. En los barrios más acomodados celebran la privación de libertad de Lula, mientras que en barrios populares el rechazo se hace sentir con fuerza.

De hecho, hasta este martes se han reportado decenas de cortes en carreteras, donde grupos de trabajadores y militantes encienden barricadas y se enfrentan con la policía.

Para este miércoles 11 de abril, está programada una jornada nacional de movilización convocada por diversas organizaciones sociales. La manifestación coincidirá con un día clave: el Supremo Tribunal Federal (STF) sesionará para analizar dos acciones declaratorias de constitucionalidad que podrían declarar inconstitucional la detención de Lula.

Esto será posible porque el juez Marco Aurélio Mello, miembro del STF (mismo organismo que negó el habeas corpus), pedirá revisar la jurisprudencia que permitió encarcelar al llamado primer presidente obrero de Brasil.

Concretamente, se debatirá sobre la norma que autoriza confinar a personas condenadas en segunda instancia y que aun cuentan con recursos judiciales.

Cristiano Zanin Martins, abogado defensor de ex mandatario, dijo a la cadena televisiva Telesur, que existen altas expectativas por los recursos que aún faltan por presentar.

“Es importante recordar que nuestro presidente Lula no tiene una condena definitiva, él fue condenado en segunda instancia, sin embargo, aún tiene derecho a recursos a tribunales superiores y tenemos la expectativa real de que esos recursos revertirán la condena”.

Para el jurista, esta confianza se fundamenta en que para condenar a una persona es necesario identificar una conducta y demostrar que configura un crimen, sin embargo, en el caso del petista, su condena está basada en actos indeterminados. “Esta situación es lo que nos lleva a creer que habrá una reversión de la condena”, dijo Zanin.

El abogado afirmó también que a través de la vía judicial se busca impedir que Lula retorne al Palácio do Planalto, casa de gobierno de la República Federativa de Brasil.

“Nosotros hemos dicho que Lula es víctima de la guerra jurídica, que es el mal uso o abuso de la ley para fines de persecución política. Hay aquí acusaciones sin materialidad solo con el objetivo claro de sacar al ex presidente de la vida política e impedir que se candidatee a las venideras elecciones”.

Desde el Partido de los Trabajadores, se insiste en la inocencia de Lula, de hecho, en declaraciones, la senadora y presidenta de la colectividad, Gleisi Hoffman, indicó que el otrora jefe de Estado “es el primer preso político en Brasil desde la Constitución de 1988”.

Pese a la actual situación de su líder, la tienda política fundada en 1980 confirmó que Lula sigue siendo su candidato presidencial para las elecciones de octubre próximo.

Según las encuestas, el ex presidente brasileño no ha perdido popularidad, de hecho, sigue liderando la intención de voto en Brasil. Algunos analistas incluso han llegado a afirmar que su actual situación le es conveniente, pues sigue alimentando el “mito Lula”, aquel presidente que saco de la pobreza a más de 30 millones de brasileños.