Este martes, en la Cámara de Diputados, además de presentarse el texto con la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, se llevó a cabo el sorteo que definió los miembros de la Comisión Revisora que evaluará el mérito de la acusación en contra del ex secretario de Estado, la que fue presentada por parlamentarios de oposición imputándolo por presuntas omisiones ilegales en el uso de sus atribuciones de mando como titular de Interior, para evitar graves violaciones a los derechos humanos, tales como torturas, agresiones sexuales y homicidios.

En ese sentido, la acción busca perseguir responsabilidades frente a las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos durante el Estado de Emergencia y toques de queda decretados en 13 de las 16 regiones del país, entre el viernes 18 y el domingo 27 de octubre.

Cabe recordar que la comisión que evaluará el mérito jurídico de la acusación no podía ser integrada por parlamentarios que presentaron la acusación contra el ex secretario de Estado, por lo que, luego de un sorteo, la instancia quedó conformada por: Sergio Gahona (UDI), Joaquín Lavín (UDI), Jaime Bellolio (UDI), Catalina del Real (RN) y el parlamentario socialista Marcos Ilabaca.

Luego de conocerse los integrantes de la Comisión Revisora, Marcos Ilabaca señaló que, a su juicio, sí existen méritos para la acusación, por lo que diputado hizo un llamado a revisarla con celeridad.

“Aquí existe responsabilidad política de parte de un ministro de Estado que en definitiva determinó la declaración de un Estado de excepción constitucional en nuestro país y el ministro del Interior tiene la obligación no solamente de resguardar el orden público, sino que, además, tenía el control del poder del Estado en este momento determinado”, sostuvo el parlamentario del PS.

El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, es el único parlamentario de oposición que integrará la Comisión Revisora que evaluará la acusación constitucional en contral del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

“Por lo tanto espero que la comisión trabaje de manera concreta, respecto de la determinación de las responsabilidades que existen detrás de este proceso que ha enlutado a nuestro país“, insistió Ilabaca.

Por su parte, el diputado de la UDI y también integrante de la Comisión, Jaime Bellolio, se refirió a la acción impulsada por la oposición, incluida la Democracia Cristiana, con la que pretenden inhabilitar de ejercer cargos públicos al ex ministro Chadwick por cinco años y establecer su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las últimas semanas, antes de su salida del cargo.

Desde el Congreso, Bellolio se aventuró y expresó sus dudas frente a la tramitación del libelo, señalando que él no cree que logren los votos para dar pie a la acusación. “Uno tiene que evaluar los fundamentos de la acusación y en esos fundamentos, en las razones que pongan los acusadores, así como también la defensa, es que se tiene que ponderar”, señaló el diputado UDI.

“A mí no me cabe ninguna duda de que todos quienes vamos a integrar la comisión, escogida a través de un sorteo formalmente, vamos a evaluar en su justo mérito lo que se ha presentado y claro, yo creo que es razonable pensar, con lo que conocemos hasta ahora de la acusación constitucional, que no habría mayoría para aprobarla, pero falta que sesione la comisión”, sostuvo Bellolio.

El diputado UDI, Jaime Bellolio, también resultó elegido para conformar la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por su responsabilidad en omisiones ilegales que derivaron en la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Casi en la misma línea se manifestó la diputada de Renovación Nacional y también una de las sorteadas para integrar la Comisión Revisora, Catalina del Real, quien manifestó sus aprensiones con el texto que fue presentado en contra de Andrés Chadwick.

Del Real, por su parte, acusó un abuso por parte de los parlamentarios opositores de los instrumentos constitucionales como éste, indicando que en ésta, así como en otras ocasiones, no se justifica el proceso. “Yo creo que no cabe duda que se están mal utilizando“, acusó la parlamentaria RN.

“Nunca antes habíamos visto acusaciones constitucionales de esta forma, siempre habían otros métodos como comisiones investigadoras, interpelaciones, pero por primera vez en este Congreso se está haciendo una moda de acusar constitucionalmente a ministros y tratar de sacarlos por la fuerza. En este caso el ministro ya no está, ya renunció”, comentó Del Real.

La diputada de Renovación Nacional, Catalina Del Real, también integrante de la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, acusó un “mal uso” por parte de la oposición de las herramientas constitucionales.

El trámite

Ahora, se le debe informar del proceso a Chadwick, quien podrá, en un plazo de diez días, concurrir a la comisión a hacer su defensa personalmente o presentarla por escrito. Los parlamentarios que integran la Comisión Revisora, deben analizar el mérito del libelo para luego presentar un informe a la Sala con una recomendación sobre aprobar o rechazar la denominada “cuestión previa”.

Después de escuchar los argumentos del acusado y su defensa, los diputados deben votar la “cuestión previa”. De aprobarse, termina el proceso y la autoridad implicada queda absuelta. De rechazarse, se procede a votar el fondo y de aprobarse, el documento pasa al Senado.

Al ser notificado, el Senado debe agendar la discusión sobre la acusación, la que se llevará a cabo el cuarto o sexto día después de que llega la notificación de la Cámara Baja. En ese sentido, la Cámara Alta deberá mantener sesiones diarias hasta que se refiera a la acusación.

El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, uno de los hombres fuertes de la primera parte del segundo gobierno de Sebastián Piñera, es acusado de omisiones ilegales que derivaron en violaciones a los derechos humanos.

Así, el libelo es oficializado por los diputados que integraron la Comisión Revisora, dando pie a la defensa del acusado o a él mismo, para expresar sus argumentos. Los parlamentarios miembros de la comisión tendrán derecho a réplica y el acusado, a dúplica. Luego de esto, el presidente del Senado deberá anunciar la votación, votándose así cada uno de los capítulos de la acusación por separado.

Finalmente, el resultado de la votación se comunica al ex secretario de Estado. Cabe destacar que, en este caso, se considera aprobada con la mayoría de los senadores en ejercicio, esto es, 22 votos a favor de la acusación.

Parlamentarios y parlamentarias de oposición, incluida la Democracia Cristiana, firmaron la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien fue removido de su cargo el pasado lunes 28 de octubre.

Casos anteriores

El último ministro que fue acusado constitucionalmente fue el ex titular de Educación durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Harald Bayer, en 2013. En aquella ocasión, con 20 votos a favor y 18 en contra, el Senado aprobó una acusación constitucional por su responsabilidad en no haber fiscalizado el lucro en las universidades, incurriendo en “omisión de deberes ministeriales”.

El de Beyer no es el primer caso de acusación constitucional desde el retorno de la democracia. En 2008, la también ex ministra de Educación, pero esta vez en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Yasna Provoste (DC), enfrentó a la Cámara Alta para el juicio político. En ese entonces, el Senado, por 20 votos contra 18 en contra, la consideró culpable de uno de los cinco capítulos que involucraba la acusación en su contra. Desde ese momento quedó destituida del cargo de ministra de Educación e inhabilitada de ejercer cargos públicos por cinco años, siendo la primera ministra de Estado obligada a cesar en su cargo por decisión del Poder Legislativo.

Cabe recordar que, según indica la Constitución Política de Chile, de ser declarado culpable por ambas Cámaras, el funcionario enjuiciado a través de la acusación constitucional quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública por el plazo de cinco años, sean cargos de elección popular o de confianza. Además, el acusado podrá ser juzgado a través de los tribunales competentes para hacer efectiva su responsabilidad civil o penal, dependiendo del caso.

Corría el año 2013 cuando el ex ministro de Educación en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Harald Beyer, fue sometido a una acusación constitucional que terminó por destituirlo e inhabilitarlo del ejercicio de cargos públicos por cinco años. Foto: Agencia UNO.