En conversación con las periodistas Juanita Rojas y Diana Porras en la primera edición de Radioanálisis, el diputado y senador electo Daniel Núñez abordó el proyecto de ley contra la licitación del litio que presentó este miércoles la bancada comunista. La iniciativa busca impedir que el Estado suscriba a cualquier contrato de explotación o licitación hasta que se promulgue la nueva Constitución. Un propósito que, en palabras de Núñez, frenará lo que es derechamente un saqueo para el país.

Y es que el proceso de subasta que inició el Gobierno para adjudicar contratos operativos para explorar y producir 400 mil toneladas de litio para baterías, a juicio del legislador, está entregando una riqueza estratégica que escasea en el mundo, a las transnacionales y a los grupos económicos privados “en forma absolutamente descarada y en un volumen que implica una consecuencia y un desastre medioambiental gigantesco“.

Una afección que omite en sus declaraciones el titular de Energía, Juan Carlos Jobet, afirmó el legislador, en la medida que no se explicita el territorio específico en el que se realizará la extracción.

“Resulta que esta licitación que establece la extracción de 400 mil toneladas de litio, que es un volumen muy grande, ni siquiera dice cuál es el salar, o sea esta licitación se la gana una empresa con una cuota de extracción supongamos las 80 mil toneladas, que es el monto máximo que se puede postular por cuota, resulta que la empresa puede decir ‘mire yo quiero explotar el litio en el salar de Tara’ y va al salar y empieza a perforar y sacar litio, agua y otros minerales y por eso puede generar un colapso ambiental, entonces acá se está generando una situación de desnacionalización, de privatización pero además un agravamiento de todos los rasgos negativos del modelo económico extractivista”.  

Las decisiones de este orden deben ser adoptadas de la forma más democrática posible, aseveró el diputado, siendo el proceso de redacción de la nueva Constitución la instancia adecuada para zanjar esta materia. Es así que el proyecto presentado va en la línea de suspender a partir del 5 de enero cualquier licitación o contrato que realice el Gobierno para explotar el litio hasta que se promulgue la nueva Carta Fundamental para efectos de respetar la voluntad soberana de la nación, sostuvo.

“Se promulgará la nueva Constitución con el plebiscito de salida y con ese texto en mano el Gobierno que esté, en este caso de Gabriel Boric, decide en base a los principios de la nueva Constitución, si se hace una licitación o creamos una empresa estatal o creamos una empresa mixta o no tocamos el litio y lo dejamos tal como está y pueden haber más opciones. Pero lo lógico y lo coherente de una política pública es que esté relacionada con el mayor acto democrático de la historia republicana de un país como es escribir una nueva Constitución”.

En ese sentido Núñez cuestiona las motivaciones del presidente Piñera para iniciar este proceso de licitación en consideración a que el Gobierno va de salida. Algo que el parlamentario asume como una pretensión por “asegurar el negocio a trasnacionales y a empresas de propiedad de súper ricos de Chile” generando “devastación ambiental” antes que la nueva Constitución disponga una prohibición.

Dos miradas del debate

Algunos argumentos que ha esgrimido el ministro Jobet en defensa del proceso han apuntado a que otros países con posesión del lito se estarían aventajando en el mercado internacional y que por otro lado, las 400 mil toneladas en licitación representarían aproximadamente un cuatro por ciento de toda la producción de litio que tiene el país. Estas afirmaciones fueron desestimadas por Daniel Núñez, explicando que en el debate existen dos perspectivas, una primera, a la que adscribe el Gobierno, implica explotar este recurso a destajo, criticó.

“Esa es la lógica de Jobet. Si Argentina explota 300 mil toneladas, Chile tiene que explotar 600 mil, somos el doble de poderosos y productores comparados con Argentina, con Australia que son los grandes productores, Bolivia que se incorporó ahora (…) Esa mirada es absolutamente miope pero además ignorante de lo que es el litio“, sostuvo apuntando a que la extracción implica inherentemente un daño al medioambiente.

“El litio consta de un material no metálico que está en un fluido, no está en una roca, está en un salar y está junto con el agua, junto con azufre, potasio, con otros minerales por lo tanto cuando yo saco litio por ejemplo voy a extraer 5 mil toneladas de litio, para eso extraigo una gran cantidad de agua, azufre y otros minerales que se pierden y daño ecosistemas”.

En consideración a lo anterior es que se esgrime otra mirada que es secundada por el parlamentario, que radica en extraer poco litio para provocar el menor daño ambiental y que junto eso, se incorpore un valor agregado para que “uno sea parte de la cadena de valor del litio”, sostuvo. 

“Lo más importante del litio no es extraer litio y venderlo como salmuera, lo importante del lito es extraerlo, procesarlo en Chile y hacer cadenas de valor de las industrias asociadas al litio que es la electromovilidad y también los acumuladores de energía particularmente renovables que es una tendencia mundial muy potente y eso es lo que hizo Bolivia que es muy interesante. Bolivia nos ganó en esto, empezó a explotar el litio en un solo salar, en acuerdo con una transnacional, en este caso Alemana, incorporaron tecnología y han llegado a tener hoy día ya una fábrica de baterías para energías renovables en base a litio y eso lo hicieron como política de Estado que es todo lo contrario a lo que está haciendo Jobet”, criticó.

Lo propio podría hacer el Estado de Chile, sostiene Núñez, en la medida que se podrían producir baterías para autos eléctricos para importarlas a los países de la región con potentes industrias automovilísticas como lo son Argentina y Brasil. De ese modo existiría una política en torno al litio con perspectiva de desarrollo nacional que permitiría la creación de empleos y la innovación tecnológica.

Empresa Nacional del Litio

La creación de una empresa estatal que se asocie con distintos capitales y empresas de alta tecnología, que haga una explotación incorporando el valor agregado, con el compromiso de generar industrias innovadoras en el país asociadas a la industria del litio, es a juicio de Núñez el único camino posible para abordar el manejo del recurso.

Es así que la generación de una Empresa Nacional del Litio está contemplada en el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, que ha sido una materia en la que se ha discutido largamente, indicó. Bajo su parecer, a esto incluso se debería agregar una exigencia a las dos empresas que hoy explotan litio en el salar de Atacama, Abermale y SQM para que cumplan con los convenios que tienen con la Corfo, “porque además ambas están en litigio”, recalcó.

“A ambas empresas que se les dijo ‘usted tiene que producir un litio con mayor valor agregado’ que viene siendo cátodo a tasas de la salmuera, que es lo básico, al cátodo que ya es un poquito más de valor agregado y se agregó, y va a vender ese litio a empresas que se instalen en Chile para generar innovación más barato, hasta eso estas empresas han cuestionado. Entonces aquí claramente hay un modelo de privatización del litio que nos lleva a esta desnacionalización y que apuesta por la explotación a destajo produciendo un saqueo y un daño ambiental y eso nosotros no lo vamos a tolerar”.

En esa línea subrayó el hecho de que la licitación del gobierno otorga 30 años a las empresas para cumplir con la normativa ambiental, un plazo escandaloso a juicio del parlamentario cuyas repercusiones se agravan considerando la falta de rigurosidad de la institucionalidad ambiental del país.

“Que se rechace un proyecto es una cosa histórica, no tenemos casi precedentes en el último tiempo de proyectos que por resorte de la institucionalidad hayan sido rechazados. Se han cerrado proyectos emblemáticos por la presión ciudadana, Pascua Lama, las represas en la Patagonia, HidroAysén pero eso no fue por la institucionalidad ambiental, fue por la presión ciudadana. Entonces lamentablemente hoy día cuando una empresa pide permisos ambientales, en el 90 por ciento de los casos, termina sacándolo aun cuando se demore y ellos tienen 29 años para sacar esos permisos ambientales entonces claramente aquí se le dan condiciones a las empresas para que se instalen, se apropien de los salares con el argumento de explotar el litio, se apropian del agua, porque el Código de Minería te permite apropiarte del agua cuando haces una faena minera y más encima pueden explotar otros minerales como azufre, potasio, magnesio y otros que están asociados a la salmuera del litio”, denunció.