Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el control preventivo de identidad a partir de los 16 años de edad. Si bien el Gobierno pretendía que la fiscalización fuera a partir de los 14, celebró igualmente la medida que, paso siguiente, deberá ser votada en el Senado.

La normativa ha causado polémica, pues políticos y expertos la han criticado por, eventualmente, violar los derechos humanos de los niños y adolescentes. Uno de ellos es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, quien, en conversación con nuestro medio, sostuvo que la medida impulsada por el Ejecutivo va en sentido opuesto a los tratados firmados por el Estado de Chile.

“El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos acordó, en forma unánime, que esta es una medida contraria a los tratados que ha ratificado Chile. En segundo lugar, que atenta contra el interés superior de los adolescentes. En tercer lugar yo agrego –personalmente- que la eficacia de esta norma no está para nada demostrada”.

El abogado hizo hincapié a que las conclusiones del INDH fueron unánimes, pese a que los integrantes del Consejo son elegidos desde distintos poderes del Estado, como son el Ejecutivo y el Legislativo, con sus diferencias incluidas.

Además, Micco cuestionó el control preventivo a menores de edad pues, desde su perspectiva, una medida así estigmatiza a todas las personas de ese rango etario.

“Estamos hablando de una minoría de jóvenes, pero todos son estigmatizados, y la minoría de jóvenes que son condenados van a condiciones como las del Sename y Gendarmería que lo único que hacen es aumentar los índices de criminalidad en Chile”.

Para el también académico de la Universidad de Chile, la normativa aprobada en la Cámara Baja obedece netamente a populismo, pues con cárceles no se combate la delincuencia.

“Tú ves cómo ha ido ganando la idea -para enfrentar a la delincuencia- que las medidas penales son las más efectivas, y esto es algo que ocurre en Estados Unidos, en Centro América, en Brasil, entonces, evidentemente, lo que se llama el populismo penal es algo tremendamente atractivo en ciertos sectores de la población porque parece la medida más obvia, ‘sancionemos a los delincuentes y metámoslos a las cárceles’, pero los mismos chilenos y chilenas saben que esas medidas no están rindiendo efecto”.

Según Micco, el combate a la delincuencia no solo requiere medidas punitivas, sino que programas efectivos de reinserción social, materia en donde el Estado de Chile está en deuda.

“Hay que invertir mucho dinero para mejorar más aun todos los mecanismos de rehabilitación y de reinserción social de los jóvenes más vulnerables del país y que viven situaciones que los aproximan al delito o que los llevan a cometer el delito. Ahí el Estado de Chile está al debe”.

De todas maneras, respecto del control de identidad a menores de edad, el director del INDH sostuvo que mantendrán conversaciones con los senadores para plantarles el punto de vista de la institución que preside, al igual como lo hicieron con los diputados anteriormente.