El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la denuncia presentada por el abogado Luis Mariano Rendón en contra de la ministra de Transportes, Gloria Hutt, por su eventual responsabilidad en la baja afluencia de buses de transporte público en Santiago y varias ciudades del país durante la segunda vuelta presidencial el domingo recién pasado.

Rendón indicó que lo ocurrido durante esa jornada debe ser esclarecido en varias dimensiones, entre ellas una eventual intencionalidad para provocar una baja participación ciudadana que permitiera un resultado distinto al que finalmente se conoció en las urnas.

“Lo ocurrido en materia de transporte fue de una tremenda gravedad y sin duda causó un daño a la participación electoral. Pese a que esta tuvo un aumento en relación a la primera vuelta, debió ser mucho mayor si la ciudadanía hubiese contado con una provisión de transporte adecuada”, estimó el abogado.

Rendón destacó que “este daño fue mitigado en parte por la actitud solidaria de la misma ciudadanía y por algunos alcaldes que contribuyeron con vehículos municipales al traslado de personas a sus locales de votación. Pero la responsabilidad del Gobierno es innegable”.

Además, puntualizó que “no puede descartarse incluso una operación, atendido que la mayor participación en las zonas urbanas favorecía previsiblemente al candidato opositor”, por lo que subrayó que “la investigación de Fiscalía deberá ahondar justamente en ese punto”.

El abogado subrayó que “las autoridades gubernamentales no solamente no cumplieron con su deber de provisión y de fiscalización oportuna en una fecha tan relevante, sino que incluso, como fue el caso del Subsecretario Galli, trataron de descalificar las denuncias acerca de lo que ocurría, calificándolas de ‘fake news’ y acusaron de ‘acarreo’ a quienes trataban de cooperar. Gracias a la responsabilidad y solidaridad ciudadana el daño no fue mayúsculo, pero se pudo haber enturbiado y deslegitimado irremediablemente el proceso electoral, con consecuencias imprevisibles”.

Por eso, recalcó que “nada de eso puede quedar sin esclarecer mediante una investigación independiente. Espero que Fiscalía cumpla ahora con su deber rigurosamente”.

La demanda pide a la justicia que determine las eventuales responsabilidades de la ministra Hutt y de todos los que resulten responsables del delito de retardo o denegación de servicio que está contemplado en el artículo 256 del Código Penal.