Este domingo una entrevista del ahora ex coordinador de la macrozona sur del Gobierno, Cristián Barra, encendió una grave polémica que terminó con su renuncia horas después.

Barra aseguró en conversación con El Mercurio que existe “falta de voluntad” por parte de las Fuerzas Armadas para controlar la situación de La Araucanía, a lo que agregó que desde las instituciones llegan a las reuniones con sus abogados “para poder decir por qué no pueden hacer las cosas”.

Las declaraciones del ex coordinador revelaron la intención de derivar en las Fuerzas Armadas la resolución y el control de La Araucanía, hecho enmarcado en un contexto de represión y violación de derechos humanos que ha vivido el país con fuerza desde octubre de 2019 y que durante décadas también ha afectado al pueblo mapuche.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el académico Claudio Nash, coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, comentó la situación generada por estas declaraciones, y señaló que es importante comprender que las palabras de Cristián Barra revelan una visión de Gobierno, y no solo personal.

“Es importante despersonalizar el tema. Esto no es un problema del señor Barra, esto es un problema del representante del Gobierno en una zona especialmente compleja para el país y, en particular, para el Gobierno. Y, en ese sentido, a mí lo que más me preocupa es que estas declaraciones desnudan la apuesta de este gobierno por una creciente represión y como base para terminar su mandato”, expresó.

Foto: Agencia UNO.

Y agregó: “Aquí el mensaje es que la apuesta represiva es el camino que ha elegido el Gobierno para gobernar hasta marzo de 2022, incluso si eso implica tensionar el sistema jurídico, es decir, el estado de derecho en Chile y esa es una muy mala noticia para el país y para la democracia en Chile”.

Tras la salida del coordinador de la macrozona sur de su cargo, el Gobierno decidió nombrar a Loreto Silva, ex ministra de Obras Públicas, como asesora presidencial en La Araucanía.

Respecto de este nuevo nombramiento y del perfil que debe cumplir quien asesore al Gobierno en este tema, Claudio Nash expresó que la situación del Wallmapu es muy preocupante, dado que durante los últimos años, y no solo en este gobierno, ha existido una apuesta por entregar una respuesta militarizada ante las demandas del pueblo mapuche.

“Ha sido una respuesta del Estado de Chile, no solo de este gobierno. Este gobierno profundizó una apuesta que venía ya desde los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría y lo preocupante entonces es que este gobierno no ha dado ningún paso efectivo en el camino de lo que uno esperaría fuera la forma en que se enfrenta el problema, y es con diálogo político de alto nivel”, aseveró.

Además, complementó que “lo que se necesita aquí es una voluntad de diálogo del Estado de Chile para dialogar en condiciones de igualdad con el pueblo mapuche en términos de territorio, de autonomía y en términos de descriminalización de la zona. En ese sentido, la figura de un delegado presidencial, ahora una asesora presidencial, sin lugar a dudas, no va en la línea de resolver el tema de fondo, sino que básicamente de coordinar esfuerzos represivos que han demostrado en la historia no tener ningún resultado, así que no hay mucho espacio para el optimismo en lo que suceda en este año en la zona”.

Rectificación, responsabilidad y justicia

En el marco de la represión policial que afecta al país, las denuncias por violaciones de derechos humanos y las intenciones del Ejecutivo de continuar entregando atribuciones a las Fuerzas Armadas, el académico Claudio Nash también abordó lo que podría hacerse para enfrentar la crisis que vive el país. Ante ello indicó que si bien dado el respaldo que da el Gobierno a la represión el panorama es muy complejo, no se deben dejar de buscar soluciones al conflicto.

Según comentó el doctor en derecho, a fines de 2019 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Chile, el diagnóstico ya era desolador respecto de qué medidas tomar: “Yo les comenté ahí que la situación era preocupante porque habíamos agotado el manual, habíamos hecho todo lo que hay que hacer en Chile para detener la escalada represiva y nada estaba dando resultados, y de alguna manera ese diagnóstico sigue vigente”.

Ante este contexto, Nash explicó que hay dos caminos que se deberían tomar. Por un lado la rectificación de las autoridades en su actuar y, por otro, la acción de la sociedad civil.

“Aquí el Poder Ejecutivo tiene que cesar las violaciones de derechos humanos, el Legislativo tiene que establecer responsabilidades y no seguir avalando una agenda criminalizadora de la protesta y el Poder Judicial en su conjunto debiera transformarse en una barrera frente a los abusos. Pero cuando eso no ocurre ¿Qué queda? Por una parte recurrir y seguir con las denuncias en las instancias internacionales, es importante que vuelvan a poner a Chile en el centro de atención, y por otra la sociedad civil, aquí no hay forma de avanzar en materia de derechos humanos sin una sociedad civil organizada y capaz de resistir en estos momentos este debate en materia de DD.HH”.

“Hay que insistir en los caminos y en las herramientas que nos entrega hoy el estado de derecho y la estructura internacional, pero también la estructura de organización de bases. No hay otra forma, hay que insistir como se hizo en dictadura. En dictadura se insistió en un camino que no siempre obtuvo resultados durante 17 años, bueno, ahora tenemos un año todavía más que resistir hasta el cambio de gobierno”, agregó.

En tanto, sobre la culpabilidad existente en las violaciones de derechos humanos más allá de Carabineros y los funcionarios que cometieron los delitos, Claudio Nash señaló que se debe tener claro que estos crímenes tienen distintos ordenes de responsabilidad y todas se deben hacer efectivas.

“Puede pasar un tiempo, a veces hay una sensación de impunidad que se va instalando, pero en el largo aliento hay que tener la convicción de que quienes violan derechos humanos terminan respondiendo por esas violaciones. Hay responsabilidades de distinto tipo, hay responsabilidades desde lo administrativo como las que ha impuesto Contraloría hace poco a algunos miembros del Alto Mando, hay responsabilidades penales y la justicia tiene una enorme responsabilidad, que hasta ahora no ha estado cumplimiento. Hay que esperar que, en un futuro gobierno, en otro contexto, se haga lo que se tiene que hacer que es juzgar los crímenes graves”, expresó el doctor en Derecho.

Y finalizó: “Si eso no se hace en Chile está abierta la vía internacional y hay que ser claros, no puede haber impunidad por las violaciones a los derechos humanos. No podemos permitir que en la historia de este país por segunda vez se abra espacio a la impunidad, y ese es un gran desafío que vamos a tener como generación los que nos tocó vivir esta grave crisis. Tenemos un compromiso de que esto no quede impune”.