La jornada del lunes, en conversación con medios de comunicación internacionales, el Presidente Gabriel Boric aseguró que “vamos a cumplir nuestro compromiso de ratificar el Tratado de Escazú”, y adelantó que “estamos viendo temas de agenda para coordinar con los ministerios responsables, pero sí puedo asegurar que va ser durante marzo. Por lo tanto, para la próxima COP 27, Chile va estar íntegramente en Escazú”.

Mientras que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, a través de sus redes sociales, aseguró que “desde que el Presidente Gabriel Boric nos nombró como ministras, junto a la canciller Antonia Urrejola, hemos trabajado arduamente para que Chile adhiera al Acuerdo de Escazú y así dar un gran paso en educación, justicia y democracia ambiental”

El objetivo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es facilitar el acceso a la información pública y promover la participación ciudadana en políticas medio ambientales del continente. Sin embargo, el Acuerdo de Escazú fue rechazado por el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera que, entre sus justificaciones, aseguraba que contenía “ambigüedades” en algunas normas que “prevalecerían sobre la legislación interna”, provocando confusión jurídica que podría terminar en demandas internacionales.

No obstante para el abogado, ex Subsecretario de Relaciones Exteriores y actual profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Edgardo Riveros, la postura de la anterior presidencia era injustificada ya que el Acuerdo de Escazú no interfiere con la política interna de los países que lo ratifican.

“Creo que la argumentación dada por el ex Presidente Sebastián Piñera y por su ministro de Relaciones Exteriores no tuvieron sustento porque el Acuerdo de Escazú es un tratado que complementa, no restringe la soberanía de los estados y, por el contrario, los coloca en una perspectiva tan importante como la cooperación internacional en un tema de particular relevancia como es el medio ambiente”, aseguró.

Edgardo Riveros

Además, Riveros destacó que este gran acuerdo regional tuvo a Chile como uno de sus principales impulsores, cuando comenzó a discutirse como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible realizada en 2012, y luego de la Decisión de Santiago, adoptada por 24 países en el año 2014. En ese sentido, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores criticó el rechazo por parte de la segunda Administración de Sebastián Piñera.

“Que Chile ni siquiera haya firmado el Acuerdo de Escazú es algo que, indudablemente, constituye un pendiente para nuestro país. Si el Presidente Gabriel Boric toma la decisión de firmarlo y luego solicitar la aprobación al Congreso, está cumpliendo con un proceso del cual Chile no debió haberse apartado”, reconoció Edgardo Riveros, mientras que el director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, aseguró que, a su juicio, el rechazo en un sector del gobierno de Sebastián Piñera y su coalición se produjo por el impacto que el Acuerdo de Escazú tendría en la ciudadanía en relación a la soberanía de las decisiones ambientales.

“La soberanía es con las personas que habitan en Chile, y la gran diferencia que existe entre que los estándares de Escazú operen y que no operen es cuánto de la decisión, frente a cuestiones ambientales, va a estar radicada en el Gobierno central y cuánta de esa decisión pasará por la opinión de ciudadanos y ciudadanas en los distintos lugares donde se quieran llevar a cabo proyectos que tengan impacto ambiental”, expuso el profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

Desde la participación ciudadana en el resguardo medio ambiental, Ezio Costa sostuvo que los cuatro puntos fundamentales del Acuerdo de Escazú son muy importantes para efectos de pensar en una democracia ambiental y en una clara idea de gobierno ecológico, como lo planteó la actual Administración antes de llegar al Palacio de La Moneda.

“El Acuerdo de Escazú se trata de cuatro cosas en materia medio ambiental: de establecer garantías para la participación ciudadana en materia medio ambiental, de generar estándares para el acceso a la información pública en materia ambiental, de asegurar el derecho de acceso a la justicia en materia medio ambiental y, por último, propiciar las formas por las cuales se puede proteger a las defensoras y defensores ambientales”, detalló.

Ezio Costa

En ese sentido, Costa explicó que las personas que habitan los territorios del país son “las que tienen que tener un decir en cómo de gestiona el medio ambiente donde habitan”. Sin embargo, actualmente esa injerencia ciudadana es muy leve, porque “la decisión se toma desde la centralidad del poder económico y político del Estado y, por tanto, las personas son invisibilizadas o tomadas menos en cuenta de lo que, a mi juicio, a nuestro juicio (como ONG FIMA) y a juicio del Acuerdo de Escazú, debieran ser tomadas en cuenta”.

Desde FIMA y otras organizaciones de protección medio ambiental manifestaron estar expectantes ante la gestión de la actual Administración en esta materia, ya que la ratificación del Acuerdo de Escazú fue una de las promesas de campaña del actual Presidente, Gabriel Boric. “Por lo que nosotros entendemos, se va a adherir al Acuerdo y será una de las medidas a las que se comprometió de manera más inmediata con la entrada de este nuevo Gobierno”, aseguró Costa.

Y es que el hecho de que Chile adhiera al Acuerdo de Escazú, que debe ser aprobado por ambas Cámaras del Congreso Nacional y ratificado por el Presidente de la República, significará un aumento de los estándares del marco legal que permitirá la protección de los derechos en materia medio ambiental. En ese contexto, será muy probable una tramitación de nuevas iniciativas parlamentarias en ambas Cámaras que establezcan en detalle la ejecución de nuevos estándares relacionados al Tratado.

En esa línea, Ezio Costa destacó que la ratificación del Acuerdo de Escazú generó una red internacional de los países que ya lo firmaron, por lo que la eventual aprobación por parte del Estado de Chile significará “que nos subimos a un carro de evolución del derecho ambiental y es súper necesario que estemos ahí”.