Este lunes se concretó la segunda reunión formal entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público con el fin de negociar el petitorio de las 16 organizaciones que componen el bloque sindical y que dice relación con el reajuste salarial que regirá para el año 2020.

Sin embargo, en lo medular, durante la reunión no se abordó el tema remuneracional, en cambio sí se trataron asuntos referidos a la protección de los puestos de trabajo, desvinculaciones y beneficios laborales.

Así lo sostuvo el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, quien estuvo presente en el encuentro, donde esta vez no participaron ministros de Estado.

Para el máximo representante de la ANEF, las exoneraciones no se han producido por causas de bajo desempeño, sino que principalmente por motivos políticos.

“Ellos elevan mucho las circulares, pero nosotros insistimos y logramos instalar una mesa que parte este miércoles, donde estarán los ministerios de Hacienda, Trabajo, Presupuesto, Servicio Civil y representantes de las áreas que están siendo golpeadas por los despidos. Yo creo que eso fue lo más concreto, para llevar a revisión todos los casos”, afirmó.  José Pérez agregó que también se abordó r la coyuntura que atraviesa el país y la responsabilidad de poner el foco en una agenda social.

El presidente de la ANEF precisó que este miércoles se reunirán nuevamente con el Gobierno, donde esperan tener una respuesta a la propuesta sobre reajuste salarial para los más de 600 mil trabajadores y trabajadoras que integran diversas reparticiones públicas en todo el país.

“Más que un porcentaje, también el Gobierno debe expresar su postura sobre la agenda social orientada a una base remuneracional, pero sobre números no hay nada todavía y esperamos que el miércoles aparezca la postura del Ejecutivo. Pero para la ANEF, la discusión está centrada en el empleo, en la defensa de los despidos arbitrarios”, argumentó.

Recordemos que la Mesa del Sector Público está solicitando un reajuste de 7 por ciento en base a tres componentes: el Índice de Precios al Consumidor proyectado, el Producto Interno Bruto y un factor de equidad.

Además, existe un petitorio paralelo sobre condiciones laborales, educación, salud y seguridad social, que considera como uno de los ejes principales debatir en torno a un salario mínimo de 500 mil pesos para los que laboran en departamentos estatales.