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La lección del quiebre

Columna de opinión por Eduardo Saavedra
Viernes 7 de septiembre 2018 7:50 hrs.


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Tal como inequívocamente lo manifesté en una columna anterior, formo parte del más sentido repudio a esa absurda pretensión de ciertos personeros del mundo conservador de exigir que la memoria de los crímenes contra los derechos humanos perpetrados por la dictadura cívico-militar, que la mayoría de ellos apoyó, sean contextualizados o, peor aún, empatados con los antecedentes histórico-políticos del quiebre de la democracia en Chile, próximo a cumplir 45 años.

Es claro que desde la perspectiva de la memoria del horror, los antecedentes del quiebre de la democracia, por un lado, y los crímenes de la dictadura cívico-militar, por otro, son dos episodios completamente distintos y, por ello, de ningún modo “empatables”. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad histórica, ¿deben permanecer absolutamente separados?

Siguiendo a Agustín Squella, destacado pensador político y profesor de Derecho, distinguir no es lo mismo que separar: “Distinguir es una acción que tiene que ver con descubrir y hacer visible la diferencia que hay entre una cosa y otra, mientras que separar constituye una acción que de manera deliberada pone distancia entre dos cosas”.

En este sentido, los antecedentes del quiebre de la democracia y los crímenes contra los derechos humanos cometidos por la dictadura son, desde la conciencia moral, dos episodios completamente distintos, y que precisamente por ser incomparables, empatarlos constituye una inmoralidad. Pero, nuestra conciencia histórica nos dice que ambos episodios son dos eslabones imposibles de separar.

Porque si fueran separables, no nos lamentaríamos del quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973, y solamente nos acongojarían los horrores acontecidos desde esa fecha. Lo que no es posible ni deseable.

No es posible, porque un golpe militar necesariamente conduce a una dictadura militar, o al menos a un breve “período autoritario de excepción”, donde quienes detentan un poder ilimitado inevitablemente cometen atropellos. ¿No fue lo que ocurrió en Perú, en 1992, luego del autogolpe encabezado por el entonces presidente Alberto Fujimori?

Pero tal separación tampoco es deseable, porque las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el régimen de Pinochet fueron parte integrante de un mismo clima social de hostilidad e intolerancia ideológica, que les sirvió de excusa o justificación a los partidarios de ese régimen para legitimar sus aparatos represivos y su ideología de una desmesurada y desigualitaria modernización capitalista con democracia protegida, plasmada en su Constitución de 1980, que hasta hoy sigue vigente.

En este sentido, confundir la distinción con la separación de ambos episodios no es sino un modo falaz de practicar el “negacionismo” de la responsabilidad histórica.

Es cierto que el gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, representó la esperanza de una sociedad justa e igualitaria para la inmensa mayoría de los chilenos que, durante décadas, fueron víctimas de la miseria, la explotación y la exclusión social, cultural y política por parte de los grupos dominantes. Pero no podemos desconocer que en esa coalición de izquierdas (utilizando la terminología de Max Weber) predominó una “ética de la convicción” en desmedro casi absoluto de una “ética de la responsabilidad”.

Entre los líderes de la Unidad Popular, prevaleció la convicción de imponer un proyecto ideológico de colectivización de los medios de producción sin una apreciación responsable de las condiciones institucionales para llevarlo a la práctica, y sin medir sus posibles consecuencias para el funcionamiento mismo de la democracia.

Fue así que se generó entre la izquierda y la derecha (aliada con los democristianos) un polarizado clima de confrontación ideológica, en el que predominó el dogmatismo en las ideas, la intolerancia ante la opinión del otro y los diálogos de sordos. A lo que se sumó la intervención del gobierno norteamericano de la época, que junto a los partidos y las facciones extremistas de derechas, planearon un golpe de Estado desde el mismo día en que Allende asumió el gobierno.

Y la severa crisis político-económica que el país vivió en ese entonces, le sirvió de “excusa perfecta” a los conspiradores civiles y militares para que, en nombre del “orden” y la “seguridad de la patria”, dieran el golpe de Estado e impusieran la más extensa y brutal tiranía que hayamos conocido en toda nuestra historia republicana.

Por cierto que los crímenes contra los derechos humanos son de exclusiva responsabilidad de la dictadura cívico-militar. Responsabilidad no sólo jurídica, sino también política y moral. Y no hay contexto, explicación ni menos justificación que permita empatarlos con los antecedentes del quiebre de la democracia.

Pero el infame carácter de estos crímenes de ningún modo puede servir de instrumento para negar la responsabilidad histórica de aquellos actores políticos y sociales que, directa e indirectamente, le abrieron paso a “la sustitución del gobierno de las personas por la administración de las cosas” en clave neoliberal-hitleriana.

Es por ello que la principal lección política que nos deja la experiencia gris y amarga del quiebre democrático, es que la democracia constitucional, llamada también liberal o “burguesa”, no es el instrumento idóneo para imponer este o aquel modelo de organización social. Prueba de ello fue que la dictadura de Pinochet se vio en la necesidad de dictar una constitución antidemocrática para perpetuar su proyecto ideológico de régimen del egoísmo.

La democracia, como nos lo recuerda el gran Octavio Paz, es un método de convivencia civilizada, y como dice el célebre Norberto Bobbio, no persigue un fin o unos fines preconcebidos. La democracia es un mecanismo formal, y sólo formal, para que los distintos individuos y grupos que conforman la sociedad puedan participar en las decisiones colectivas o de gobierno en igualdad de condiciones, pero con posibilidad de elegir libremente sus propias experiencias o formas de vida.

Nada tengo en contra de la política radical, si por aquella entendemos la aspiración sin fanatismos de transformaciones estructurales en la sociedad, orientada al reconocimiento universal de la igual dignidad humana. Pero es una ingenuidad (y a esta altura una irresponsabilidad) sostener que tales cambios puedan ser impulsados exclusivamente desde el poder y las funciones del Estado.

Los cambios estructurales presuponen otro tipo de transformación, que arranca ya no del poder político formal, sino desde la esfera cultural del poder social. Desde esas relaciones inter-subjetivas de no-gobierno, que a través de actos de imaginación mancomunada instituyen el auténtico poder constituyente y transformador de la sociedad.

Eduardo Saavedra Díaz.
Abogado.
Magister en Derecho Constitucional y DD.HH, Universidad de Talca.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.