Tras varios días de intenso debate, y después de un miércoles que estuvo cargado de reclamos desde el oficialismo por los cambios que la Comisión de Educación del Senado había hecho al proyecto Aula Segura, que ahora se llama Aula Democrática, anoche se logró la aprobación del proyecto con un importante apoyo y tras lograr un acuerdo con la oposición.

Recordemos que el Gobierno se manifestó muy molesto luego de una serie de cambios que hizo esta comisión  y durante la jornada de ayer hizo un llamado a que los senadores demostraran de qué lado estaban, pues la discusión debía seguir en la Comisión de Hacienda, donde se revisó por cerca de seis horas y luego se votó en sesión especial en la Sala del Senado, a últimas horas de la noche. Finalmente, tras una serie de intervenciones, la iniciativa,  que contaba con suma urgencia, fue aprobada por 33 votos a favor y uno en contra.

El voto disidente fue del senador RD Juan Ignacio Latorre, quien argumentó que con el proyecto no se va a acabar con la violencia en los colegios y que sólo se ataca la punta del iceberg.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, tras varios enojos en los últimos días, esta vez se manifestó muy contenta con el proceso que se dio ayer por la tarde y valoró poder lograr acuerdos. “Quiero agradecer a los senadores el trabajo que se ha hecho en conjunto. Siempre quisimos, como Ejecutivo, poder aprobar esta ley que va a dotar a los directores de facultades que ahora no tienen para enfrentar los hechos de violencia. Pero lo más importante, porque también era nuestra intención, lograrlo con un apoyo transversal de los senadores, porque es una señal de apoyo a los directores y profesores que han enfrentado situaciones adversas”, dijo.

La ministra de educación, Marcela Cubillos, celebró el acuerdo alcanzado con la oposición.

Discusión

Antes de la votación en Sala, Aula Democrática fue discutida en la Comisión de Hacienda, donde se logró un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, pero nuevamente a través de indicaciones que modificaron la propuesta inicial.

El proyecto final volvió a incluir la sanción de la expulsión, pero como una facultad para el director y no como un deber. También se estableció que el directivo debe iniciar un proceso sancionatorio en casos de faltas graves o gravísimas a los reglamentos internos del establecimiento, así como a las faltas que determina esta ley, como el porte de armas o de elementos incendiarios, agresiones a profesores, asistentes de la educación o manipuladores de alimentos. También se agregaron los actos que refieran a cualquier tipo de agresión sexual.

El senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, miembro de la Comisión de Hacienda, indicó que si se logró llegar a un consenso fue porque se terminó con las pugnas que impedían conversar con calma las modificaciones.

“Ese clima de polarización nos conduce al debate que siempre debe existir en el Congreso y más aún en el Senado. Hoy logramos articular un contexto distinto para crear este debate. Se cambió el proyecto de lo que llegó al Congreso. Se pasó de un artículo a cuatro artículos, además de hacer un compromiso político”, señaló.

Tal como lo había indicado la Comisión de Educación, las sanciones serán para cualquier miembro de la comunidad escolar y mientras dure el proceso de investigación de la falta, que debe ser de máximo 10 días, el alumno  podrá ser suspendido y tendrá la posibilidad de apelar a la sanción. Luego, el director del establecimiento tendrá un plazo de cinco días para resolver el caso.

El senador de Renovación Nacional José García Ruminot, integrante de la Comisión de Educación, donde se desató el debate más fuerte, dijo que el acuerdo es un gran beneficio para el pais y las  comunidades educativas.

“Son los acuerdos los que permiten que el país avance, que progrese, que nos entendamos, que seamos capaces de superar nuestras diferencias y podamos ofrecer a la ciudadanía, y en este caso a las comunidades educativas, un instrumento eficaz para luchar contra el flagelo de la violencia, particularmente de la violencia extrema. Es una buena noche para Chile, para las comunidades educativas, el transmitir una noticia positiva”, expresó.

A las indicaciones ya mencionadas también se sumó que la ley podrá ser aplicada no tan solo a establecimientos que reciben aportes del Estado, sino que también pueda vincularse con colegios particulares.

Durante la jornada de hoy se notificará a los diputados sobre la continuación de la discusión en la Cámara Alta y se espera que el proyecto sea debatido al regreso de la semana distrital, es decir, durante la primera semana de noviembre.