La decisión del Ejecutivo de recurrir de constitucionalidad por el proyecto de reforma a la Carta Fundamental, que permitiría a los cotizantes realizar un segundo retiro desde sus cuentas de ahorro previsional, sorprendió tanto al espectro político como a la opinión pública la tarde de este domingo.

Pese a que el Presidente había estado en una pauta de prensa durante la mañana en la que anunció la reapertura de las fronteras, no se refirió directamente al asunto y solo se limitó a repetir lo señalado durante la semana: que en Chile hay que respetar la institucionalidad.

Fue pasadas las seis de la tarde cuando, a través de un comunicado, el Ejecutivo anunció la presentación ante el Tribunal Constitucional aludiendo nuevamente a que los “parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución”.

“Para evitar esta mala práctica, el Gobierno ingresó hoy al Tribunal Constitucional un requerimiento para que declare inconstitucional el Proyecto presentado por un grupo de diputados, respecto a un nuevo retiro de fondos previsionales”, se lee en el texto difundido públicamente.

La noticia corrió con rapidez y las reacciones, tanto del oficialismo como de la oposición, estuvieron lejos de ser tibias. Uno de los primeros en expresar su sentir fue el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, quien calificó como un error político la decisión del Presidente de intentar frenar el segundo retiro a través del Tribunal Constitucional.

”Me parece que el gobierno de Piñera comete un profundo error político con ir al TC por el segundo retiro del 10%, cuando ni siquiera aún se vota en el Senado y no sabemos el nivel de apoyo que pueda tener, incluso en votos del oficialismo. Creo que hoy día el Gobierno se pone del lado de las AFP, es parte del problema y no de la solución, y con esto lo único que hace es acrecentar, aumentar el conflicto social y la distancia de la gente. Respecto a la figura del Presidente, me parece que va a ir en aumento su rechazo. Creo que es un profundo error político porque aumenta el conflicto social”.

En ese mismo sentido se manifestó la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, quien criticó la resolución del Ejecutivo y fustigó al Primer Mandatario por lo que llamó una actitud incomprensible.

“No se entiende que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional en este segundo retiro del 10 por ciento. ¿Por qué Presidente usted no recurrió en el primer retiro?. Creo que su actitud no se entiende”, declaró la legisladora.

Desde el oficialismo en tanto, las opiniones se encuentran divididas. Mientras el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba manifestó que el requerimiento presentado hoy es “una decisión absolutamente legítima”. Además el parlamentario valoró el proyecto de retiro acotado presentado por el Gobierno la semana recién pasada y aseguró votar en favor de éste es el el camino correcto a seguir por el Congreso.

De una opinión similar fue el senador Rodrigo Galilea, quien fue uno de los votos de minoría en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y optó por no legislar este segundo giro desde las  cuentas de capitalización individual.

“El Gobierno ha hecho dos cosas que me parecen muy importantes: ha presentado un proyecto de ley que corrige los graves defectos del retiro del 10% de pensiones que viene de la Cámara de Diputados y corrige el tema impositivo”.

Desde la UDI, su presidenta, la senadora Jacqueline van  Rysselberghe, respaldó sin ambages al su Gobierno y bajó el perfil a las críticas de la oposición señalando que hay un proyecto de retiro alternativo que es más razonable y llevado adelante dentro del marco constitucional actual.

“Creo que acá va a haber un retiro del 10%, de hecho el Gobierno presentó un proyecto, pero me parece que se tiene que legislar de acuerdo a la normativa vigente y eso es a través de un proyecto de ley y no de una reforma constitucional y, por lo tanto, creo que es lo que debía hacer el Gobierno. (…) El proyecto del Gobierno es súper razonable: tiene que ver con que los más ricos paguen los impuestos que corresponden”.

En tanto, los parlamentarios oficialistas que manifestaron su rechazo a la decisión del Gobierno de impugnar la constitucionalidad manifestaron su inquietud por la forma en que el Presidente y su gabinete han enfrentado los conflictos sociales y la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus. Así, los senadores Francisco Chahuán (RN) e Iván Moreira (UDI) criticaron la lentitud del Ejecutivo en presentar alternativas al retiro. El senador por la región de Valparaíso de hecho invitó al Gobierno a reflexionar y unir el retiro con el proyecto de reforma del Sistema de Pensiones.

El senador Moreira, sin embargo, si bien reconoció el derecho del Gobierno de usar los instrumentos que le entrega la legislación y la misma Carta Fundamental, también criticó la actitud de poner a los congresistas entre la espada y la pared.

“Nosotros tenemos el derecho de cumplir con nuestra palabra. Vamos a votar sí o sí un proyecto de ley o una reforma constitucional que permita el retiro del 10% en el mes de diciembre, ese es el compromiso” manifestó el legislador a la vez que llamó al Ejecutivo a mejorar el proyecto presentado y lo instó a trabajar con la mesa del Senado para resolver este complejo asunto.

Desde los diputados oficialistas, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Francisco Eguiguren, las declaraciones fueron de las más duras. El parlamentario por el distrito 5 lamentó la decisión tomada por su Gobierno y aseguró que ella solo acrecienta el malestar social que se ha demostrado en numerosas oportunidades en las últimas semanas.

“El Gobierno lo que hizo es impugnar el segundo retiro del 10%, y eso es apagar el incendio con bencina. Eso me preocupa profundamente. Además que el proyecto que presentó el gobierno es deficitario, no responde a lo que es el segundo retiro del 10% y está lleno de resquicios, está lleno de trabas, condiciones que finalmente, harán que sólo un reducido número de personas puedan optar a ese retiro. ¿Qué significa eso? Significa que se va a levantar mucha gente. Y eso el Gobierno no lo ha entendido. Por Dios que cuesta. Es mi gobierno. Me duele mucho. Pero sinceramente creo que tenemos que ponernos los pantalones y en los zapatos de la gente que hoy día lo está pasando mal”, señaló Eguiguren.

Ese es el ambiente en que se discutirá en Congreso tanto el proyecto de retiro acotado presentado por el Gobierno, como la moción parlamentaria de reforma constitucional que permitiría un segundo giro de las cuentas de ahorro previsional. Según la información entregada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la diferencia en costos fiscales es superior a los mil millones de dólares: el proyecto del Gobierno es de unos US$2.154 millones y el de la oposición bordea los $3.200 millones de la divisa estadounidense. Sin embargo, hasta ahora, ninguno tiene asegurados los votos para seguir adelante.