Uno de los principales temas de la campaña presidencial en Brasil fue el de la violencia, el crimen organizado y la restricción de las garantías a quienes están privados de libertad.

Considerando los altos niveles de delincuencia que enfrenta el gigante sudamericano en sus principales ciudades, resultaba ser uno de los principales focos que se abordarían, mientras la población esperaba escuchar medidas drásticas para enfrentar el clima de inseguridad al que contribuyen en gran parte los medios de comunicación.

Desde la llegada de Michel Temer a la presidencia de Brasil después del golpe de estado institucional contra el gobierno de Dilma Rousseff, la situación de los trabajadores brasileños ha empeorado. Según datos oficiales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, un 12,4 por ciento de la población está desempleada, pero en el caso de los jóvenes entre 18 y 24 años, esa cifra llega al 26,6 por ciento.

La falta de perspectivas podría ser uno de los factores de incidencia directa en el incremento de la delincuencia en las calles de las urbes brasileñas, lo que sirvió como argumento al gobierno de Temer a lanzar a las calles al ejército para, según afirmó, controlar los focos de criminalidad.

En ese contexto el camino está avanzado para justificar otras restricciones en el sistema penal como lo reconoció el juez y futuro ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, Sergio Moro.

El magistrado que alcanzó relevancia internacional al procesar y enviar a presidio al ex mandatario Luis Inacio Lula da Silva, anunció que prepara un paquete de medidas que presentarán al Parlamento en febrero, una vez que asuman los nuevos integrantes del Poder Legislativo.

Entre esas iniciativas se cuenta la disminución de la edad penal para fijarla en los 16 años y terminar con los beneficios carcelarios para miembros de bandas criminales.

En el caso de la rebaja de la edad penal se trata de crímenes graves, como homicidio, lesión corporal grave y estupro.

A eso se suma su respaldo a la idea de terminar con la progresión de las penas y las salidas provisorias en el caso de miembros de grupos criminales.

Otra de las medidas que pretenden presentar al parlamento es la de restringir las entrevistas de abogados con los reos en las cárceles brasileñas como una forma de bloquear la conducción de acciones ilícitas desde el interior de los recintos penales.

Uno de los temas en los que es contrario a las propuestas planteadas en campaña por el presidente electo, Jair Bolsonaro, es en la de tipificar como bandas criminales a las organizaciones sociales. “Esa idea no tiene sustento”, precisó.

Sin embargo, reconoció que el gobierno será encabezado por el militar en retiro, un nostálgico de la dictadura militar que asoló a esta nación sudamericana.

“El gobierno es de él, él dará la última palabra en relación a esas propuestas”, precisó el hasta ahora magistrado.

Moro enfrenta los cuestionamientos de la oposición y en particular del Partido de los Trabajadores por haber aceptado el cargo ministerial en el futuro gabinete de Bolsonaro luego de haber llevado a prisión a Lula que se erigía como el principal candidato para quedarse con la elección presidencial del mes de octubre.

De hecho los abogados del ex jefe de Estado en prisión desde abril en un recinto policial en Curitiba, presentaron un recurso de amparo acusando a Moro de parcialidad.

El documento ingresado ante el Tribunal Supremo, señala que “Lula está siendo víctima de una verdadera cacería judicial por parte de un agente togado que utilizó indebidamente expedientes jurídicos para perseguir políticamente a un ciudadano, buscando anular una a una sus libertades y derechos”.