Laura Gianicci, Víctor Andaur, Sandro Puebla y Marcela Varas son los concejales que este miércoles presentaron ante el Tribunal Electoral la solicitud de destitución contra la alcaldesa Virginia Reginato. Una petición que se fundamenta, según indicaron, en el abandono de deberes y en la falta de probidad administrativa.

La acusación no se remite a un hecho puntual, ni tampoco al déficit financiero que hace unas semanas dio a conocer Contraloría, sino que según informó el abogado de los concejales, Andrés Silva, la acción se basa en varios comportamientos de la alcaldesa que responden a un actuar irregular de una autoridad.

Entre estos actos figuran maniobras para ocultar el real estado financiero del municipio, tolerancia de parte de Reginato con personas que han perjudicando el estado económico de Viña del Mar,  y la delegación de sus funciones como autoridad municipal a su jefe de gabinete.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado patrocinante, Andrés Silva, señaló que, debido al Casino, la Municipalidad de Viña del Mar recibe importantes recursos, por lo que es muy extraño que aún así tenga déficit financiero. Esto, según indicó, “no es porque las cosas se estén haciendo bien. Hay un despilfarro de recursos, se gasta mal y excesivamente en horas extraordinarias, en contratar personas a honorarios, en mantener una gran cantidad de personas y operadores ahí en el municipio y, además, estas situaciones se ocultan. Con eso entramos en un tema importante, que es que hay una gran cantidad de maniobras que ha hecho la alcaldesa Reginato para ocultar la situación financiera del municipio y que son muy graves, son constitutivos de faltas a la probidad que ameritan su destitución”.

Los concejales y el abogado patrocinante presentaron un informe de 96 páginas más 74 documentos en los que describen 32 irregularidades que Reginato habría cometido como alcaldesa, las que deberán ser revisadas por el Tribunal Electoral ante el que la autoridad municipal deberá responder.

El concejal Sandro Puebla, señaló que si llegaron a esta instancia es porque su rol es la fiscalización de un buen funcionamiento en el municipio. “Quiero dejar bien en claro que tuvimos que recurrir al tribunal porque fue lo último que nos dejó el municipio., no pudimos hacer más cosas, tuvimos que llegar acá como una última instancia”.

Frente a la solicitud, la alcaldesa Virginia Reginato señaló que ella ha cumplido con su deber, que la casa está en orden y que la acción tomada por los concejales responde a fines electorales.

Al respecto, el concejal del Partido Comunista, Víctor Andaur, afirmó que la acción no es una cuestión antojadiza y que el municipio estaba informado hace un año de que ellos como concejales buscaban una respuesta frente a los problemas financieros.

“La alcaldía tenía el conocimiento de esto hace mas de un año y tuvieron ese tiempo para ir reaccionando e ir presentando elementos más sólidos con respecto a como se ve la situación, (..) y reiteró que más allá de que pueda ser interpretado como se quiera, esto es parte de una responsabilidad. Somos responsables de fiscalizar, y podemos estar en lo cierto o podemos estar equivocados, pero estamos cumpliendo con el papel que nos encomienda la ley, no es una cuestión antojadiza”, comentó.