El pasado martes más de cien familias en Calama, fueron desalojadas de sus viviendas por Carabineros, quienes junto a personas con maquinaria pesada, prácticamente destruyeron la Toma Vegas del Sailao.

El hecho se suma a otros sucesos similares que se han registrado en ciudades del norte del país como Antofagasta e Iquique, donde inmigrantes y nacionales se unen para lograr establecerse en un terreno apartado, por años olvidado, pero que de un día para otro es reclamado por sus dueños.

La académica Yasna Contreras, del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile, investigó por cinco años en esas mismas localidades, los fenómenos como la gentrificación, la movilidad residencial y la migración latinoamericana.

Para la también docente de la cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de nuestra casa de estudios, es inquietante el accionar de la fuerza policial contra estas familias que en algunos casos, por más de 15 años, han vivido en dichos predios.

“No hay una nacionalidad vinculada a la demanda que existe hoy por el acceso a la vivienda, sino más bien, a partir del proceso migratorio, son ellos los que han visibilizado la reclamación por morada y mostrarle al Estado que las soluciones que ellos están dando son insuficientes, con escaso compromiso, especialmente en ciudades relativamente ricas, pero muy desiguales, por lo que son marginados en el acceso a una residencia”, afirmó.

Para la académica de nuestra casa de estudios Yasna Contreras, la opción de autoconstrucción de viviendas por parte de comités de pobladores, es válida en la mayoría de los casos.

Una iniciativa que para la experta, surge debido a las irregulares iniciativas que impulsan los gobiernos de turno y que no han dado efectos positivos.

“La autoconstrucción es una práctica que a los chilenos nos llama mucho la atención, es una costumbre de hacer territorio muy latinoamericana, entonces porqué desconocer que la autoconstrucción es una forma de habitar que no es ajena a como se ha ido construyendo este país, y eso va develando la mirada racista que tenemos, de sentirnos más ricos. Además, existe una costumbre por parte del Estado de trasmitir esta idea de propiedad de la vivienda. Una cosa es la propiedad de la vivienda y otra cosa distinta es la propiedad del suelo”, argumentó.

Para Contreras, los campamentos no aumentan, sí se incrementa la cantidad de familias que integran los asentamientos, muchos de estos predios otorgados de forma transitoria por las mismas autoridades.

La académica también criticó el rol que han jugado los diferentes municipios. Entidades que para ella, tratan de invisibilizar el problema y no atienden las dificultades de sus propios habitantes.

“Por ejemplo en Calama, se está discutiendo el plan regulador, pero no se está teniendo presente que toda la zona poniente fue la que más creció. En Antofagasta llama la atención que el municipio esté ausente en gran parte del debate y se margina del problema de la desigualdad. En Iquique siempre se hermosea el borde costero. No se analiza la disponibilidad de suelo que existe al interior de las ciudades, ver cómo se puede negociar esa recuperación de suelo, de territorios industriales, del Ejército por ejemplo que están entregados en comodato, el mismo Andrónico Luksic, qué posibilidades existen de recuperar fajas del ferrocarril, para la construcción de interés social”, subrayó.

Según el catastro realizado por el Centro de Investigación Social de Techo-Chile en 2017, se evidenció que en el país hay cerca de 41 mil familias viviendo en campamentos.

Una cifra que aumentó en un 48 por ciento en los últimos seis años. En el norte se concentra la mayor cantidad de personas en esta precaria situación, donde Antofagasta experimentó un alza de 487 por ciento desde el 2011 a la fecha.

De acuerdo al análisis de la académica Yasna Contreras, la cantidad de familias responde a “prácticas históricas de ocupación del suelo, que a falta de terrenos urbanizables, ha avanzado mediante crecimiento espontáneo” y sin la atención adecuada por parte del poder central y local.