Aunque la aplicación del toque de queda como medida sanitaria viene siendo criticada, el Gobierno ha descartado en los últimos días que puedan existir cambios en sus horarios de aplicación al menos en el corto plazo.

Pero la medida, abre también un debate mucho más general, respecto de las nuevas atribuciones que han ido adquiriendo los aparatos coercitivos del Estado con la justificación de la pandemia.

Para el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Felipe Agüero, aunque la efectividad de su aplicación en Chile podría haber tenido un impacto positivo en los momentos más álgidos de los contagios, hoy resulta ser una medida alargada innecesariamente y que bien podría ser reemplazada por estrategias menos transgresoras de la libertad de la población.

Felipe Agüero.

“Me parece que es una medida facilista, porque es un recurso disponible, generado por el Estado de Emergencia, pero que debiera llamar a mayor reflexión sobre su utilidad y también sobre el costo que puede tener con relación a las libertades de la gente. Por una parte, se plantea que esto tiene una utilidad sanitaria muy evidente, porque restringe el movimiento de las personas, pero ese mismo objetivo se puede lograr de otras maneras”, indicó el académico en conversación con nuestro medio.

Pero si bien estos mecanismos han sido replicados a nivel mundial, Agüero asegura que, en el ámbito local, se suman a otro tipo de estrategias que ya venían siendo defendidas por el gobierno de turno, y que, según dice, “le van dando mayor poder al Ejecutivo en materia de control”.

“Ahora las vemos a las Fuerzas Armadas desplegadas en los controles fronterizos, que antes eran solo de apoyo logístico en algunos lugares. Sumemos a alguna extensión, por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, su presencia en La Araucanía, que es inédita en el tiempo reciente, y además las pretensiones del Gobierno a través de la reforma a la Ley de Inteligencia, la propuesta de ley sobre Infraestructura Crítica. Todo un campo que va extendiendo la acción de las Fuerzas Armadas en el escenario doméstico”.

Sumado a esto, en Chile, este tipo de medidas aparecen un momento complejo para los aparatos del orden, criticados con más intensidad posterior al estallido social del 2019. Por tal motivo, según el académico, en el caso de Carabineros quedan abiertas las dudas sobre la correcta aplicación de nuevos mecanismos de control para impedir el avance del COVID-19, sobre todo porque con los que ya existen, los errores han sido evidentes.

“Por ejemplo, en el caso del control preventivo de identidad, me parece que fue un gran y profundo error haber pasado esa ley. Sabíamos que se trata de una institución que está en urgente necesidad de reforma, tan profunda que muchos hablan de refundación. Tiene grandes deficiencias y es justamente a ella que le pasamos un instrumento de acción difusa de control”, criticó.

Respecto de que pueden hacer los gobiernos de Latinoamérica para garantizar la no vulneración de los Derechos Humanos a través de estos mecanismos popularizados con la pandemia, Agüero afirma que serán de vital importancia la generación de normativas de control y de transparencia. Además de esto, será necesaria una renovación y fiscalización constante, dado que se trata de un campo de acción donde la tecnología es quien marca la pauta y podría jugar en nuestra contra en niveles cada vez más extremos.