En 2017 Joane Florvil fue detenida por efectivos de Carabineros por supuestamente haber abandonado a su hija de pocos meses de edad.  La mujer de nacionalidad haitiana y que no hablaba español, pidió ayuda a funcionarios municipales para denunciar una estafa que habría sufrido con su pareja, dado que no logró ser comprendida, encargó a su hija al guardia municipal mientras buscaba un traductor, sin embargo, fue denunciada por el abandono de la niña, detenida en un operativo policial televisado y trasladada inicialmente a la 44ª Comisaría de Lo Prado y luego a la 48ª Comisaría de Familia e Infancia. Unos días después fue ingresada a la Posta Central y tras una falla hepática debió ser internada en la UCI del recinto, desde donde salió para solo algunos días después ser internada nuevamente, esta vez en el Hospital de la Universidad Católica, por una hepatitis fulminante que finalmente le costó la vida.

Este lunes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer que, a raíz de una solicitud realizada por el organismo, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó reabrir investigación penal en la causa de Joane Florvil.

“En casos de denuncias de violaciones de DD.HH, de tortura u otro tipo de malos tratos, o tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Estado de Chile tiene la obligación de investigar exhaustivamente los hechos de manera oportuna, con personas competentes,  y nosotros cuestionamos que eso hubiese ocurrido en el caso de Joane Florvil”, explicó en conversación con nuestro medio el abogado Rodrigo Bustos, Jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH.

El profesional señaló que en la audiencia llevada adelante el jueves recién pasado, el Tribunal escuchó tanto al INDH como al Ministerio Público en orden a tomar la decisión de seguir con la investigación penal por los hechos ocurridos en agosto de 2017 en la comuna de Lo Prado. La decisión del Juzgado de Garantía fue acceder a la petición del INDH y ordenó una investigación por el plazo de 150 días en los que la Fiscalía deberá efectuar las diligencias que fueron solicitadas por el órgano autónomo.

“En la audiencia del jueves pasado la Fiscalía pretendía cerrar la investigación sin haber realizado diversas diligencias que el INDH, como parte querellante en la causa, había solicitado  y el Tribunal, atendido precisamente los estándares internacionales a los que está obligado el Estado de Chile en caso de denuncias de violaciones de derechos humanos, accedió a la reapertura de la investigación principalmente porque faltaba la realización de la toma de declaraciones a personal de Carabineros de dos comisarías”.

“El Ministerio Público sostenía que era suficiente con la realización de las declaraciones en el marco del sumario interno de Carabineros de Chile, pero el INDH planteó que eso no era suficiente, pues un sumario dice relación con responsabilidad administrativa, además se trata de una investigación realizada por la propia institución a la que pertenecen las personas involucradas, en este caso, estamos hablando de las 44 y 48 Comisarías de Santiago”, puntualizó el abogado.

Mural en honor a Joane Florvil en Lo Prado.

Consultado sobre cómo la reapertura de la investigación en el caso de Joane Florvil puede llevar a avances en la erradicación del racismo institucionalizado en nuestro país, el Jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH manifestó que según el Derecho Internacional de DD.HH. “lo ocurrido a Joane Florvil fue un acto de discriminación interseccional”.

“Tiene que ver con vulneraciones a los derechos humanos, actos discriminatorios en los que concurren distintos elementos de discriminación. Se trataba de una mujer afrodescendiente y migrante, por lo tanto, este caso muestra de manera clara como el Estado de Chile está al debe en una serie de políticas públicas de adecuación del marco normativo y de prácticas para que efectivamente los funcionarios y funcionarias de nuestro país no incurran en actuaciones discriminatorias.

Por un lado tenemos la investigación penal que se está realizando y que se logró pueda continuar, y por otro la investigación administrativa no solo al interior de Carabineros sino también en el hospital en que murió Joane Florvil, sino que además este caso puede ser de utilidad para subsanar una serie de falencias y no volver a incurrir en algo como esto. No queremos que vuelvan a ocurrir nuevos casos como éste y, por lo tanto, el Estado de Chile debe adoptar una serie de políticas para que no vuelva a suceder”.

En mayo del año pasado, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenaba a la municipalidad de Lo Prado por haber incurrido en discriminación arbitraria contra la mujer de nacionalidad haitiana. La sanción consistió en una multa a beneficio fiscal por un monto de 5 UTM y, a la vez, se ordenó capacitar a los funcionarios en la atención de ciudadanos extranjeros que asistan al municipio.

Respecto de este último punto, Bustos señaló que efectivamente la sanción se dio en el marco de la aplicación de la ley antidiscriminación, pero que desde el INDH no existe confirmación de si tal capacitación se entregó efectivamente.

“En cualquier caso, este y otros procedimientos donde se ha aplicado la ley antidiscriminación han mostrado las debilidades de esta misma normativa por las que se ha ido discutiendo en los últimos años una ley antidiscriminación mucho más potente e integral que, por cierto, pueda establecer sanciones pecuniarias, pero también una serie de otras medidas de no repetición para que no tengamos más casos como el Joane Florvil”.

Finalmente, Rodrigo Bustos señaló cuáles son las expectativas del INDH con la reapertura de la investigación.

“Hay que tener claro que el deber del Estado de investigar denuncias de violaciones a los DD.HH. no es de resultado, es decir, no implica necesariamente que haya condenas, sino que debe haber una investigación exhaustiva y se llegue a la verdad respecto de lo sucedido. Por eso valoramos el hecho que el Tribunal haya ordenado la reapertura e investigación por 150 días, implica que los funcionarios de carabineros van a tener que declarar en el marco de la investigación penal y así podremos tener una comprensión más clara de todo lo que sucedió. Después habrá que determinar si habrá o no sanciones, pero reitero que el primer deber del Estado es realizar una investigación oportuna, exhaustiva y a través de funcionarios competentes”, concluyó.