La vulneración de niños, niñas y adolescentes por parte del Estado de Chile a través de sus sistemas de protección institucional, como es el Servicio Nacional de Menores (SENAME), parece un cuento de nunca acabar.

A pesar de que existen informaciones claras y acreditadas de los maltratos que sufren los niños institucionalizados, y de que han existido avances legislativos para mejorar el sistema, lo cierto es que las vulneraciones continúan.

Así por ejemplo ha sido denunciado en el caso del CREAD Pudahuel, donde la jueza de familia, Mónica Jeldres, así como otros representantes de instituciones del Estado han constatado una serie de hechos irregulares y riesgosos para la protección de quienes ahí residen.

Por ello es que Mónica Jeldres y el abogado Branislav Marelic, ambos a título personal, realizaron una solicitud de medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de todos los niños, niñas y adolescentes del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) Pudahuel para que revise y repare inmediatamente la violación grave y sistemática de los derechos fundamentales de más de 100 niños ahí residentes.

“La finalidad principal es la protección de los derechos de los niños que se encuentran institucionalizados en el CREAD, pero también que podrían ser trasladados desde otros recintos o institucionalizados a ese mismo CREAD”, explicó a Radio Universidad de Chile, el abogado Branislav Marelic.

Abogado Branislav Marelic. Foto: INDH.

“Una de las razones que nos mueve también a hacer esto es la poca mejora que ha tenido ese CREAD durante tanto tiempo y sobre todo la situación de abandono, pero no abandono en el sentido social, sino que abandono judicial de los niños, niñas y adolescentes que están ahí, porque muy pocos son tomados en cuenta. Simplemente se toman decisiones sin escucharlos en los procedimientos judiciales”, agregó.

Parte de las vulneraciones vividas por quienes hoy están en el CREAD Pudahuel son: niños, niñas y adolescentes en condición de fugados del centro, desescolarización y rezago escolar, acceso a drogas ante el comercio existente en las afueras y también redes de explotación sexual que siguen a los niños, sumado a lesiones como fracturas y heridas por acceder a techumbres sin mayor control ni seguridad.

A eso se suman, además, licencias médicas prolongadas del personal sin que existan suplentes para mantener su correcto funcionamiento, lo que dificulta el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, y también malas condiciones de salubridad en el lugar. Todo aquello motivó la solicitud de la medida cautelar ante la CIDH.

Las expectativas en favor de la niñez

La medida solicitada es un mecanismo por el cual una o más personas solicitan a la Comisión que determine protección sobre un grupo vulnerado por el Estado. Así, la instancia podrá solicitar medidas cautelares en favor de quien se encuentra en riesgo.

En 2018 una acción similar ya se puso en marcha en Chile, cuando la CIDH aceptó una medida cautelar para el CREAD de Playa Ancha en Valparaíso, momento en que la Comisión requirió al Estado que “adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el CREAD de Playa Ancha de acuerdo con los estándares internacionales en la materia y orientadas conforme a su interés superior”, entre otras cosas.

Respecto de lo que se espera en este caso, Branislav Marelic explica: “La Comisión lo que hace, cuando toma una decisión favorable, es decir que hay una situación de preocupación. Lo que podría decir es que hay vulneración de derechos y dirá al Estado que ponga atención, que haga todo lo que tenga en sus manos para proteger estos derechos y eso implicará que se movilicen recursos”.

Junto a ello expresó que en general el Estado de Chile cumple las órdenes internacionales, por lo tanto, es muy probable que si la CIDH se pronuncia en favor de los niños, niñas y adolescentes del CREAD Pudahuel, el Estado cumpla en virtud, además, de sus obligaciones internacionales.

Para el abogado también es de relevancia que esta medida cautelar sea un impulso para nuevamente cuestionar y hacerse cargo de  los problemas de fondo en la institucionalidad protectora de la infancia en Chile. “Con el CREAD Pudahuel, más que la protección para los niños que se debe hacer, también es una señal para ver cómo están las otras residencias en otros lugares del país”.

“Si esto ocurre en un recinto que es de administración directa del Estado uno podría pensar que otros que tengan menos recursos van a estar en peor situación, entonces éste no es solamente un llamado para atender la situación particular, sino también para que nos apuremos y se cumplan los compromisos de la protección de los derechos del niño”, añadió.

En el ámbito global, el abogado destacó que es importante que mientras se da la discusión respecto de mejorar la institucionalidad de Sename, no se olvide que los niños, niñas y adolescentes continúan siendo vulnerados.

“Mientras estamos haciendo proyectos dejamos a niños que están en este mismo momento sin una debida protección, entonces yo creo que podemos hacer las dos cosas. También uno esperaría que se fortalezca la jurisdicción de familia para que no queden niños sin ser escuchados y que todas estas situaciones de vulneración sean atendidas lo más pronto posible por los jueces y juezas”, señaló.

Asimismo, reiteró que este problema no es nuevo en lo absoluto, sino por el contrario ha sido denunciado por años por diversas personas e instituciones, pero que hasta ahora no se ha traducido en un real respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Han existido avances. El Servicio de Protección de la Niñez que está en implementación promete, o se instala para remediar la situación, pero si no echamos mano al fortalecimiento de la judicatura, a una fiscalización de los programas ambulatorios, y a cómo los niños y niñas son escuchados en sus procedimientos, las cosas no van a mejorar mucho. El Servicio de la Niñez es una esperanza, es un punto de partida, pero queda mucho y uno siempre tiene que guardar las esperanzas”, finalizó.

Al tratarse la medida cautelar de una solicitud de emergencia, los tiempos de respuesta de la CIDH son más rápidos que en el caso de otro tipo de análisis, por ello se espera que el pronunciamiento sobre este caso pueda estar oficializado en menos de un mes.