A través de un comunicado de prensa, la Escuela de Salud Pública de nuestra casa de estudios manifestó su respaldo a las organizaciones y miembros de la comunidad de las zonas de sacrificio de Quintero y Puchuncaví.

Junto con este apoyo a las organizaciones, afirmamos la urgente necesidad de una respuesta desde el Estado para la creación de instrumentos efectivos de vigilancia, regulación y fiscalización para afrontar la prevención y detención del daño en el ambiente y las comunidades, que por años han recibido el impacto de la sobre concentración de industrias que ponen en peligro la sobrevida de estas comunidades en términos del deterioro de su patrimonio cultural, laboral, habitacional, además de los riesgos a la salud que han sido documentados en investigaciones previas y que dan cuenta de una situación de peligro permanente a la vida y seguridad humana. Se suma la ausencia de adecuados planes de comunicación de riesgos que permitan a la población estar en conocimiento de la situación ambiental de sus comunas y riesgos de exposición crónica a contaminantes.

La zona en cuestión concentra a diversas industrias contaminantes, entre las principales vinculadas a la refinería del petróleo (ENAP), fundición de cobre (CODELCO) y de generación termoeléctrica (Aes Gener), que son entidades corresponsables del deterioro ambiental en la zona, más allá de quienes resulten responsables directos del episodio ambiental. Esta área industrial ha sufrido una sucesión de modificaciones en su plan regulador potenciándose el crecimiento de la industria peligrosa, incrementándose la contigüidad de la industria a las zonas residenciales, en desmedro del suelo destinado a la agricultura y de acceso a recursos marinos seguros, prácticas que han sido parte del patrimonio cultural de sus habitantes y que se han visto profundamente impactadas por la inserción industrial en la zona. Junto con ello, estas comunidades concentran índice de pobreza elevados, y han vivenciado procesos migratorios importantes, todos aspectos que permite sostener que se trata de una zona de gran vulnerabilidad socio-ambiental que agrava los problemas de salud pública vinculados a la contaminación industrial. Esta situación constituye una injusticia social y ambiental grave, existiendo discriminación de las personas con vulnerabilidad que viven en este sector, cuyo abordaje corresponde primariamente al Estado.

Estos antecedentes implican que la zona en su conjunto no puede continuar siendo manejada como un problema episódico y reactivo de contingencias ambientales, desde el manejo individual de las empresas, sino que deben adoptarse medidas integrales para atender y subsanar los impactos históricos que recaen en estas comunidades.

Es importante recalcar, que al igual que en eventos de intoxicación anteriores por emanación de contaminantes industriales desde el parque industrial Ventanas, la población infantil ha sido fuertemente impactada por su dependencia al entorno en el que viven. Es inaceptable que estas empresas operen bajo estándares que en países desarrollados no serían permitidos y que los esfuerzos para proteger la salud de su población, en particular de niños y niñas aún sean insuficientes. En condiciones medioambientales adversas en donde toda la población se ve afectada, los niños/as sufren aún más y proteger su salud es una prioridad social, de la comunidad académica y del Estado.

Junto con plegar al petitorio de las organizaciones sociales de Quinteros y Puchuncaví (archivo para descargar), también llamamos a promover su difusión, a mantenerse informadas e informados de la situación y a sumarse a este gran movimiento de apoyo por lograr cambios contundentes en la política y gestión ambiental de nuestros territorios.

Dra. Verónica Iglesias, PhD Salud Pública. Directora(s).

Prof. Karla Yohannessen, MSP, Jeja Programa Salud Ambiental.
Dr. Alvaro Lefio, Médico Especialista en Salud Pública, Jefe Programa de Salud y Comunidad.
Dra. Soledad Martínez, MSP PhD, Jefa Programa de Políticas y Gestión
Ing. Nella Marchetti, Jefa Programa Salud Ocupacional
Dra. Soledad Burgos, MSP PhD Salud Pública y Medio Ambiente, Coordinadora Extensión
Dr. Dante Cáceres, MSP, PhD, Programa Salud Ambiental.
Prof. María Pía Muñoz, MSP, Programa de Epidemiología
Dr. Faustino Alonso, MSP, Programa de Epidemiología
Prof. Fanny Berlagoscky, Programa de Salud y Comunidad
Prof. Ana María Oyarce, Programa de Salud y Comunidad