Durante la tarde de este miércoles fue constituida la comisión de la Cámara a cargo de analizar la pertinencia de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, compuesta por la diputada Marisela Santibáñez (PC), Tomas Fuentes (RN), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Guillermo Ramírez (UDI).
Dado que sus integrantes son en su mayoría, parlamentarios del oficialismo, la sesión designó al diputado Fuenzalida como presidente de la instancia, quien ante el escepticismo en la imparcialidad del proceso, afirmó que se analizaría el texto bajo sus argumentos.
“Yo formo parte de la Comisión de Educación, me ha tocado trabajar en varios proyectos de ley emanados del Ejecutivo, pero en este caso particular, tenemos que revisar una acusación en su mérito y tomando en consideración el fundamento del escrito, y no que transformemos la comisión en algo que pueda sobrepasar los limites de la misma acusación”, señaló.
Asimismo se definió que la entidad trabajará a diario, a las 15 horas, por un plazo de diez días a partir del lunes 26 y que establecería una estructura 50/50, para efectos de acusadores y defensores, para componer a los y las intervinientes en las sesiones.
“Como miembros de la comisión, no solamente tenemos que invitar a las distintas personas que quieran participar y que quieran hablar sobre el tema, sino que tenemos que generar las garantías para que todos los integrantes de la comisión puedan tener el derecho de invitar a harta gente. Por eso definimos una forma de trabajo continúa, estableciendo un horario, y en la medida que se vayan agregando los invitados, vamos a ir escuchando a todas las partes, la acusadora y la que se defiende y obviamente tenemos que estar abiertos a recibir a todos los que quieran participar y contar de cierta forma la experiencia o las realidades que cada uno vive“, señaló el diputado Fuenzalida.
A eso agregó que se espera notificar en el tiempo establecido al secretario de Estado, para efectos de que asista a la instancia a manifestar sus argumentos, en un plazo de 10 días.
“Una de las facultades que tenemos como Cámara es la de fiscalizar y dentro de eso también la acusación constitucional y por lo tanto, siempre vamos a tener abierta la puerta a quien, en este caso, el que está acusado, el ministro de Educación, pueda hacer sus descargos y defensas sobre este escrito (…) Él tiene un plazo de 10 días para evacuar su defensa, que la puede hacer por escrito y se acogerá si esta llega y sino, habrá que obrar con los antecedentes que se tengan sobre la mesa”, explicó el presidente de la comisión revisora.
Pese a que las declaraciones de Fuenzalida relativas a la imparcialidad del trámite y de que el texto será analizado en su mérito, el diputado RN, Tomás Fuentes, acusó un trasfondo político en la acusación.
“En la comisión analizaremos el sustento jurídico de la acusación contra el ministro Figueroa. Sin embargo, sabemos que se trata de un líbelo que tiene trasfondo político. No conozco ningún país en el mundo en que se haya acusado al ministro de Educación por cumplir su deber, por poner todos los esfuerzos en garantizar el derecho a la educación y donde el retorno a clases, producto de la pandemia, siempre ha sido voluntario, por tanto se trata más bien de una maniobra política de la oposición”, criticó.
En esa línea, el diputado UDI, Guillermo Ramírez, aseveró que, por lo que ha escuchado de los firmantes de la acusación, el texto carecería de argumentos dado que el ministro Figueroa tiene que defender siempre el que los niños y niñas puedan asistir al colegio. “Nos parece que no corresponde acusarlo por realizar su pega“, objetó.
“Si es que finalmente la acusación constitucional se cae va a ser porque no tiene los argumentos suficientes para que prospere. Nosotros acá hemos establecido un acuerdo en que los invitados se van a dividir en mitades, entre quienes acusan y quienes defienden para dar la garantía que la comisión haga bien su trabajo. El texto de la acusación constitucional la recibimos ahora, no conocemos en detalle el contenido todavía, pero sí podemos adelantar que, por lo que hemos podido oír de las personas que han firmado este líbelo, a mí me parece que ninguno de los tres capítulos tiene verdaderos fundamentos, particularmente el capitulo tres, en que se acusa al ministro de poner en peligro la vida y salud de los estudiantes por querer volver a clases presenciales“, señaló.
Ante esta situación, la diputada de Comunes Camila Rojas, declaró que si bien la conformación de la comisión revisora no es favorable, confía que los argumentos son de peso.
“Confío en que el trabajo es contundente y esperamos que la acusación sea estudiada en detalle, en su mérito y por supuesto de manera responsable por cada uno de los diputados que va a conformar la Comisión. Vamos a trabajar en conjunto con la diputada Santibañez y esperamos que durante el tiempo de audiencia se reciba a los invitados que hemos sugerido, entre ellos algunos alcaldes que han planteado la situación de las escuelas durante la pandemia”, observó.
Cabe recordar que el texto fue firmado y presentado por la diputada Camila Rojas (Comunes), Juan Santana (PS), Camila Vallejo (PC), Rodrigo González (PPD), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Esteban Velásquez (FRVS), Mario Venegas (DC), Cristina Girardi (PPD), Marcelo Schilling (PS), Pamela Jiles (PH), Gonzalo Winter (CS) y Marcela Hernando (PR) y que considera tres capítulos acusatorios: vulneración del derecho a la educación, vulneración de los trabajadores de la educación y amenaza a la vida e integridad física y psíquica.
Finalmente la comisión deberá emanar un informe respecto a la acusación, que no es vinculante con la votación del pleno.
