—Ministro, ¿todos fueron dados de baja?

«Dados de baja, como corresponde. Porque, vuelvo a insistir, lo hacemos en forma rápida, transparente y oportuna. De esta forma las Fuerzas Armadas, y el Ejército en este caso, están demostrando que en un tiempo muy breve se investigó, se interrogó a quienes correspondía y se aplicaron las sanciones”.

Con esas palabras el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, respondió a la prensa el 29 de junio del año pasado, dando por cerrada la Investigación Sumaria Administrativa llevada a cabo por el entonces Comandante de la I División de Ejército, Rafael Fuenzalida, actual Comandante de Operaciones Terrestres. Así comunicaba a la opinión pública las sanciones adoptadas por la institución castrense respecto de la agresión y abuso sexual que ocho soldados perpetraron en contra del conscripto Claudio Cáceres en la Brigada Motorizada Nº1 de Calama.

“Esto demuestra que ni en el Ejército ni en ninguna otra rama de las FF.AA. se tolerará que se agreda a los conscriptos o a los integrantes de la institución. El Estado protege los derechos de las personas y nadie está por sobre la ley”, dijo Espina en aquella ocasión.

Los ocho soldados que confesaron haber participado en la agresión fueron dados de baja y puestos a disposición de la fiscalía militar. A éstos se sumaron seis suboficiales, pero además, el listado incluyó a cuatro oficiales que, según el Ministro de Defensa, fueron dados de baja por sus responsabilidades en la falta de control y en el encubrimiento de los hechos. El Comandante de Batallón de Infantería, mayor Jorge Wehmann; el Comandante de Compañía, capitán Gonzalo Jorquera; el Comandante del Primer Pelotón, teniente Cristóbal Aceituno; y el Comandante del Tercer Pelotón, teniente Matías Matamala.

Al menos eso se dijo, porque a la fecha, los cuatro oficiales que fueron, según Fuenzalida y Espina, dados de baja en junio de 2018 por su responsabilidad en la agresión y abuso sexual a un conscripto en la Brigada Motorizada Nº1 “Calama”, siguen en desempeñándose con absoluta normalidad en el Ejército. Hasta ahora, sólo fueron reubicados.

Una entre muchas denuncias

Esta fue una de las denuncias que terminaron por concretar la expulsión del Cabo Primero Leonardo Garrido, del Regimiento Logístico Nº1, quien lleva un largo proceso en la justicia tras haber sido dado de baja, según cuenta, con un diagnóstico falsificado. Esto, luego de haber denunciado una serie de irregularidades en el Ejército. Entre ellas, la reubicación de los cuatro oficiales involucrados en el caso de Calama.

En conversación con  Diario y Radio Universidad de Chile, Garrido contó que desde que comenzó a hablar teme por su vida. Dijo que la mayoría de sus ex compañeros no denuncian por lo mismo. El temor no se los permite. Sin embargo, sostuvo que después de cómo fue tratado dentro de la institución, ha llegado el momento de hablar.

“Hasta que yo me fui de baja, que fue el 30 de septiembre de 2018, él (Jorge Wehmann) estaba desempeñando funciones. Y me va a disculpar en este caso el mayor, yo no tengo problema con él, nunca tuve un problema, pero yo lo vi a él. Incluso una vez lo acompañé, en un tema particular y por un favor que me pidió otro oficial, lo llevé hasta el terminal de buses para que el viajara a ver a su familia a Calama. Pero él estaba cumpliendo funciones en el Regimiento Logístico N°1 “Tocopilla” en guarnición Antofagasta”, recordó Garrido. Y continuó: “Después lo fui a buscar para llevarlo a la unidad de vuelta. Ahí fue que conocí al mayor Wehmann, porque antes del tema de Calama yo no había tenido contacto con él. Ahí me enteré que estaba activo y que no fue dado de baja”. Según el ex Cabo Primero, todos los oficiales que supuestamente habían sido dados de baja, fueron reubicados.

Para corroborar esta situación, Diario y Radio Universidad de Chile solicitó la ubicación actual de los oficiales involucrados vía Ley de Transparencia. A través de una carta firmada por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Schafik Nazal, la institución castrense ratificó que al 25 de abril del presente año, ninguno de los oficiales ha sido dado de baja. Los cuatro fueron reubicados en el Regimiento Logístico Nº1 “Tocopilla”, en Antofagasta, cumpliendo distintas funciones.

Jorge Wehmann fue ubicado en el Regimiento Logístico Nº1 “Tocopilla”, en donde se desempeña como Jefe de la Sección 3ra del regimiento. Por su parte, sobre Gonzalo Jorquera el Ejército indica que será ubicado en la unidad de cuartel de la 3ra Brigada Acorazada “La Concepción”, en un puesto por definir al regreso de su feriado. Tanto Cristóbal Aceituno, como Matías Matamala fueron destinados a Jefatura Administrativa y Logística (JAL) del campo militar Antofagasta. Mientras Aceituno se desempeña como oficial de operaciones de la JAL Antofagasta, Matamala es oficial de adquisiciones de la misma.

La respuesta de las instituciones

Consultados por este medio respecto de la situación actual de los oficiales que debieron haber sido dados de baja en junio del año pasado, desde el Ministerio de Defensa Nacional indicaron que el decreto supremo, a través del cual se pidió la baja de los uniformados, fue enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón el mismo día en que el ministro, Alberto Espina, anunció las sanciones. Es decir, el 29 de junio de 2018.

A su vez, nuestro medio acudió a la Contraloría General de la República y la respuesta de la institución fue tajante. Los cuatro oficiales fueron desvinculados con toma de razón recién entre enero y marzo de este año. Como la Contraloría fiscaliza que la medida determinada esté dentro de la legalidad, para que luego ésta sea ejecutada por la institución que corresponda, en este caso la aplicación de la sanción le correspondía al Ejército de Chile.

Con todos estos antecedentes, se consultó nuevamente al Ejército por qué no se habían concretado las bajas y por la situación administrativa actual de los oficiales que habían sido sancionados en Calama. A través de su Departamento Comunicacional, la institución castrense indicó que hoy en día, a 11 meses de que se anunciaron las bajas, los cuatro uniformados todavía se encuentran “en trámite de retiro temporal” y a la espera de que sean notificados a través de un recurso que debe ser firmado por el Presidente de la República o, en su efecto, por el Ministerio de Defensa Nacional.