Este miércoles, en el Palacio de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera firmó, para su ingreso al Congreso Nacional, el proyecto de ley que busca crear un subsidio para garantizar un Ingreso Mínimo Garantizado de 350 mil pesos al 90 por ciento de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables del país. Desde la sede de Gobierno y junto a los titulares de Hacienda, Trabajo, Segpres y Desarrollo Social, el mandatario hizo el anuncio para luego responder la única pregunta que se le permitió hacer a la prensa.

Consultado sobre la situación de los derechos humanos en el país y el trato diferenciado que hasta ahora, 20 días después de iniciadas las protestas, ha tenido el Ejecutivo con los uniformados víctimas de ataques en desmedro de quienes han sufrido apremios por parte de agentes del Estado; Piñera indicó que, para su Gobierno, no hay ninguna diferencia, sorprendiendo, incluso, con el anuncio de que será él mismo quien visitará a quienes han sido víctimas de la violencia en las calles.

“No hay ninguna diferencia. Igual como hemos visitado a los carabineros y carabineras que han sido heridos en confrontaciones, también algunos ministros, y yo también lo haré personalmente, vamos a visitar a civiles que han sido víctimas de la violencia durante estas últimas semanas“, aseguró el mandatario.

Y, efectivamente, así lo hizo el mandatario la tarde de esta miércoles, visitando a un paramédico víctima de una lesión ocular producida por una bomba lacrimógena.

Luego de dar entrevistas tanto a medios internacionales, la BBC británica, como nacionales, el canal Mega, el Presidente de la República insistió en que las prioridades del Gobierno están en la Agenda Social y el restablecer el orden público. Foto: Agencia UNO.

No obstante, fiel a la línea que su Gobierno ha mantenido desde el inicio de las protestas, Sebastián Piñera no condenó de manera explícita el uso excesivo de fuerza por parte de uniformados. Por el contrario, hizo hincapié en la labor de las Fuerzas de Orden y Seguridad, valorando el trabajo de Carabineros y señalando que las denuncias por desórdenes públicos están siendo investigadas por Fiscalía.

“Quiero decirlo con mucha claridad: con la misma fuerza con que vamos a investigar, perseguir, detener y sancionar a estos grupos criminales que han destruido no solamente propiedades tan importantes como el metro, supermercados (…) sino que además han destruido, saqueado y vandalizado a miles y miles de pequeños y medianos empresarios, los vamos a llevar a la justicia con la misma fuerza y rigor”, sostuvo el Presidente.

“Cualquier exceso que se haya cometido, cualquier falta de respeto al protocolo de uso de la fuerza, cualquier uso excesivo de la fuerza también va a ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los tribunales de Justicia”, agregó Piñera desde el Palacio de La Moneda.

Recordemos que, hasta el momento, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por sí solo, ha presentado 219 querellas por violaciones a los derechos humanos, en representación de 347 víctimas. De estas acciones, 72 fueron presentadas sólo en la Región Metropolitana, de las cuales 46 son por torturas, 14 por torturas con violencia sexual, una por homicidio y la restante por otros delitos. Respecto de los heridos, el INDH ha contabilizado más de 1.700 en todo el país y 1.300 sólo en la Región Metropolitana.

Ya van 20 días desde que comenzó la ola de movilizaciones -calificada como un “estallido social”- que ha puesto en jaque al Gobierno de Sebastián Piñera. Hasta el momento, son 219 las querellas que ha presentado el INDH por violaciones a los derechos humanos.

“Excesos”, “faltas de respeto al protocolo” y “uso excesivo de la fuerza”, fueron las palabras que utilizó el mandatario para referirse a la delicada situación en que se encuentra el Gobierno, junto a las Fuerzas Armadas y de Orden, frente al respeto de los derechos humanos durante el Estado de Excepción y el tiempo posterior al término de éste. Pero las palabras del Presidente de la República se mantuvieron en la misma línea de lo que ya había señalado a través de la BBC y algunos canales nacionales, en donde enfatizó en la prioridad de restablecer el orden público, sin condenar las violaciones a los derechos humanos.

No obstante, los dichos de Piñera generaron la rápida reacción de parlamentarios y parlamentarias de la Cámara de Diputados. Desde el Congreso, la diputada comunista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Carmen Hertz, conversó con Radio Universidad de Chile y acusó al Presidente Piñera de eludir la responsabilidad política que recaería sobre él al decretar el Estado de Excepción.

“El gobierno de Sebastián Piñera, y particularmente el Presidente, elude toda la responsabilidad política que tiene el haber decretado un Estado de Emergencia, sacar más de 10 mil soldados a la calle, haber reprimido violenta y generalizadamente a la población como lo hicieron fuerzas militares y policiales, cosa que consta en numerosas denuncias que ha hecho el INDH”, sostuvo la parlamentaria comunista.

Carmen Hertz ha dedicado su vida a la defensa de familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura liderada por Augusto Pinochet. Así, la postura de la parlamentaria frente al Estado de Excepción declarado el pasado 18 de octubre ha sido de constante rechazo.

Por su parte, la diputada socialista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nuyado, aseguró a este medio que dicha instancia se encargará de recibir todos los testimonios posibles y recabar la mayor cantidad de antecedentes, los que podrían servir de respaldo para una eventual acusación constitucional contra el Presidente de la República.

“Estoy de acuerdo con la acusación constitucional hacia el Presidente de la República. El mandato que él tiene no lo ha cumplido y se han violado derechos humanos fundamentales del pueblo chileno, así como también ha tenido complicidad en cómo se han violado los derechos de los pueblos originarios”, indicó la diputada de origen mapuche.

Por otra parte, durante esta jornada se dio a conocer la carta que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al canciller Teodoro Ribera el pasado viernes, en donde solicitan su consentimiento para llevar a cabo una visita in loco, es decir, al lugar de los hechos, para verificar los actos denunciados, investigar las circunstancias que los rodean y consignar esto en un informe que posteriormente se hace público.

La diputada socialista de origen mapuche y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, se mostró dispuesta a firmar una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera.