Fueron casi ocho años de tramitación en el Congreso los que se necesitaron para lograr despachar una nueva Ley de Migración y Extranjería que reemplazara la norma aprobada en dictadura y que regía hasta la actualidad. Este jueves, el Senado despachó la ley aprobando el informe de la comisión mixta, luego de reformular 10 artículos que fueron rechazados en la Cámara Alta.

La aprobación de la ley configuró uno de los principales triunfos del Gobierno en el último tiempo, el que fue catalogado como “un hito histórico” por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Sin embargo, las organizaciones migrantes en Chile no piensan lo mismo.

Así lo expresaron desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, quienes han rechazado desde un inicio este proyecto, argumentando que fue tramitado a espaldas de las organizaciones y las comunidades migrantes, así como también de las de derechos humanos. Ante esto, en un comunicado público, expresaron su “repudio” a la aprobación, asegurando que la ley “llevaría a las comunidades a una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión por parte del Estado”. Asimismo, manifestaron que este proyecto “viene a reforzar las desigualdades que vivimos las personas inmigrantes y refugiadas en Chile”.

“Las consecuencias de esta ley se traducirán en mayores violaciones de los derechos humanos, más inequidad en la actuación de las autoridades y espacio para los abusos, maltratos, trata, tráfico de personas, y distintas formas de explotación. Por lo que declaramos, que no descansaremos hasta derogar esta ley inicua“, señala la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en su comunicado.

Por su parte, en conversación con Radio Universidad de Chile, el vocero del Movimiento Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza, criticó la estrategia que utilizó el Gobierno y, en particular, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, a quienes se les escuchó en reiteradas ocasiones que este proyecto venía a “ordenar la casa”. “El argumento de ‘ordenar la casa’ ya en sí está presuponiendo que la migración es un desorden”, sostuvo Cardoza.

Cerca de ocho años estuvo en discusión en el Congreso el proyecto para una nueva Ley de Migración y Extranjería, que reemplaza a la actual norma, de 1975. Foto: Presidencia.

“Esto fue un proceso en donde inicialmente se posicionó comunicacionalmente la migración como el desorden, como una cuestión incontrolada; lo cual todo era un montaje, en donde se pretendía generar esa sensación de miedo y descontrol, para poder tener una política de control mucho más rígida de la que se tenía y reforzar el concepto inicial”, explicó el vocero del MAM.

El cuerpo legal contempla, entre otros cambios, la creación de un nuevo Servicio Nacional de Migraciones y la obligación de que las personas deban postular a sus visas desde los consulados de Chile en sus países. Este último punto fue uno de los que mayor debate causó, junto con el que establece que las personas que ingresaron al país antes de la promulgación de la ley tendrán seis meses para abandonar Chile y solicitar su visa en el exterior.

El punto crítico para las organizaciones y comunidades migrantes es poder garantizar la protección y promoción de los derechos de estas personas, los que, para ellos, se verían vulnerados con esta ley. Es por esto que Cardoza, también académico de la cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile, aseguró que el proyecto aprobado no logra llegar a un piso mínimo de respeto a los derechos humanos. “Yo creo que esta ley va a ser nefasta“, sentenció Cardoza.

“Las cosas positivas que tiene esta ley son tan pocas, que no alcanzan los estándares de derechos humanos. Hay que tener en cuenta una cosa: los derechos humanos son un piso a partir del cual se construye hacia arriba. Y esta Ley de Migraciones no llega ni siquiera al piso“, concluyó el vocero de Acción Migrante.

Pese a la amplia votación que obtuvo en el Senado, en donde fue aprobada con 38 votos a favor y sólo dos en contra, desde la oposición ya se han iniciado conversaciones para impedir que la Ley de Migraciones termine promulgándose. La diputada RD Catalina Pérez y el senador RD Juan Ignacio Latorre anunciaron una reserva de constitucionalidad respecto de una serie de artículos de la ley, por lo que acudirán al Tribunal Constitucional apelando a que se contravienen principios básicos, como la Convención sobre Derechos del Niño y de los trabajadores migrantes. Para ello, requieren 39 firmas en la Cámara u 11 en el Senado. Si lo logran, el TC deberá revisar el texto legal e incluso podría establecer cambios, luego de esto, el texto quedará en condiciones de ser promulgado.

Desde las organizaciones y comunidades de inmigrantes en Chile han manifestado su rechazo al proyecto de Ley de Migraciones impulsado por el Ejecutivo. Foto: Coordinadora Nacional de Inmigrantes.