El proyecto denominado Sala Cuna Universal, que aguarda desde hace aproximadamente un año en la Comisión de Trabajo del Senado, finalmente, será votado este martes. Todo esto, gracias a que el Gobierno, a través de un llamado del ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, solicitó su discusión inmediata en dicha instancia.

A esto se han sumado organizaciones como Comunidad Mujer que, a través de una carta publicada el fin de semana en un conocido medio nacional, manifestó que ya se ha “esperado demasiado”. Pero, ¿qué se busca con la aprobación de dicho proyecto? Enmendar el castigo de la maternidad en el mercado laboral, equiparar costos de contratación entre hombres y mujeres, y acortar la brecha salarial entre ambos. Todo esto sustentado en que hoy el 40 por ciento de los hogares chilenos está dirigido por una mujer.

Sin embargo, para que esto suceda, la propuesta considera que la carga económica para el financiamiento de la sala cuna se aplique solidariamente, vía cotizaciones del empleador tanto para hombres como para mujeres.

Marcedes Ducci.

Mercedes Ducci, presidenta de Comunidad Mujer, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre este tema y resaltó que ese detalle va justamente en reconocimiento de una obviedad, “que los niños y niñas tienen padres y madres y que ambos son valiosos para la sociedad”.

Además, Ducci destacó que dicha ley corregiría a una deformidad de la legislación actual: el castigo a la maternidad.

“Al distribuir por igual la carga económica se elimina la barrera de entrada para las mujeres al mundo laboral. La mayoría de ellas no trabaja, porque tiene que hacer tareas del hogar, como es el cuidado de los hijos. El que sean más caras las mujeres hoy hace que sus sueldos sean menores y haya menos disposición a contratarlas. Eso va en contra del desarrollo y la sustentabilidad del país”, explicó Ducci.

Desde organizaciones de trabajadoras de servicios públicos de la salud y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) se ha manifestado el rechazo a este proyecto, principalmente, por la forma en como dejaría el dinero aportado en manos de una entidad privada, tal cual se hace con las AFP.

Silvia Céspedes, directora de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile y disparó contra el proyecto mencionado, aduciendo que “de universal solo tiene el nombre”.

“Pide una cantidad de horas que tiene que trabajar la madre para poder acceder, tiene que tener una cierta cantidad de cotizaciones. Qué pasa con la mujer que recién está entrando al trabajo. Hay un fondo que se pretende hacer, que es tripartito -gobierno, empresario y fondos de la mujer- y con eso van a hacer un sistema administrado por una entidad que sería una nueva AFP”, criticó Céspedes.

Por el lado de la educación, según la dirigente, los 245 mil pesos que solicita el beneficio de esta ley, no alcanzan a cubrir el costo total de una sala cuna. Con esto, dos escenarios quedan abiertos, por un lado, no se sabe de dónde saldrá el dinero para completar el costo total y, por el otro, pueden acrecentarse el uso de las guarderías, que no necesariamente son un aporte pedagógico.

En tanto, la senadora Carolina Goic, que es parte de la Comisión de Trabajo del Senado, manifestó su apoyo a esta iniciativa, reforzando la idea de que facilitará el mayor ingreso de talento femenino al mercado laboral.

“Es prioritario avanzar en eliminar la barrera que hoy tenemos con la sala cuna, que solamente castiga a las mujeres. Necesitamos avanzar como país, incorporar a las mujeres al mercado del trabajo, pero sobre todo aprovechar el talento de casi la mitad de las mujeres que hoy día están fuera del mundo laboral activo”, enfatizó Goic.

Desde Comunidad Mujer se ha indicado que la aprobación del proyecto significaría un hito, porque marcaría un antes y un después para las mujeres que están o quieren integrarse al mundo del trabajo.

A las organizaciones en contra del proyecto se ha sumado la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud y trabajadoras afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos.