La mañana de este miércoles el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó el estado de excepción constitucional extendido ayer por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, por un plazo de quince días más en las comunas de Biobío, Malleco y Cautín. El jefe de gabinete respondió a las críticas referidas a los ataques incendiarios que se han producido en el marco de esta semana en la Macrozona Sur, tal como el que terminó con viviendas, maquinarías y vehículos consumidos por el fuego en la comuna de Carahue y que han puesto en tela de juicio la “fecundidad” de la presencia militar en la zona.

Al respecto Delgado aseveró que con el decreto el Gobierno no estaba garantizando que iba a haber violencia cero en el territorio. “Lo que dijimos era que este estado de excepción iba a permitir una colaboración importante de las Fuerzas Armadas con las policías en la Macrozona Sur para evitar y perseguir el narcotráfico, las armas de guerra y de grueso calibre, los ataques a camiones, la quema de viviendas”, expuso.

El refuerzo de los militares ha sido lo que ha permitido la disminución de un 43 por ciento de los delitos violentos en la zona, destacó enseguida el ministro, en la línea de lo que expuso ayer el mandatario al asegurar que desde el arribo desde las FF.AA. en las comunas bajo la excepcionalidad constitucional, se han ejecutado más de 10 mil controles, se ha detenido a cerca de 30 personas con ordenes pendientes y de redujeron a la mitad los atentados incendiarios.

Por estas cuentas que saca el Gobierno es que hoy el jefe del Interior declaró que se está evaluando el requerir una tercera prórroga del estado de emergencia al Congreso, recordando que una tercera extensión de la medida requiere la aprobación de los y las parlamentarias en ejercicio.

Pero en términos de aprobación, la determinación del Ejecutivo sobre desplegar a los militares en la zona se ha encontrado con una férrea oposición, no sólo en el legislativo, sino también dentro de la Convención Constitucional donde se impulsa fuertemente la idea de un Estado plurinacional que reconozca las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios y que garantice la integridad de sus derechos.

En ese sentido el convencional constituyente del pueblo mapuche y coordinador de la Comisión de Forma de Estado, Adolfo Millabur, dijo estar absolutamente en desacuerdo sobre la medida adoptada por el Gobierno, aseverando que es una evidente señal de la incapacidad de esta administración sobre resolver los temas que son de carácter político, sino es por el uso de los aparatos represivos.

Adolfo Millabur.

“Va a quedar en la historia como un gobierno que reproduce la época oscura que ha tenido el Estado chileno con los pueblos originarios, en este caso en la época de colonia Saveedra, en el caso de las distintas campañas militares que el Estado ha encabezado y que hace rato no aplicaba entonces, en la historia actual, moderna, hablar de campañas militares o presencial militar para buscar una solución que ya todos sabemos que es de carácter política, es una muy mala señal y no contribuye a solucionar el problema que estamos teniendo en la zona”, manifestó.

Desde el Congreso la diputada Emilia Nuyado también hizo sus descargos por la extensión de la medida, asegurando que “el Gobierno no ha tenido voluntad política para adoptar medidas profundas que puedan responder a la demanda histórica del pueblo mapuche en la recuperación del territorio”. Un hecho que se agrava con la incapacidad del Gobierno sobre ejecutar el presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que es aprobado en el presupuesto nacional para efectos de entregar las tierras requeridas por las comunidades.

Recurso de protección contra Piñera y Delgado

Con el objetivo de retrotraer el estado de excepción es que el viernes 22 de octubre la Plataforma Política Mapuche de la Región Metropolitana junto a autoridades ancestrales de la provincia de Arauco, de la octava región, y de la provincia de Cautín, en la novena, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones dirigido al presidente Piñera y al ministro Delgado por la arbitrariedad, ilegalidad y discriminación a la que se incurren las autoridades con la medida. 

Al respecto Alihuen Antileo, vocero de la Plataforma Política Mapuche sostuvo que con el decreto de estado de emergencia, “se viola el principio de igualdad y de ilegalidad debido a que el convenio 169 de la OIT que se encuentra actual y plenamente vigente en el ordenamiento jurídico nacional señala en su artículo sexto que cuando la autoridad administrativa, en este caso, el Presidente de la República y el ministro, adoptan una medida que sea susceptible de afectar directamente a integrantes de algún pueblo originario, se debe realizar un proceso de consulta previo y en este caso no se hizo y por lo tanto en este caso incurriría en ilegalidad“, explicó.

En lo relativo a la discriminación, Antileo señaló que los hechos delictuales por los cuales las autoridades consideran necesaria la presencia de los militares en la zona, no son diferentes en dimensión al aumento que ha habido de desordenes, narcotráfico, porte y tenencia ilegal de armas y asociación ilícita en algunas comunas del sector sur de la Región Metropolitana. Por este motivo es que se requiere revisar las cifras de Fiscalía sobre la prevalencia de estos delitos en esos sectores u otros.

Alihuen Antileo.

“Por lo tanto existiendo las mismas razones debería también decretarse el estado de emergencia para estas otras zonas, sin embargo no se decretan por un tema de que el objetivo de esta emergencia es contener al movimiento social mapuche, al movimiento de reivindicación territorial y entonces se incurre en una discriminación y por eso señalamos que debe dejarse sin efecto este decreto”, manifestó.

A eso el vocero de la Plataforma Política Mapuche agregó que las comunidades que se han movilizado por las reivindicaciones territoriales “llevan años y décadas presentando solicitudes para encontrar una solución política, administrativa, institucional, democrática y pacífica para resolver el tema de tierras y las distintas autoridades lo que han hecho es negarse a esas soluciones, por lo tanto se han ido acumulando durante años y ante el no avance de estas soluciones, las comunidades se movilizaron y al movilizarse se genera este conflicto”.

Por este motivo es que además se requiere que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) haga entrega de las solicitudes de restitución y de compra de tierras que han presentado las comunidades mapuches desde hace, al menos, cinco años y de las cuales 500 ya han sido aprobadas. “No se ha cursado su compra y como no se ha cursado su compra, varias de estas comunidades se han movilizado en el último año”, indicó el vocero.

La presentación de la organización junto a los representantes mapuches fue declarada admisible por la Corte de Apelaciones, con lo cual las autoridades interpeladas deberán responder y entregar antecedentes que se tuvieron a la vista para dictar el decreto en un plazo no mayor a cinco días.