Luiz Inácio Lula da Silva cumple hoy 95 días de prisión política en un Brasil que, según la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, vive un verdadero caos institucional.
“Llegamos a una situación en que el país no tiene más seguridad jurídica; el sistema de justicia, totalmente sometido a (la operación anticorrupción) Lava Jato y al poder de la Red Globo, dejó de guiarse por la ley, por el derecho, por la Constitución y por la jerarquía de las instancias”, sostuvo.
Hoffmann se pronunció después que el juez Sergio Moro, primero; el magistrado del Tribunal Regional de la Cuarta región (TRF-4) Joao Gebran Neto, más tarde, y el propio titular de esa corte, Carlos Eduardo Thompson Flores, después, frenaran la orden de libertad a favor del ex presidente Lula librada por el magistrado Rogério Favreto.
“Moro, Thompson, Gebran y los delegados de guardia en la Policía Federal (PF) en Curitiba son todos cómplices de la misma violencia contra los derechos de Lula, contra la democracia y contra la libertad del pueblo de votar en quien mejor lo representa en las elecciones presidenciales de octubre”, denunció.
Alertó además que todas esas arbitrariedades ocurren delante de los ojos de las cortes superiores, que deberían asegurar el imperio de la ley y del derecho, inclusive sobre el sistema judicial del país. “Pero, contra Lula vale todo, aun al costo de instalarse esta vergonzosa anarquía en el Poder Judicial”, lamentó.
La posibilidad de que Lula fuera liberado este domingo quedó finalmente desestimada con la decisión del presidente del Tribunal Regional de la Cuarta Región, Thompson Flores, de remitir los autos al gabinete de Gebran Neto y mantener firme la resolución de este último de revocar la orden inicial dada por Favreto de excarcelar inmediatamente al ex dignatario.
En un comentario sobre los hechos, el columnista del diario digital Brasil 247 Paulo Moreira Leite señaló que la “pelea callejera” de Moro y Gebran Neto para impedir la liberación de Lula fue “un lance definitivo para desmoralizar a Lava Jato”, transformada en una acción de persecución política contra el Estado Democrático de Derecho.
“La intervención fuera de hora y de lugar de Moro y Gebran sólo ayuda a reforzar la convicción de que el país asiste a los movimientos de una operación política destinada a impedir, de cualquier manera, que Lula tenga sus derechos respetados, como todo ciudadano brasileño”, indicó.