En el lugar 71 de la tabla de debate de proyectos de la Sala del Senado está el proyecto de indulto para los detenidos durante el estallido social que se inició el 18 de octubre de 2019.

Por eso, el senador Juan Ignacio Latorre señaló que “en vez de que esté estancado ahí sin moverse por falta de voluntad política”, volverá a Comisión para despejar las indicaciones que se puedan presentar en los próximos días.

Latorre precisó que el retorno fue un acuerdo de los comités parlamentarios “para que lo tramite en particular, eso significa que se pueda abrir un plazo de indicaciones, que espero sea un plazo razonable, acotado, de indicaciones que se no busque dilatar el debate, para mejorar el proyecto de ley y ahí cualquier senador, senadora, puede presentar indicaciones para mejorar el proyecto de ley”.

El legislador agregó que “nosotros estamos trabajando con un grupo de iniciativas para la libertad de presos de la revuelta, con abogados y abogadas defensoras, abogados de derechos humanos, un conjunto de iniciativas y de indicaciones para mejorar el proyecto de ley. Tal como lo pidió la Convención Constituyente, en su primera declaración pública y aprobada por más de dos tercios, debemos tramitar con sentido de urgencia el proyecto de ley de indulto general a los presos de la revuelta y buscar una salida política”.

Por su parte, Verónica Verdugo, vocera de la Asamblea nacional de familiares de presos políticos de la revuelta, indicó que están de acuerdo con esta decisión del Senado de regresar el proyecto a la comisión de Constitución.

Además, insistió en que “es un contrasentido que prisioneros y prisioneras políticas de la revuelta queden fuera de la solución. Lo técnico debe supeditarse a lo político y al espíritu del proyecto de ley, razón por la cual las agrupaciones estamos luchando por el proyecto de indulto general”.

Verdugo agregó que “la prisión política de la revuelta no es sólo un problema para los propios presos y sus familias, es también un problema país, un problema que se ubica en el ADN de la democracia misma, en donde se ha develado la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial y con ello la carencia de autonomía de los poderes del Estado y el trato desigual ante la ley con la aplicación de leyes de contexto y un Ministerio Público que no parece un órgano cuyo fin último es buscar justicia sino más bien opera como una oficina dependiente del Ministerio del Interior”.

Por último, destacó que se debe fijar una fecha límite para la evaluación de las indicaciones y pueda ser devuelto a la Sala del Senado para su debate final.