Establecer un Estado Social y Democrático de Derechos es el objetivo que persigue la propuesta de norma constitucional denominada “Servicios Públicos universales y de calidad y política fiscal universal y justa para la garantía de derechos sociales” que busca conseguir 15 mil firmas para que sea debatida en el seno de la Convención Constituyente.
La idea es establecer un sistema que asegure la entrega de servicios públicos a toda la gente y que permita además garantizar los derechos sociales que se espera queden establecidos en la futura constitución política del Estado.
Valentina Contreras, representante en Chile de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, explicó que se trata generar un nuevo sistema que permita superar las inequidades que desembocaron en el estallido social de octubre de 2019.
“Básicamente la unión de la sociedad civil, los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones internacionales, nos estamos haciendo cargo de la forma en que los derechos sociales se hacen realidad en la vida de las personas. Queremos conectar los derechos humanos con los servicios públicos con la política fiscal para que estos dos tengan como objetivo final implementar derechos sociales”, precisó Contreras.
La iniciativa precisa que en caso de riesgo las personas pueden recurrir a los tribunales de justicia para hacer exigibles estos derechos sociales, además de generar mecanismos de participación y transparencia para asegurar su responsabilidad y confiabilidad hacia la población.
“El efecto de esta norma y de esta propuesta es que más allá del catálogo de derechos que incluye la Constitución, que confiamos va a incluir todos los derechos sociales, necesitamos dispositivos para garantizar, es decir, llevar a la práctica estos derechos”, subraya la representante.
Contreras agregó que “de esta manera, nuestra propuesta se encuadra en que los servicios públicos y la política fiscal al servicio de los derechos humanos puedan lograr este efecto y concretar vidas dignas para todas las personas en Chile. En el fondo lo que estamos haciendo es proponer una forma para que los derechos humanos no se queden sólo en el papel”.
Entre las organizaciones que impulsan la iniciativa, además de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, están la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, la Internacional de Servicios Públicas, las asociaciones de funcionarios y empleados del Servicio de Impuestos Internos y del Poder Judicial, la Red Ciudadana para la Justicia Tributaria y Fiscal en Chile y la Fundación Ciudadanía Inteligente, entre otras.
La iniciativa de norma N° 18.202 se puede encontrar aquí.
