Recibió siete votos a favor, uno más que el diputado Cristián Labbé, diferencia suficiente para que la otrora presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, asumiera la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados.

“Porto en mi pecho la foto de mi suegro Jaime Donato, detenido y desaparecido el 5 de mayo de 1976, y la foto de mi padre (Waldo Pizarro) que desapareció el 15 de diciembre de 1976, cuando yo tenía diez años. Yo tengo ahora 56 años y esa pregunta de dónde están sigue vigente y lo quiero decir porque esa es la razón de mi lucha y de mi presencia acá, y la lucha de tantas y tantos”, expresó Pizarro en un sentido discurso ante sus colegas al asumir su cargo.

En conversación con nuestro medio, la parlamentaria comunista destacó su rol en la comisión afirmando que más allá de su persona, su presidencia es la expresión de mucha gente que ha entregado sus vidas a la lucha por la verdad y la justicia.

En ese sentido señaló que pese a la adversidad y la complicidad de autoridades incluso al interior del Congreso con las violaciones a los derechos humanos, es la calle, la protesta social la que ha llegado a disputar espacios en un escenario tan “ingrato” como lo ha sido el Parlamento.

Según Pizarro, se debe entender que el respeto a los derechos humanos pasa, fundamentalmente, por la justicia social y ese debe ser el fin de la comisión que preside.

“La cancha de la verdad y la justicia y la no impunidad de los crímenes de la dictadura cívico-militar, así como de los actuales, el entender que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de una situación que transversaliza la vida de las personas y que está centrada, fundamentalmente, en la justicia social, en el derecho a vivir en un país que nos devuelva la dignidad y esto tiene que estar en el centro sin relativizaciones. Para mí y para la bancada que represento es muy importante entender esto primordial para la comisión que presido”, sostuvo la histórica dirigenta del organismo humanitario y hoy parlamentaria.

Un tema en boga desde hace ya bastante tiempo es la liberación de los llamados presos políticos de la revuelta, exigencia con la que Pizarro se mostró totalmente de acuerdo. Según sus palabras, liberar a quienes fueron encarcelados en el contexto de la protesta social es una señal que el país debe dar para garantizar que no se seguirán aceptando violaciones a los derechos humanos.

“La prisión política es a lo que recurre, entre las muchas formas de violación de los derechos humanos, los gobiernos y los poderes económicos para controlar el clamor popular que pide mayor justicia social, que pide vivir en mejor condición y calidad de vida. La prisión política es eso, es una forma de prisión social. No solo es el tema la libertad de las presas y presos políticos, va más allá, tiene que ver con que la libertad de ellas y ellos es una señal de que no aceptamos que la represión y la violación sistemática de los derechos humanos sea la lógica de gobernanza en el país”, comentó.

Otro tema sensible es el conflicto que se vive en la macrozona sur entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Al respecto, Lorena Pizarro llamó a dejar de violar los derechos fundamentales de quienes viven en la zona, sector militarizado y donde ya se cuentan decenas de comuneros asesinados estando en democracia.

Para la legisladora, las demandas del pueblo mapuche deben ser, de una vez por todas, resueltas dejando de lado los intereses empresariales en la zona.

“La demanda del Wallmapu, la demanda del pueblo mapuche es un tema que debe enfrentarse. No podemos seguir naturalizando lo que sucede en el Wallmapu, ese nivel de maltrato, de violencia. Es allí donde se evidencia el poder del gran capital sobre un pueblo nación que ha demandado que sean devuelta sus tierras, pero también que sean respetados con su diversidad y su multiculturalidad”, finalizó.