Diario y Radio U Chile

Año XII, 30 de mayo de 2020

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Macarena Ortega B.

Ley de Des-Protección al Empleo

Macarena Ortega B. | Viernes 22 de mayo 2020 19:50 hrs.


Durante la actual crisis sanitaria, social y económica, resulta imprescindible parar un momento la acción para revisar aspectos, de distinto alcance, que nos ha tocado vivir en el mundo del trabajo en el tiempo transcurrido de esta pandemia.

Cuando desde un gobierno nos hablan de protección, inmediatamente debiéramos asociar que será algo que nos resguardará como ciudadanos y ciudadanas ante alguna situación compleja o adversa. Ahora, si nos hablan de protección al empleo en tiempos de crisis, enseguida como trabajadores deberíamos asimilar que, frente a una contingencia, tenemos que estar tranquilos, ya que deduciremos por el título, que laboralmente estaremos auxiliados de cara a escenarios difíciles.

Cuando un anuncio de esas características viene desde la vocería del Presidente Sebastián Piñera, la sensación de resguardo y la serenidad se deben colocar en alerta, ya que no podríamos desconocer la línea de su gobierno, sus prioridades y sus formas de “amparar” a la sociedad chilena. Entonces, cuando conocemos el contenido de esta protección al empleo, entendemos por qué utiliza la palabra “empleo” en vez de “trabajo”, Esto se debe a cómo un gobierno empresarial, antepone la economía por sobre los derechos de las personas.

La Ley 21.227 de Protección al Empleo, que con su nombre insinúa que cuida a las y los trabajadores, en la práctica comprobamos que no es más que un engaño desde el punto de vista jurídico, porque escasamente se encuentran pronunciamientos que salvaguarden la estabilidad laboral, sino  que permite la suspensión de la relación laboral y se encarga que las personas no dejen de percibir ingresos -menguados- durante un tiempo determinado, lo que evidentemente no es algo malo, pero se transforma en perverso cuando la ley excluye de toda responsabilidad al empresariado, indistintamente de su patrimonio o tamaño y delega la carga al propio trabajador o trabajadora, obligándole a que utilice sus propios ahorros del fondo de cesantía, que el algunos casos ni siquiera son suficientes para palear las necesidades básicas.

La permisividad de las leyes que impulsa el gobierno, de la mano con un sector de la oposición que no se cuadra con la realidad y las necesidades de las familias chilenas, nos enfrenta a cuestiones que, si bien son legales, moralmente son repudiables, como por ejemplo la repartición de utilidades de los accionistas de empresas que, por una parte “no tienen” para pagar el sueldo de los empleados, pero gozan de la repartición de las utilidades que generan las y los trabajadores.

Otro ejemplo claro que podemos destacar es la vulneración que realiza a la protección a la maternidad. Esos mismos que dicen respetar la vida por sobre todo, no titubean en legislar y aprobar la suspensión de los contratos de trabajo de mujeres que se encuentran embarazadas.

Son varios los factores que nos hacen fundamentar que la ley publicada en el Diario Oficial, el día 06 de abril, está lejos de proteger a las y los trabajadores, sino más bien, se cuadra con el resguardo de los capitales de quienes financian las campañas parlamentarias de prácticamente toda la derecha, en vez de asegurar la subsistencia de la mayoría del país como son las familias trabajadoras.

Ante la nula protección a las y los trabajadores, es que un grupo de parlamentarios se hizo parte legislando una modificación a la ley de Protección al Empleo (21.227) que permite el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728 en casos excepcionales. A pesar de que esta modificación no soluciona el problema de fondo, si limita el aprovechamiento empresarial.

Esta medida permitirá la prohibición de despidos por necesidad de la empresa, el pago completo de las cotizaciones de los trabajadores, la imposibilidad de suspender contratos a mujeres con fuero maternal y que las personas puedan cobrar sus seguros de cesantía en un monto proporcional a la disminución sus ingresos.

Es decir, que haya requisitos estrictos para las empresas que se acojan a la mencionada ley, porque el Estado no puede estar dándole beneficios a compañías con capital en paraísos fiscales o que repartan sus utilidades millonarias mientras sus trabajadores pasan hambre.

Hasta esta fecha, el Presidente no ha dado atisbos de promulgación de esta modificación. Con ello, entonces, sigue permitiendo voluntariamente que las familias del país estén en la incertidumbre absoluta, todo esto desde la enajenación con la realidad y la pobreza.

No podemos dejar de señalar, que al 15 de mayo, según indicó la Superintendencia de Pensiones, un total de 86.076 empresas han solicitado acogerse a la ley Suspensión de Contratos de Trabajo y llegando a alrededor de 500.000 personas que tienen suspendida su relación laboral, lo que significa que han dejado de recibir sueldo mensual y han hecho de sus ahorros del seguro de cesantía su ingreso mensual, claro no al 100%, sino que en porcentajes inferiores al último sueldo entregado por el empleador.

La crisis sanitaria ha dejado en evidencia lo más desgarrador del sistema económico que tenemos en el país, en donde las y los ciudadanos no tenemos opción de que se voten leyes que nos favorecen, porque nos encontramos con buena parte del parlamento que se arraiga a lo más esencial de sus intereses  que defienden a ultranza con mentiras y uñas y  dientes, asegurando la permanencia de un sistema que los mantiene en una tarima de privilegios e indiferencia, con valores que están lejos incluso de la planta de sus pies. Esa es la actitud que hoy queda en evidencia ante la mayoría del país.

El contrapunto a lo anterior es lo que hoy nos lleva a organizarnos desde los más pequeños espacios de confinamiento, aportando en ollas comunes, iniciativas de esparcimiento y también fortaleciendo el tejido de las y los trabajadores en sus organizaciones, sean ellas sindicatos o asociaciones, u otras. Este es el trabajo que hoy nos convoca y al que estamos respondiendo con nuestras limitaciones y fortalezas.

 

La autora es directora de Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios (Conatracops) y coordinadora interina del Frente de Trabajadoras y Trabajadores de Revolución Democrática.