A partir de la denuncia del diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, miembro de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara, la Contraloría General de la República solicitó iniciar una indagación por el contrato de honorarios del escritor Rafael Gumucio en el Ministerio de las Culturas y las Artes.
La entidad fiscalizadora detalla en un reciente oficio que “no consta la existencia de un acto administrativo que haya regulado las tareas que realizó el señor Gumucio Araya para esta secretaría de Estado durante el año 2018”.
Esto, a pesar de que la Subsecretaría de las Artes y las Cultura asegura que “el aludido prestador de servicios desarrolló labores entre los meses de marzo y agosto de 2018, como profesional no asimilado a grado, para la creación de mensajes comunicacionales y discursivos para el relato respecto de la nueva institucionalidad”.
Además, se informa que las definiciones del contrato fueron realizadas “directamente por la ex secretaria de Estado, Alejandra Pérez Lecaros, decisión que enmarcó en el ejercicio de sus funciones” y detalla que “el monto pagado a Gumucio fue de 1 millón 555 mil 556 pesos bruto mensual, lo que da un total de 8 millones 866 mil 669 pesos”.
En consecuencia, la Subsecretaría de la cartera inició una investigación sumaria a fin de determinar eventuales irregularidades y responsabilidades administrativas en la prestación de servicios de Gumucio.
Al respecto, el diputado Andrés Celis, indicó que “todos los actos administrativos deben ser aprobados por decreto o resolución, lo que al parecer acá no existió, se firmó un contrato, se pagaron casi 9 millones de pesos en total, se dieron informes de cumplimiento de cometido de la labor, pero sin la respectiva sanción del contrato de honorarios de Gumucio. Lo que significa que dicha contratación fue irregular”.
“Asimismo – continuó el parlamentario – la Subsecretaría inició un procedimiento disciplinario el 30 de octubre, justo después de mi denuncia, antecedentes que fueron requeridos por la Contraloría para verificar si éste se encuentra finalizado, qué fue lo que se detectó y si, en definitiva, la contratación y sus servicios se ajustaron o no a derecho”.
“El llamado es al Subsecretario para que, de no estar lista dicha investigación, le de la celeridad y rigurosidad que requiere, no puede permitir que los recursos públicos, que todos sabemos son escasos, sean utilizados de forma tan ineficiente e inescrupulosa. Yo analicé las minutas y tanto en calidad como en extensión, no guardan relación alguna con la suma que se le canceló mensualmente; objetivamente no se condice con el millón y medio que ganaba”, finalizó el diputado de Renovación Nacional.
Finalmente, el órgano fiscalizador ordenó que se remitiera a la Contraloría Regional de Valparaíso el acto administrativo que afine la contratatación del escritor, conjuntamente con el respecto expediente administrativo.
