La votación durante la semana pasada del proyecto de ley de indulto conmutativo que impulsaba el Gobierno ante la pandemia del COVID-19, generó un quiebre al interior del oficialismo que tuvo que ser reparado por el propio presidente de la República quien, tras el rechazo en el Congreso de la iniciativa, debió ingresar un veto aditivo para reponer la medida que buscaba .

Parlamentarios de las bancadas UDI y RN dieron su voto en contra del proyecto porque éste no incluía dentro de los beneficiarios a los criminales de lesa humanidad que cumplen sus condenas en Punta Peuco, lo que generó un tenso debate al interior de Chile Vamos y la decisión del mandatario de tomar cartas en el asunto.

No obstante, la UDI no echó pie atrás en su blindaje a los victimarios de la dictadura cívico-militar, por lo que, junto con el anuncio del veto presidencial, se le puso discusión inmediata a otro polémico proyecto que descansaba en la Cámara desde fines de 2018. Este es el proyecto de “Ley Humanitaria”, que propone que las personas que se encuentren en fase terminal, sufran una enfermedad física grave e irrecuperable que les genere dependencia, tengan 75 años o más, y que hayan cumplido al menos la mitad de su condena, puedan solicitar la sustitución de su encarcelamiento por la reclusión total en sus domicilios. No obstante, este beneficio no distingue entre los condenados por crímenes de lesa humanidad, por lo que, cumpliendo con los requisitos, éstos podrían optar a la conmutación de sus penas.

El anuncio encendió las alarmas de prácticamente toda la oposición, quienes se deshicieron en críticas al Gobierno, a quienes acusaban de haber intentado meter otro “golazo” con la urgencia a este proyecto. Críticas que se agudizaron cuando el Presidente Sebastián Piñera señaló en entrevista con ARCATEL que, efectivamente, este beneficio podría aplicarse a los internos de Punta Peuco los que, para el mandatario, “tienen derecho a una muerte con dignidad”.

“Lo que yo creo es que una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio que se muera en su casa”, aseveró. “Yo creo que tienen derecho a una muerte con dignidad, todos tenemos derecho a una muerte con dignidad“, finalizó el Presidente.

Fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien anunció el veto aditivo al proyecto de indultos conmutativos y la discusión inmediata al proyecto de “ley humanitaria”. Foto: Cristóbal Escobar / Agencia UNO.

Argumentos que fueron rechazados por las organizaciones que han dedicado su existencia a la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, quienes ven en este proyecto una amenaza a sus pretensiones de acceder a mayor información sobre el paradero de sus seres queridos y una posibilidad real de que aumente la impunidad para los responsables. 

Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), se opusieron rotundamente a la posibilidad de que se indulte a criminales de lesa humanidad. En conversación con este medio, su presidenta, Alicia Lira, sostuvo que la campaña del Gobierno para aprobar la iniciativa es “una campaña mentirosa”, ya que, para ella, los “pobres ancianitos” que mencionan desde el Ejecutivo son en realidad criminales que hasta ahora no han dado ningún tipo de información a las más de 1.000 familias que aún buscan a sus seres queridos.

“Se busca más la forma de dar impunidad en vez de preocuparse de darle la posibilidad a los familiares de encontrar a sus víctimas y encontrar más justicia. Nos oponemos a los indultos y denunciamos la campaña reiterada que ha llevado a cabo por cuatro años la derecha de este país, hoy encabezada por Sebastián Piñera, y la mal llamada familia militar, que buscan por todas las formas dar más impunidad aún”, advirtió la presidenta de la AFEP.

Y así también lo hizo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quien manifestó su preocupación y la de la organización frente a la jugada llevada a cabo por la UDI tras el veto sustitutivo que presentó el presidente Piñera a la ley de indulto conmutativo, en donde se aprovechó de poner discusión inmediata al proyecto de “Ley Humanitaria”.

“Hemos visto con asombro cómo el Gobierno pretende incorporar a este proyecto de ley que buscaba beneficiar a la población de riesgo, a los violadores de derechos humanos“, sostuvo Pizarro, quien agregó que esto se hizo con el objetivo de “otorgar y profundizar la impunidad para aquellos que no pudieron evadir la justicia”.

Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, su presidenta, Lorena Pizarro, hizo un llamado a “rechazar y detener esta inmoralidad que, quiere poner en práctica la derecha para sus socios criminales del genocidio en la dictadura”. Foto: UChile.

“No aceptamos que la impunidad sea el camino que en medio de esta pandemia quiera profundizar este gobierno. No aceptamos que se ponga discusión inmediata a un proyecto de ley que está hecho a la medida de los genocidas de Punta Peuco. Llamamos, y convocamos a todos a rechazar, a manifestarnos y a detener esta inmoralidad que, nuevamente, quiere poner en práctica la derecha para sus socios criminales del genocidio en la dictadura”, agregó la presidenta de la AFDD.

Por su parte, desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos recordaron que el Estatuto de Roma -cuerpo legal vigente desde 2009 en nuestro país que tipifica y regula los crímenes contra la humanidad- en su Artículo 110 señala que, si bien resulta procedente que el condenado pueda acceder a una reducción de pena, éste debe cumplir con determinados requisitos.

Aparte de haber cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de una cadena perpetua, un requisito fundamental es que el condenado haya expresado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la investigación. En ese sentido, desde la organización señalaron que cabe tener presente que los condenados en nuestro país por crímenes de lesa humanidad, no sólo no han colaborado ni han expresado arrepentimiento, sino que algunos “incluso han reivindicado públicamente sus atroces crímenes”.

Pero además, la normativa internacional impone un requisito que dice relación con que los condenados hayan recibido penas proporcionales a la gravedad de sus delitos, circunstancia que, para la Comisión Chilena, tampoco se cumple en el caso de los presos de Punta Peuco debido a “la continua aplicación, por parte de los Tribunales de Justicia chilenos, de la llamada ‘media prescripción’, que ha significado que en más de 150 causas se hayan impuesto penas irrisorias”, cuya improcedencia estaría dada en que los crímenes contra la humanidad son “inamnistiables e imprescriptibles”.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, recordó que el Estatuto de Roma en su Artículo 110 señala que, si bien resulta procedente que el condenado pueda acceder a una reducción de pena, éste debe cumplir con determinados requisitos. Foto: UChile.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, sostuvo que esto podría poner al Estado de Chile en la mira de los tribunales internacionales.

“A nuestro entender, de aprobarse el proyecto, junto con incurrir en una inconstitucionalidad por ser un proyecto de ley que sería contrario al carácter constitucional que tienen las normas sobre derechos humanos, el Parlamento iría en contra además del anhelo mayoritario de la sociedad chilena, de avanzar hacia un sistema democrático fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, y haría incurrir al Estado de Chile en responsabilidad internacional ante el concierto de Naciones Unidas“, sostuvo Margotta.

Frente a esto, el derecho internacional es claro y su recomendación es que deben establecerse requisitos distintos para entregar beneficios a la población penal en general y a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, la colaboración de los victimarios. Los que, en el caso de Chile, han sido particularmente esquivos a la hora de aportar información que pueda brindar justicia y reparación a las víctimas.

De aprobarse el proyecto de “Ley Humanitaria” que se encuentra en tramitación actualmente, serán los Tribunales de Justicia los que tendrán la obligación de velar por el cumplimiento de los requisitos, de los estándares internacionales de derechos humanos y de ponderar los graves efectos que podría generar la excarcelación para las víctimas y sus familiares. Una situación que, debido a su experiencia con el Poder Judicial, las organizaciones ven con desconfianza.

Foto en portada: Agencia UNO.