A pocos días de la entrada en vigencia de la ley 21.227, o la llamada Ley de Protección al Empleo, muchas empresas grandes se han acogido a este recurso para suspender las relaciones laborales con sus trabajadores.

Entre quienes han optado por esta alternativa implementada por el Ejecutivo, están las cadenas de comida rápida pertenecientes a la empresa mexicana Alsea: Burger King, Chili’s, PF Chang’s y Starbucks. A esto se suma la cadena de vestuario H&M que el pasado 9 de abril notificó la suspensión de la relación laboral de sus 1 mil 500 funcionarios.

En todos estos casos, los trabajadores cesarán de prestar sus servicios, permitiendo a la empresa dejar de pagar las remuneraciones y las asignaciones que no son parte de ella. Sin embargo, deberán continuar pagando las cotizaciones previsionales, tal como lo estipula la ley. Esto también les permitirá a los trabajadores acceder anticipadamente al Seguro de Cesantía.

Desde el Sindicato de Trabajadores de H&M consideran la firma de este pacto como un amedrentamiento por parte de la multinacional pues, de no aceptar las condiciones, no se le permitirá el uso de su Seguro de Cesantía. Además, acusan que la empresa hace uso indebido de esta ley, pues fue una decisión autónoma la de cerrar sus tiendas a nivel nacional y no una ordenanza desde el Ministerio de Salud.

“Es decepcionante saber que tu empleador, al primer problema que tiene, se va a acoger a esta ley sin mirar la repercusión que tiene eso para sus trabajadores. Hacerlo de esta forma, con un mutuo acuerdo, es mucho más fácil para ellos porque no tienen que hacer una declaración jurada ante la Cámara de Comercio. Tampoco hay opción de elegir, sino que la empresa lo está imponiendo, porque al final lo que se indica es que, al 30 de abril, si no se firma el pacto, uno se queda sin nada”, declaró Sergio Maertens, presidente de dicho sindicato.

Desde la agrupación entregaron ciertas medidas a la compañía para paliar esta situación, como dar un bono complementario a los trabajadores durante abril, entregas de gift cards en supermercados para ayudar en la alimentación o el despedido para tener alguna indemnización que ayude a su situación económica, pero la empresa se negó a todas estas opciones.

“No tenemos seguridad como trabajadores porque la empresa no está haciendo ningún esfuerzo para poder dar algún beneficio o un bienestar a sus trabajadores este mes”, sentenció Maertens.

Otra de las empresas que se acogió a esta legislación es la multitienda Corona. Los primeros días de abril notificó a sus 3 mil trabajadores que haría uso de la Ley de Protección al Empleo, por lo que sus contratos quedarían suspendidos, justificándose en que sus ventas se verían mermadas y que las condiciones sanitarias no están para continuar con su trabajo.

“Realmente no es un pacto porque a nosotros nunca nos han preguntado si estamos de acuerdo o no con respecto a esto. Nos obligan a firmar porque de lo contrario no tenemos cómo sobrevivir sin el Seguro de Cesantía”, dijo el presidente del sindicato de la Federación Nacional de Multitiendas de Corona, Juan Soto.

Además, el dirigente puntualizó en una problemática mayor, pues muchos de sus compañeros no tienen asegurado el acceso al Seguro de Cesantía.

“Hay como sesenta trabajadores que no tienen el seguro ,porque hay quienes son de tercera edad, jubilados, y como no les alcanza tienen que seguir trabajando y, por ende, no están presupuestados en la ley. Por otro lado, tenemos gran cantidad de gente que no tiene su seguro porque nunca lo pudieron activar”, detalló Soto.

¿Pymes como excusa?

Distintas voces han argumentado que esta ley era de exclusividad para las pequeñas y medianas empresas, pero la verdad la legislación no hace distinción sobre quienes pueden acogerse a ella.

“Nosotros creemos que hay muchas falacias en el discurso que entregaron”, dijo la abogada de la Defensoría Popular para las y los Trabajadores, Paulina Gutiérrez. “Primero, en decir que era un salvataje económico para las Pymes, pero en verdad no entregan ninguna indicación que haga una diferencia en la ley. La Ley tampoco contiene casi ninguna norma que limite los despidos, solo lo limita a casos de fuerza mayor, pero el empleador siempre puede usar otras causales o presionar para renuncias voluntarias”, explicó.

Para la abogada, esta ley busca dar mayor apoyo a las grandes empresas que a las pequeñas o medianas, agudizando aún más las relaciones laborales con empleadores, como lo han hecho leyes como el de estatuto joven o la de teletrabajo.

“Es una política de flexibilización extrema, pero que finalmente es parte de esta agenda del Gobierno. Nosotros creemos que se usó a las Pymes como excusa, porque efectivamente son empresas débiles, son empresas altamente endeudadas y muchas de ellas son empresas parasitarias, como la gran mayoría de las empresas contratistas que lo único que hacen es apropiarse de parte del trabajo de esos trabajadores y trabajadoras, pero que en realidad no aportan ningún desarrollo económico. Creemos que esta ley es un caballo de Troya”, comentó Gutiérrez.

Desde una perspectiva similar, la antropóloga y experta en temas de sindicalismo y relaciones laborales de la Fundación Sol, Valentina Doniez, expresó que las empresas debiesen poder demostrar que los daños de la crisis son irreversibles para suspender la relación laboral. En el caso de las empresas grandes, estas constan de millonarias utilidades todos los años, por lo que no pondría en riesgo su condición de empresa.

“Las medidas que han tomado el Gobierno han sido muy tardías y no problematizan suficiente el apoyo que necesitan las empresas según su tamaño. Esto hace que las grandes empresas se puedan ver beneficiadas de anuncios que en realidad son para paliar la falta de recursos o la falta de previsión de crédito para las empresas de menor tamaño”, explicó Doniez

En el caso de H&M, por ejemplo, los ingresos por venta en las sucursales chilenas aumentaron en un 20 por ciento en 2019, pese al estallido social, según comunicó la country manager de la tienda en Chile, Uruguay y Perú, Macu Alfaro.

Por otro lado, Germán Dastres de Conapyme, valoró que la ley proteja la relación laboral ante las contingencias que ha supuesto el brote del coronavirus. “La ley no es un despido, es una paralización transitoria, el trabajador igual queda ligado a la empresa”, explicó.

Algo con lo que la abogada de la Defensoría Popular no estuvo de acuerdo: “La ley en sí misma no contenía normas de protección hacia los trabajadores y trabajadoras. En realidad, creemos que es un manejo bastante perverso que se está haciendo desde el Gobierno en términos comunicacionales con respecto a esta ley” expresó.

Sin embargo, Dastres no descarta que, eventualmente, estas suspensiones puedan volverse desvinculaciones definitivas, pues no existe certeza de cuánto dure esta crisis.

“Si esto se prolonga por más tiempo, por un año, por ejemplo, puede ser. Hoy nadie sabe la profundidad de la crisis. Obligatoriamente hay que ir evaluando, al día a día”, sostuvo.

El pasado 13 de abril, los miembros del Sindicato de Trabajadores de H&M se dirigieron hasta la Inspección del Trabajo donde presentaron su denuncia, esperando a que se fiscalice el actuar de la multinacional. Además, han conseguido asesoramiento y esperan tomar acciones legales.

“Sabemos que no es rápido e inmediato porque va a tomar tiempo. Creemos que vamos por el camino correcto. A todos quienes les hemos consultado no han expresado que esto no corresponde. Tenemos la tranquilidad y la confianza que podemos llegar a buen puerto con las acciones legales que estamos haciendo”, dijo Maertens.

Lamentablemente, según el sindicato de Corona, las puertas se le cerraron para sus trabajadores.

“Nosotros como sindicato, estábamos viendo la posibilidad de llegar a algún acuerdo. Habíamos propuesto dos meses de suspensión, no cinco como ellos nos obligaron a firmar, pero nos dijeron que la decisión se había tomado como compañía y que los trabajadores no tenían injerencia en las decisiones que se estaban tomando”, detalló Juan Soto.

“Esto responde a un enfoque empresarial donde se dice que hay que proteger a la economía, pero lo que en verdad se está protegiendo son las grandes utilidades y ganancias y que los inversores no se vean tan afectados, que no tengan que pagar los costos de esta crisis. Esta es una crisis sanitaria en primer lugar, pero se añade a una crisis más estructural del modelo de acumulación capitalista. Todos esos elementos hay que ponerlos en conjunto para poder entender cuáles son las medidas que están tomando las autoridades y cuáles deberían ser las medidas para tener una distribución mucho más equitativa de los costos de esta pandemia”, explicó Valentina Doniez.

Desde la Defensoría, Gutiérrez llama a no agotar ninguna instancia y no descartar el amparo ante Tribunales si las suspensiones se vuelven desvinculaciones unilaterales.